A fin de que se incrementen sustancialmente los recursos del sector educativo en el Presupuesto de Egresos 2010, “que permitan mejorar la cobertura y calidad de este importante rubro”, el diputado Héctor Franco López (PRI) presentó un punto de acuerdo.

La propuesta presentada durante la sesión de hoy solicita a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se recorte el presupuesto aprobado por esta Cámara de Diputados a la educación superior en el ejercicio de 2009.

El diputado Franco López indicó que como parte de la solución a la crisis que enfrenta el país se ha planteado recortar los recursos a la educación pública superior, “aun cuando el presupuesto nunca ha sido suficiente ni el necesario para alcanzar la inversión mínima recomendada por los organismos internacionales en la materia”.

En los tres años de la pasada Legislatura, se lograron ampliaciones presupuestales por 21 mil 774 millones de pesos, producto de la conciencia acerca de la importancia de la educación superior. “México necesita más recursos para la universidad pública en 2010; ni un peso menos a la educación”, enfatizó.

Signaron la propuesta los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Eviel Pérez Magaña y José Trinidad Padilla López, del PRI, y la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del PRD.

Infraestructura educativa

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere mayores recursos para el Programa Mejores Escuelas, así como para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el apartado infraestructura educativa básica y superior en el programa 2010.

“En el marco de la calidad por la educación se identificaron 27 mil planteles en condiciones físicas malas, muy malas y pésimas, lo que refleja que el programa aún tiene una gran tarea, la cual se debe apoyar desde el Poder Legislativo en la medida de las posibilidades”.

Dijo que la infraestructura escolar en México presenta rezagos y deterioros, sobre todo en comunidades marginadas, lo que coloca a las niñas, niños y adolescentes en una situación de desventaja y dificulta el ejercicio de su derecho a la educación.

Para lograr que los espacios educativos cumplan con su función esencial de ser recintos apropiados para la enseñanza y aprendizaje, apuntó, es necesario utilizar los recursos asignados al sector y canalizarlos a la infraestructura de las escuelas que más lo necesitan.

Ambas propuestas se enviaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Simplificar reglas de operación del PEC

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), a fin de garantizar que los recursos se entreguen de acuerdo con los ciclos de producción y se simplifiquen los mecanismos y trámites.

Plantea hacer las modificaciones para evitar la complejidad de las reglas vigentes, además de difundir el PEC y los programas que lo integran, entre la población rural del país.

Asimismo, incluir a todos los productores rurales, en particular a los que residen en zonas de alta y muy alta marginalidad y lograr que sean accesibles los requisitos para ser beneficiarios; establecer procedimientos de asignación del presupuesto que garanticen su canalización a la producción de básicos y estratégicos para coadyuvar al logro de la soberanía alimentaria.

Velázquez Esquivel consideró que para proteger al país de los efectos de la crisis se debe fortalecer la producción de alimentos y utilizar a plenitud el PEC, que no ha cumplido con uno de sus principales objetivos: disminuir la pobreza de los productores.

La propuesta fue suscrita por los diputados Rigoberto Salgado Vázquez y Vidal Llerenas Morales, del PRD, así como por Cruz López Aguilar, del PRI. Se remitió a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Reglas de operación hidroagrícolas 2010

La diputada Leticia Robles Colín (PRD) pidió exhortar al Ejecutivo, a través de la Conagua, a establecer en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, aplicables al 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores o gobiernos locales.

Asimismo, un componente máximo de inversión no mayor al 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.

Pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el marco de discusión del paquete económico de 2010, integre en el decreto correspondiente un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales en los distintos Programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Los numerales uno y dos del exhorto se turnaron a la Comisión de Recursos Hidráulicos, mientras que el tercero se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Recorte presupuestal municipal

El diputado Francisco Jiménez Merino (PRI) propuso un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a establecer procedimientos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC.

El legislador explicó que de esa forma se podría encontrar solución a los problemas que conlleva el recorte presupuestal del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal. “Esta disminución en las participaciones en algunos casos alcanza hasta 60 por ciento, lo que ha generado inconformidad en los alcaldes, pues se ha advertido del riesgo de caer en la inoperancia municipal”.

Recalcó que las participaciones federales, que representan sólo 18.5 por ciento de la recaudación federal, tienen como propósito buscar el fortalecimiento fiscal y financiero de los gobiernos estatales y municipales, por lo que debe evitarse la disminución, debido que “se corre el riesgo de caer en la ingobernabilidad”. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los puntos de acuerdo se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo hasta la instalación de las comisiones.

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