• Gonzalo Hernández, titular del Coneval, se reunió con diputados de la Comisión de Desarrollo Social

Ante la Comisión de Desarrollo Social, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, señaló que derivado de la crisis económica del primer semestre de 2009 y el aumento en los precios de la canasta básica, los índices de pobreza podrían incrementarse.

En la presentación del “informe relativo a las cifras de pobreza por ingreso 2008”, dijo que en ese año la pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones de personas, y representan familias cuyo ingreso no les alcanza para comprar un mínimo de calorías para una subsistencia diaria.

Mencionó que de los pobres alimentarios en 2008, 7.2 millones habitaban en zonas urbanas (localidades de 15 mil o más habitantes), mientras que 12.2 millones residían en el área rural, y que entre 2006 y 2008, el porcentaje en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento

Hernández Licona subrayó que en ese año, las personas en condición de pobreza de patrimonio se incrementaron de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento, por lo que 50.6 millones de mexicanos eran pobres de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público.

En tanto, el presidente de la Comisión, diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, indicó que los niveles de pobreza alimentaria se incrementaron, pues pasaron de los 14 a casi 20 millones de mexicanos.

Del mismo modo, abundó que creció cerca de seis millones los mexicanos que viven en condiciones de pobreza patrimonial, mientras que de capacidades se pasó de 44 millones y medio, a casi 50 y medio millones.

Subrayó que a la LXI Legislatura se le hará entrega de cada uno de estos informes, con el propósito de que se tomen las medidas pertinentes que no permitan disminuir recursos a programas sociales, y por la otra, hacer un esfuerzo complementario para darle integralidad, es decir, tener menos, pero mejores programas hacia los grupos más vulnerables.

Olivares Ventura se pronunció por seguir impulsando programas que garanticen el apoyo y abasto alimentario, como Liconsa, Diconsa, apoyo alimentario a zonas de atención prioritaria, así como proyectos que generen infraestructura social en las zonas más pobres.

A su vez, el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN) mencionó que los resultados derivados de la crisis internacional que hoy se está viviendo en materia de pobreza serán muy dolorosos en los próximos años.

Hoy se ha comprobado, añadió, que la delincuencia organizada y el narcotráfico están yendo a reclutar a gente en las colonias urbanas y zonas rurales de bajos ingresos.

“Desafortunadamente ese contraste de ganar 300 pesos por sembrar maíz o ganar cinco mil pesos por sembrar marihuana o cuidar a algún laboratorio es desafortunadamente una realidad que no se puede soslayar o simplificar, diciendo que éstos entraron a la delincuencia porque son delincuentes”.

Mencionó que ese panorama se deriva de que hay 50 millones de personas en pobreza, más la situación del petróleo y la caída de las remesas. “Todas esas cuestiones podrían presentarse en los próximos cinco años; es necesario trabajar al respecto”.

En tanto, los diputados del PRD, Ana Yurixi Leyva Piñón y Víctor Gabriel Varela López señalaron que es muy grave que los índices de pobreza hayan crecido y que la política pública en el Gobierno federal “hiciera como que no pasa nada”.

Leyva Piñón puntualizó que este Gobierno no se ha preocupado por crear mecanismos de protección para que, poco a poco, se vaya construyendo un verdadero acceso universal a los derechos fundamentales.

Mencionó que en el marco de la actual crisis y con los resultados que presentan, la pobreza del país volvió a aumentar. “Lo hemos estado reiterando: el tipo de política económica no está acorde con el tipo de política social. Están totalmente desarticuladas. Son excluyentes y generadoras de desigualdad y de extrema pobreza”.

Varela López se manifestó a favor de que se le dé autonomía al Coneval, con el objeto de que sea un órgano totalmente ajeno al Ejecutivo para que todas esas mediciones sean un reflejo de la realidad y no un cúmulo de buenos deseos.

Añadió que no es posible que cada día aumente más el número de pobres y la alta burocracia crezca con miles de millones de pesos que implican gastos, y “si se quitan creo que nadie se va a morir ni se acaba el mundo y ni le pasa nada al país; es un llamado de atención al Gobierno para que reoriente las cosas”.

En su primera intervención, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, abundó que entre 2000 y 2008, la incidencia de la pobreza de patrimonio y de la pobreza alimentaria se redujo 6.2 y 5.9 puntos porcentuales, respectivamente, lo cual se traduce en una reducción de 2.1 y 4.2 millones de personas pobres de patrimonio y alimentarios, respectivamente.

Mientras que para el periodo 1992-2008, la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.1% a 47.4% y la alimentaria de 21.4% a 18.2%. A pesar de ello, se incrementó en 4.5 millones el número de personas pobres de patrimonio y en 880 mil el número de pobres alimentarios.

Dijo que hubo una disminución del porcentaje de hogares en viviendas con piso de tierra en el 20 por ciento más pobre de la población, el cual pasó de 22.3 por ciento, en 2006 a 18.9 por ciento, en 2008 (una reducción de 170 mil hogares), lo que representa una disminución de 3.4 puntos porcentuales.

En tanto que, a escala nacional, la inasistencia escolar entre las niñas y los niños entre 8 y 12 años de edad se redujo de 1992 a 2008 de 5.1 a 2.1 por ciento. Asimismo, en el 20 por ciento más pobre de la población la inasistencia escolar disminuyó de 8.9 a 3.4 por ciento (136 mil personas), lo que ha traído consigo una disminución de las brechas en este indicador educativo.

Por lo que respecta a los indicadores de protección social, indicó que desde 1992 no ha incrementado la derechohabiencia de la población en las instituciones formales de seguridad social (IMSS, ISSSTE), pero sin embargo, se observa una reducción en el porcentaje de personas de 65 años o más que no reciben pensión.

Añade que en 1992, en el 20 por ciento de la población más pobre del país, el 94.1 por ciento de las personas de 65 años no trabajaba y no recibía pensión; este porcentaje se redujo a 90.8 por ciento (890 mil personas) en 2006, y a 70.2 por ciento (738 mil personas) en 2008.

También participaron los diputados del PRD, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Sergio Hernández Hernández y Miguel Ángel Peña Sánchez.

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