A fin de crear un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad que otorgue a las personas con capacidades diferentes acceso pleno a sus derechos cuando se dirijan a realizar algún trámite ante dependencias gubernamentales, la diputada Laura Suárez González (PAN) propuso reformas a la Ley General de Salud.

Con este documento podrán acceder a los beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programas y servicios de salud, educación, empleo, participación en la comunidad, adquisición de vivienda, transporte, prestaciones económicas, apoyos personales y reducciones de impuestos.

La legisladora explicó que ante la poca cultura de respeto a las personas con capacidades diferentes y la falta de estadísticas nacionales, este grupo queda soslayado y al margen de todo beneficio de los programas sociales vigentes.

“No se sabe con exactitud, sobre todo en el interior de la República, datos esenciales como el tipo de enfermedad, edad, sexo, ocupación y nivel educativo de las personas con discapacidad”.

Es necesario, agregó, contar con un documento uniforme en el país que les sirva como identificación de sus padecimientos que sea similar a la credencial de elector, que contenga los datos de cada persona: nombre, domicilio, sexo, fecha y lugar de nacimiento, así como su tipo y grado de discapacidad; éste deberá estar avalado por especialistas.

Suárez González externó que este sistema de reconocimiento, valoración y calificación de las discapacidades traerá, en consecuencia, la protección del Estado, brindándoles beneficios, como el acceso a los servicios de salud.

Precisó que dicho certificado servirá para agilizar cualquier trámite que la persona requiera, como derecho a un trabajo digno, acceso a escuelas y universidades públicas, becas de educación especial, ingreso a centros específicos, transporte público con descuento, pensión alimenticia, vivienda protegida y rehabilitación en centros especializados.

Resaltó que la expedición será gratuita, ágil, especializada, estandarizada y eficiente. Además, con los datos obtenidos la SS podrá proporcionar información confiable y actualizada a institutos como el INEGI y demás instituciones educativas, culturales y organizaciones interesadas en el tema de investigación.

“Con el manejo de esta información, sin duda alguna, se lograrán grandes avances en lo referente a la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones, quedando no solamente en el discurso político, la pretensión de satisfacer las necesidades de la población sino ahora en adelante contará con cifras, estudios y estadísticas precisas lo que conllevará a una oportuna y rápida atención”, añadió.

Al leer la iniciativa que reforma también la Ley General de Personas con Discapacidad, la legisladora puntualizó que los certificados serían expedidos a través del Sistema para el Reconocimiento y Valoración de la Discapacidad, que sería regulado por la Secretaría de Salud. “dicha dependencia podrá emitir la clasificación nacional de discapacidades y el certificado de reconocimiento y calificación correspondiente”.

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