• Están recluidas en el penal femenil de San José el Alto, Querétaro

La Cámara de Diputados solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñú, presas en el Cereso femenil de San José el Alto, Querétaro.

En el transcurso de la sesión, el Pleno camaral avaló un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a través del cual se solicitó a la PGR que a la mayor brevedad y en estricto apego a la ley, presente las conclusiones no acusatorias a las que el Ministerio Público de la Federación está obligado, al constatar, dentro de la causa penal seguida en contra de las procesadas, que existe duda razonable respecto a la responsabilidad penal del delito que se les imputa.

Asimismo, la Cámara de Diputados exhortó a la autoridad federal a que analice la procedencia de mecanismos de reparación del daño a favor de las indígenas.

Al hacer uso de la palabra, los diputados del PRI, Narcedalia Ramírez Pineda y Héctor Pedraza Olguín, coincidieron en que este caso provocó un escándalo internacional e indignación en muchos sectores de la opinión pública.

“Seguramente son estas presiones las que han obligado a la PGR a declarar que presentará conclusiones no acusatorias y retirará los cargos en contra de Jacinta, ignorando a Alberta Alcántara y Teresa González. Sin embargo, esto no es suficiente: ha habido delito policial y hay que dejarlo en evidencia. Han inducido a la justicia, con falsos testimonios, a cometer una injusticia”, dijo la diputada Ramírez Pineda.

Ambos legisladores solicitaron a la PGR que retire todos los cargos contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González y se les indemnice debidamente.

En tanto, las diputadas Florentina Rosario Morales y Leticia Quezada Contreras, del PRD, exhortaron al Gobierno de la República a dar libertad inmediata a las tres procesadas.

Rosario Morales consideró que es sumamente preocupante que el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro haya concedido fuerza probatoria a los testimonios de los agentes, y que desde la averiguación previa hayan fungido como ofendidos, a pesar de sus contradicciones, imprecisiones e incongruencias y que con base en estas probanzas se haya privado de su libertad y condenado a Jacinta Francisco.

Solicitaron se dé celeridad jurídica al asunto a fin de dar libertad inmediata a Jacinta Francisco Marcial y se repare el daño ocasionado; asimismo, se inicie una investigación sobre la conducta de los agentes federales en los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 y funcionarios públicos que llevaron el proceso jurídico, con el objeto de corroborar que hayan procedido en sus acciones conforme a la ley y en estricto apego de derecho.

Las diputadas Adriana Fuentes Cortés y Rosi Orozco, del PAN, manifestaron su apoyo para que Jacinta Francisco Marcial recobre su libertad y se reincorpore a la vida social en las mejores condiciones.

“Hoy, más que nunca, resulta necesario que la mujer indígena no sea vista simplemente como víctima de los múltiples retos y adversidades, sino como agente y promotora de cambio en todos los niveles”, dijo Fuentes Cortés.

Señaló que el caso es una clara muestra de la situación vulnerable de los indígenas ante el sistema judicial, lo cual se suma a la persistente discriminación y exclusión de que son objeto en otras áreas como la salud y la educación.
Mencionó Rosi Orozco que la liberación no significa que se le haya hecho justicia a Jacinta. El Estado está obligado a reparar el daño causado y a tener las mismas consideraciones con Teresa González y Alberta Alcántara.

En este sentido, Acción Nacional solicitó se analice la procedencia del mecanismo para la reparación del daño; se adopten medidas simbólicas o emblemáticas para la víctima con impacto en su comunidad y entorno social; se establezcan y ejecuten garantías de no repetición y se dé seguimiento al cumplimiento de estas medidas.

La diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) dijo que la situación jurídica que enfrentan Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González es un claro ejemplo de la ineficacia del sistema de procuración y administración de justicia en México y muestra contundente de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas.

“Los pronunciamientos externados por este caso visibilizan las injusticias que se cometen en perjuicio de quienes, por su identidad étnica, género o situación económica, viven en condiciones de marginalidad y discriminación”.

Jaime Cárdenas Gracia (PT) refirió que no solamente se debe excarcelar a las procesadas, sino que es necesaria la reparación del daño y la exigencia de responsabilidades a los que usaron el aparato del Estado para suprimir derechos fundamentales.

Es evidente, dijo, que se violó casi todo el catálogo de garantías individuales previstas en nuestra Constitución; “entre otros, el artículo 1º, el cual prohíbe la discriminación, así como los artículos 14, 16 y 20”.

En tribuna, los legisladores recordaron que el pasado 26 de marzo de 2006, durante un operativo policiaco en el tianguis de Santiago Mexquititlán, comunidad ñahñú del sur de Querétaro, bajo el argumento del combate a la piratería, un grupo de policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que no acreditaron su condición de manera oficial, ocasionaron daños, lo que provocó el malestar de los vendedores.

Sin embargo, los agentes presentaron su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, en la que afirmaban que habían sido secuestrados durante varias horas por personas que estaban protestando en la plaza central de Santiago Mexquititlán.

Por estos hechos, el 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas y condenadas.

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