Diputados del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, con el objetivo de eliminar el régimen de consolidación fiscal y que el Congreso de la Unión tenga acceso al secreto fiscal.

En la exposición de motivos, el diputado Mario di Costanzo Armenta señaló que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales, mismos que se benefician de manera indebida y en detrimento de una mejor recaudación federal.

“Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza, en perjuicio de los sectores de mayor rezago social”.

Mencionó que de acuerdo con informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en 2008, 13 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de registrar ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 830 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 55 mil 780 millones de pesos, lo que representó en promedio sólo el 4.9 por ciento de sus ingresos.

Sin embargo, los impuestos diferidos alcanzaron 114 mil millones de pesos, que significa que, debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas le entregaron al fisco, este último les permitió "diferir" en promedio 4.2 pesos.

Dijo que un ejemplo de estos beneficios fue la devolución de 23 mil 562 millones de pesos en créditos fiscales a Cemex, lo que le permitió reportar utilidades por 2 mil 323 millones de pesos. En tanto que Pemex, que tuvo ventas por 1 billón 328 mil 950 millones de pesos, debió entregar al fisco 771 mil 701 millones de pesos, además de que reportó una pérdida en su operación.

Di Costanzo refirió que en la iniciativa se propone también modificar el impuesto definitivo y del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades considerando el porcentaje vigente del ISR corporativo, así como las deducciones de los donativos y reglas de control de campañas de redondeo.

De manera adicional, dijo, se propone que el Congreso de la Unión tenga acceso al llamado secreto fiscal, como un instrumento de apoyo y complemento a las tareas de fiscalización de los recursos públicos. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reforma a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Asimismo, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, propuso, a través de una iniciativa, reformar el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que los ejecutores del gasto público estén obligados a tomar medidas de austeridad.

La propuesta sugiere la eliminación de gastos en servicios personales, seguros de gastos médicos, reducción de direcciones generales adjuntas, pago de telefonía celular, compra de vehículos y prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, así como gastos de comunicación social y administrativos no vinculados a la atención a la población.

Añade que los ahorros generados deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a la inversión en educación, ciencia y tecnología. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Crear un Sistema para el Reconocimiento y Valoración de la Discapacidad

En tanto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adicionar una fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, con el fin de crear un Sistema para el Reconocimiento y Valoración de la Discapacidad. Asimismo, para que la Secretaría de Salud otorgue un certificado de discapacidad permanente.

La pretensión de dicho certificado es que sirva como una herramienta para registrar, actualizar, valorar, calificar y canalizar a toda persona con discapacidad, y que lo requiera, a las instituciones correspondientes, a fin de contribuir lo mejor posible a su integración social y productiva del país.

La diputada Margarita Suárez González mencionó en tribuna, que a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente no se tienen datos confiables y actualizados acerca de la población con discapacidad, debido entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad.

Señaló que de acuerdo con el INEGI, el 2.3 por ciento de la población, equivalente a 2 millones 300 mil habitantes, sufren alguna discapacidad severa, muchos de los cuales no aparecen en las estadísticas nacionales o internacionales, quedando soslayados y al margen de todo beneficio de los programas sociales vigentes.

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud.

El presidente de la Mesa Directiva, Francisco Javier Ramírez Acuña giró instrucciones para que las iniciativas presentadas ante el Pleno se conserven en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integran las comisiones respectivas.

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