La Cámara de Diputados analizará una iniciativa del Ejecutivo Federal para que el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, conocido también como Seguro Popular, se transforme de un esquema familiar a uno en el que los recursos se canalicen a las entidades federativas, con base en las personas afiliadas.

Dicho cambio, señala el documento, permitiría avanzar hacia la cobertura universal de la salud, “ya que con los mismos recursos asignados sería posible integrar a una mayor cantidad de personas. Esta situación no representa impacto negativo en las contribuciones del sistema, ni para sus beneficiarios”.

También busca establecer que el Gobierno Federal cubra anualmente la cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, a través de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo monto será determinado en el Reglamento de la Ley General de Salud.

Resalta que el promedio de número de integrantes en cada entidad federativa es diferente, por lo que existe una desigualdad en la distribución de recursos, ya que el financiamiento se realiza por familia afiliada sin considerar el número de miembros que tenga cada una de ellas.

“Hay entidades a las que se les asignan recursos por familia afiliada al Sistema de Protección Social en Salud para cubrir a 2.43 integrantes, siendo que en otros estados se les asignan para cubrir a 4.36 personas por familia, lo que provoca un desequilibrio a nivel estatal en el sistema”, subraya.

En este sentido, y a seis años de evolución del sistema, se hace necesario replantear el modelo de financiamiento para transitar de un esquema familiar a uno personal, a fin de fortalecer el principio actuarial de equidad, es decir, calcular y transferir las primas del Seguro Popular de acuerdo al riesgo que cada persona representa y a la siniestralidad registrada por cada asegurado.

Puntualiza que el esquema de financiamiento actual no ha privilegiado los apoyos que reciben las entidades federativas con una mayor marginación o una mayor población, ya que es una realidad que las familias que viven en entidades con mayor proporción de población que habita en zonas semiurbanas, rurales de mayor concentración indígena, tienen más miembros por familia en comparación de las que viven en zonas urbanas, donde el promedio de miembros es menor al nacional.

La modificación al esquema financiero, enfatiza, tiene la ventaja de que los recursos se canalizarían de manera más equitativa, ya que estarían asociados a las personas, lo que permitirá destinarlos hacia aquellas entidades que tienen más miembros por familia, lo que a su vez garantizaría una mejor suficiencia de recursos para la prestación de servicios de salud.

La iniciativa plantea reformas a los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud. Fue turnada a la Comisión de Salud por el Pleno de la Cámara de Diputados.
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