Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia fijaron posicionamientos sobre los recientes cambios en dependencias de la Administración Pública Federal, particularmente en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en la Procuraduría General de la República (PGR), y en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al iniciar las posturas, el diputado Jorge Romero Romero (PRI) señaló que el anuncio de ayer del titular del Ejecutivo Federal sorprende, pues sólo se dieron tres cambios.

Subrayó que no se debaten las facultades para renovar y designar funcionarios, pero sí es necesario pedirle al titular del Ejecutivo Federal haga algunas aclaraciones, particularmente en el sector agricultura, ya que la remoción parece tardía.

Respecto a Pemex, dijo que se requiere de un cambio de rumbo, pues se han dado en completa opacidad incidentes como el declive en una plataforma petrolera, atentados, robo y contrabando, pero a la fecha no se sabe qué pasó. “Nos preocupa que por ineficiencia e ineficacia se dio una caída de la producción petrolera, principal fuente de ingresos del Gobierno federal”.

Cuestionó si el cambio en la Procuraduría General de la República (PGR) obedeció a las diferencias con el secretario de Seguridad Pública o a un desempeño ineficiente. “Queremos saber del Ejecutivo cuál batalla perdió el procurador, contra el crimen organizado o contra el secretario García Luna”.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva (PAN) aseguró que estos nombramientos tendrían que dar resultados, “pero las medidas de los cambios no van solas; el llamado es para todos”.

Señaló que es necesario que el Congreso envíe un mensaje al pueblo de México; “¿Vamos por lo de fondo, vamos a poner los puntos sobre las íes o no? Estos cambios tendrían que dar resultados pero las medidas de cambio no van solas, el llamado es para todos”.

Indicó que trabajar en el sector público debe ser significado de servicio y no de privilegios, por lo que se ha buscado la reducción de estructuras de gobierno y de gasto en muchos conceptos, así como de ingresos de altos funcionarios e invitó a todas las fracciones a hacer lo mismo.

Jesús Ramírez Rangel (PAN) puntualizó que hoy el país espera soluciones de la Cámara de Diputados y responder a los retos que se plantearon en el pasado proceso electoral.

“México espera saber si habremos de colaborar para facilitar y fortalecer el trabajo de los nuevos funcionarios”, advirtió.

Por el PRD, Arturo Santana Alfaro aseveró que “el país se encuentra al borde del colapso económico y político; hay más de 70 millones de pobres en el país y algo tenemos que hacer en esta Legislatura para coadyuvar en la gobernabilidad de México y evitar el estallido social”.

Dijo que la escalada de violencia que afecta al país ha arrojado más de 15 mil muertes ligadas a enfrentamientos y venganzas del crimen organizado “que requieren de nuestra atención pronta y expedita; tenemos que modificar el sistema normativo para castigar e inhibir a la delincuencia”.

Propuso la comparecencia inmediata del procurador que apruebe el Senado para conocer sus líneas de acción contra la delincuencia y en favor de la tranquilidad y estabilidad nacional, pues “grupos paramilitares como los Zetas, La Familia o los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez, han llegado al grado no sólo de envenenar a los mexicanos, sino que se ha constituido en una empresa de extorsión, chantaje y muerte a nivel nacional”.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) cuestionó la designación de Arturo Chávez Chávez, ya que dijo que cuenta con antecedentes que ponen en entredicho su capacidad y trayectoria, dado que fue procurador en el estado de Chihuahua.

“¿Cómo es posible ratificar a una persona con tal perfil, cuya falta de capacidad derivó en la impunidad de crímenes de mujeres y niñas”?, aseveró.

Adriana Sarur Torre (PVEM) exigió que los nuevos funcionarios superen los obstáculos que impiden alcanzar el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental, eficaz y legítima.

El titular de la PGR que apruebe el Senado se enfrentará al escrutinio de una opinión pública nacional que espera resultados positivos de las políticas de confrontación a grupos delictivos, además de la disminución del clima de inseguridad y violencia que mantienen con sentimientos de vulnerabilidad a la ciudadanía, advirtió.
Por lo que hace al nuevo titular de Pemex, indicó que deberá atender las dificultades derivadas de la disminución de las reservas petroleras, y asegurar la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo, mientras que en Sagarpa, se deberán transparentar los programas sectoriales y establecer medidas de solución para la producción agroalimentaria deficitaria, así como el establecimiento de una política pública que considere los efectos del cambio climático.

Por el PT, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún mencionó que dichos cambios parecen ser más de lo mismo. “En el caso de la Sagarpa, es gris e inocuo; para Pemex, es riesgoso, y aún puede resultar más peligroso el del procurador”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que los cambios anunciados por el Ejecutivo demuestran que “su desprecio por el Legislativo es tan grande, que quiere desaparecer secretarías sin reformar la Ley de la Administración Pública Federal”.

Sobre los nuevos funcionarios, dijo que Francisco Mayorga Castañeda fue acusado por la Auditoría Superior de la Federación por manejar de manera irregular 200 millones de pesos. Dijo que Juan José Suárez Coppel tiene la función de liquidar Pemex y ha sido acusado de otorgar contratos en tráfico de influencia por cientos de millones de pesos.

Por lo que hace a Arturo Chávez Chávez, propuesto para ocupar la PGR, fue subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal y negociador con la APPO en Oaxaca, “un represor encubierto, justificador de asesinatos de mujeres, permitió la impunidad, prefabricó delitos e hizo tropelía y media en la Procuraduría de Chihuahua, y hoy se suma para fomentar la corrupción e ineficacia”.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (Nueva Alianza) indicó que el anuncio de relevos en el gabinete y la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, parecen ser buenas señales, ya que se ve en esos cambios una oportunidad para rectificar e imprimir una dinámica que fortalezca a las instituciones.

“Ha sido evidente que la procuración de justicia, la política para el campo y la transformación de Pemex son aún sectores que muestran rezagos inaceptables; nuestra obligación es pugnar para un cambio muy necesario”.

Puntualizó que se espera que dichos movimientos no signifiquen sólo un cambio de titulares y que junto con la desaparición de las secretarías se dé paso a una nueva era, a una transformación que signifique un golpe de timón en estos sectores tan estratégicos para la nación.

Finalmente, Laura Arizméndi Campos (Convergencia) señaló que dichos cambios responden a una falta de resultados satisfactorios en la aplicación de los programas, la grave crisis económica, la incertidumbre en materia de seguridad pública y el alarmante incremento en el desempleo.

A la luz de estas decisiones en el Gobierno federal, dijo, es necesario preguntarse por qué en estos momentos estos cambios, sobre todo en aéreas estratégicas. “Será el reconocimiento del Ejecutivo Federal a la incompetencia de los funcionarios que salen”.

En mi partido, abundó, “no estamos en contra de renovar posiciones y asumir nuevas posturas, pero sí vemos en esos cambios una falta de coordinación y de respeto del Ejecutivo Federal hacia el Poder Legislativo, ya que estamos ante la antesala de las comparencias de los funcionarios con el desglose del Tercer Informe de Gobierno”.

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