La problemática agraria y la lucha por la tenencia de la tierra en la zona lacandona ocasionan no sólo conflictos sociales, sino problemas ambientales que amenazan áreas naturales protegidas, como la reserva de la biosfera de Montes Azules, advirtieron representantes de Bienes Comunales.

En el foro La problemática de la Zona Lacandona, el diputado Ramón Ceja Romero, presidente de la Comisión, dijo que la solución del problema no es tarea de una sola dependencia: “debemos coordinar esfuerzos, tareas y recursos en corresponsabilidad con la comunidad para atender la demanda de tierras”.

Agregó que en congruencia con este objetivo, se realizó el foro para que sirva como detonante de una nueva etapa para salvar la selva y promover la seguridad jurídica, el desarrollo y la justicia social en esta región.

En el evento, Fernando Gabriel Montoya, representante de Bienes Comunales de la zona lacandona, señaló que el problema agrario-ambiental dentro de reservas también se traduce en problemas sociales, pues se han perdido por resoluciones presidenciales y asentamientos irregulares, aproximadamente 170 mil hectáreas de la superficie de la zona.

“En ese territorio se sigue dando una fuerte lucha social por la tenencia de la tierra y, como consecuencia, la devastación de macizos selváticos”, agregó.

“Dadas las múltiples invasiones que se han dado dentro de los bienes comunales de la zona lacandona, el panorama es incierto para su territorio y para las reservas ecológicas que se han creado dentro.

“Una de las más perjudicadas es la reserva de la biosfera de Montes Azules, creada originalmente con 331 mil 200 hectáreas, de las cuales el 70 por ciento están dentro de los bienes comunales. Esta reserva es rica en biodiversidad, agua, minerales de gran importancia nacional y mundial”, añadió.

Esta área fue creada para la conservación restringiéndose el establecimiento de asentamientos humanos, pero nunca se ha cumplido, pues dentro de la reserva, la creación de la Reforma Agraria ha decretado un sinnúmero de éstos, violentando las leyes, enfatizó.

“En el territorio de la biosfera se han dado catástrofes ecológicas, con todos los permisos otorgados para la extracción de maderas preciosas (caoba y cedro)”, advirtió.

En tanto, el director general de operación regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, David Gutiérrez Carbonel, subrayó que con estos antecedentes se ofrece un panorama incierto para el territorio de la zona lacandona y las áreas naturales protegidas que ahí se encuentran; una de las más perjudicadas es la reserva de la biosfera de Montes Azules, dijo.

“La problemática agraria ha contagiado a la ambiental y esto no nos ha permitido avanzar en los programas de desarrollo social y de apoyo a la comunidad”, subrayó.

“Independientemente que nosotros tengamos la responsabilidad de la conservación de estas áreas protegidas, si no lo hacemos con los propietarios de la tierra, con las personas que viven ahí, si no damos alternativas de desarrollo no vamos a continuar con la conservación de dichas áreas”.

Por su parte, la directora general y delegada fiduciaria del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), Maribel Méndez de Lara, aseguró que la tenencia de la tierra y el derecho de propiedad prácticamente están en su etapa final, “nos quedan muy pocos asuntos por resolver”.

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