A dos años de la aprobación del impuesto del dos por ciento a las gasolinas, diputadas del PAN, solicitaron al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregue un informe detallado sobre la recaudación y gestión de los recursos obtenidos por la aplicación de dicho gravamen.

Del mismo modo, piden a la Auditoría Superior de la Federación hacer una revisión a los ingresos por la aplicación del impuesto del 2 por ciento a las gasolinas en las entidades federativas y municipios correspondientes en el ejercicio fiscal 2008.

Las diputadas Dolores María del Carmen Parra Jiménez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Adriana Dávila Fernández denunciaron que este gravamen debió de haber empezado a instrumentarse en enero de 2008.

Pero conforme al informe de finanzas públicas, que emitió el titular de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Manuel Pérez Porrúa, las entidades al primer trimestre del año 2008, “no habían recaudado un peso porque no habían terminado de adecuar sus sistemas”.

A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, subrayaron que la SHCP indicó que en el primer mes de ese impuesto los gobiernos locales obtuvieron cerca de 267 millones de pesos por concepto de recaudación.

Colima, el Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, México, Puebla y Sinaloa eran las únicas administraciones locales que hasta el mes de abril de 2008 no registraban ingresos por el impuesto de 2 por ciento a las gasolinas.

Parra Jiménez y Dávila Fernández manifestaron que dicho gravamen sería destinado exclusivamente a infraestructura vial, rural, urbana, hidráulica, así como a programas ambientales y de movilidad.

Recordaron que la gasolina es uno de los recursos energéticos de mayor relevancia que da movilidad y son parte intrínseca de las actividades sociales y económicas de los habitantes de México y el mundo.

De ahí la importancia de que el Ejecutivo Federal entregue un informe detallado sobre la recaudación y gestión de los recursos obtenidos por la aplicación del impuesto del 2 por ciento a gasolinas, y que la Auditoría Superior de la Federación haga una revisión a dichos ingresos percibidos.

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