Durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, los diferentes grupos parlamentarios que integran la LXI Legislatura preguntaron sobre lucha contra el crimen organizado y la participación del Ejército; estrategia de seguridad; migración y combate a la corrupción, entre otros temas.

PRI

El diputado Héctor Ramírez Puga Leyva dijo que su grupo parlamentario apoya la lucha en contra del crimen organizado, “pero ésta no puede ser el pretexto para vulnerar la soberanía de estados y municipios, a quienes se les debe involucrar en el combate de esos delitos”.

Argumentó que la falta de diálogo y coordinación con los estados y municipios se ha traducido por momentos en autoritarismo, lo que vulnera la relación de respeto que debe existir en la toma de decisiones entre ambas partes.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, externó que el Gobierno federal ha actuado en coordinación con autoridades estatales y municipales en la generación de operativos contra el crimen organizado, “en su gran mayoría solicitados por las propias instancias locales”.

Afirmó que el Ejecutivo busca consolidar políticas de seguridad como de Estado, “así ha trabajado en Michoacán, Chihuahua, Durango y en otras partes de la República”.

PAN

El diputado Gastón Luken Garza expresó que en el avance hacia la democracia se han dado nuevos mecanismos para resolver controversias, concretar reformas y encontrar coincidencias, “todas al margen de las prácticas autoritarias y ajenas a un México moderno”.

“La sociedad nos demanda llegar a acuerdos; el Congreso es el espacio natural para el debate, la crítica y el intercambio de ideas; por encima de esto, debe ser el espacio de diálogo constructivo a fin de llegar a acuerdos que le urgen a la Nación: urge menos rollos y más resultados”.

El titular de la Segob puntualizó que el diálogo y el debate honrado y honesto son un mecanismo y una exigencia de la política. “A México le urge reconstruir la confianza dentro de los actores políticos y le urgen debates honestos que no pasen por mezquinos, la ciudadanía exige de nosotros buena fe y talento”.

Dijo que es en el marco de las instituciones donde se manejan diferencias y conflictos, así como donde se construyen los consensos sobre los cuales puede alcanzarse el bienestar general. “El Gobierno federal hará su parte y estaremos pendientes de las exigencias”.

PRD

El diputado Agustín Guerrero Castillo indicó que los resultados son negativos en todos los rubros: empleo, seguridad, desarrollo social y en el fortalecimiento de la vida democrática. “Ante la incapacidad en cualquier trabajo a uno le piden su renuncia, pero coincido en que es válido y necesario un debate sobre el futuro del país”.

Dijo que se ha sumido al país en un banco de sangre, ya que en tres años es de 14 mil muertos el saldo en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. “Frente a este panorama se convoca a presentar una propuesta que busque el bienestar de la sociedad”.

Gómez Mont afirmó que hoy en México existen las condiciones para procesar las diferencias y los conflictos propios de una sociedad política y dinámica en términos de las instituciones existentes, “eso no quiere decir que sea una panacea”.

“A la luz del ciclo histórico que vive el país, como el hecho de cumplir 200 años como nación independiente y cien años de procesos de la modernización de la vida política, hago un llamado a representar a México y a sus instituciones desde esa vía”, señaló.

PVEM

En tanto, el diputado Diego Guerrero Rubio cuestionó al funcionario sobre los motivos por los cuales la Segob no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, considerando que las metas y plazos fueron conocidos antes de suscribirlo.

Preguntó sobre qué garantías se espera de que no se le dé un mal uso a la base de datos que se genere por motivo de la Cédula de Identidad.

El funcionario precisó que cuando el Estado actúa con el apoyo de las principales fuerzas políticas y se elaboran leyes para ser más eficientes, éste siempre prevalece frente a los poderes de facto. “Se trata de una cuestión de esfuerzos constitucionales, los cuales estamos dando desde los distintos ámbitos de gobierno”.

La curva de la violencia en las organizaciones criminales, abundó, no puede sostenerse por más tiempo. “Estoy convencido de que los incentivos para incorporarse a éstas son cada vez menores y en la medida en que se puedan generar esquemas de desarrollo de crecimiento económico, las organizaciones criminales acabarán cayendo por su propio peso”.

PT

Por su parte, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza cuestionó que para la atención de los trabajadores migratorios en Estados Unidos, de 1942 a 1964, sólo se hayan propuesto 300 millones de pesos para el próximo año, mientras que para la Cédula de Identidad la dependencia plantea una erogación de mil 138 millones de pesos.

Recordó que la pasada legislatura acordó un fideicomiso y legisló para otorgar un apoyo de 38 mil pesos a cada ex bracero, pero el 29 de junio se cambiaron las reglas de operación y en lugar de pagarles el dinero en una sola exhibición se los quieren pagar en 10 años. “Los ex braceros, que son octogenarios, tendrían que vivir hasta el 2019 para recibir la parte que les corresponde”.
Fernando Gómez Mont enfatizó que el Ejecutivo no es ajeno a la problemática de los ex braceros. Anunció que en este año se ejercerán 700 millones de pesos autorizados por el Congreso, para lo cual se revisan los expedientes de las personas que se inscribieron, a fin de que tengan acceso a este beneficio.

Respecto a la Cédula de Identidad, dijo que es un instrumento que no es capricho de este Gobierno” sino un mandato constitucional; “nació de una discusión democrática entre las fuerzas políticas para transparentar la vida del país”.

Nueva Alianza

En su turno, la diputada María del Pilar Torre Canales dijo que es intolerable que “tengamos que vivir con temor, que existan entidades federativas, municipios y regiones en las que el Estado está rebasado por la presencia de la delincuencia”.

Refirió que el Banco Mundial calificó a México en indicadores de estabilidad política y ausencia de violencia por debajo del Congo y Serbia, países que han sufrido guerras internas durante varios años.

Preguntó: ¿Por qué se ha limitado la estrategia de combate a la inseguridad al uso de los medios coercitivos del Estado?

En respuesta, el secretario de Gobernación aseguró que la estrategia de seguridad no sólo está vinculada a la reacción por medio de la fuerza a las agresiones del crimen organizado. “No se equivoquen, la violencia tapa, muchas veces, otras acciones de estados, municipios y federación que van a las causas que la provocan”.

Afirmó que en las últimas semanas se ha hecho patente la estrategia de algunas organizaciones criminales para vulnerar las políticas de prevención de adicciones y advirtió que los jóvenes son “la fuerza de trabajo que le tenemos que disputar a las organizaciones criminales”.

Convergencia

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, interrogó respecto a cuáles son las cifras que reportan los delitos de género, ya que “en México mueren diariamente 30 mujeres por causas asociadas a la violencia, según el INEGI”.

Dónde están los resultados de los que habla el informe, para la pronta localización de mujeres y niños reportados como desaparecidos, en Ciudad Juárez, Estado de México y en otros estados del país, subrayó.
Al respecto, el secretario Gómez Mont señaló que la violencia contra las mujeres en muchos estados viene por patrones culturales, por lo que se requiere ahondar en los mecanismos de prevención de orden pedagógico, cultural y económico que eviten que un patrón cultural machista, violento y discriminador se perpetúe en el país.

Además, exige una respuesta institucional de contención, para que asuman sus consecuencias quienes la comenten.

Precisó que se trabaja con gobiernos de los estados de México, Veracruz, Baja California, Guerrero y Michoacán, donde se ha presentado un aumento de casos de violencia contra las mujeres.

Segunda ronda
PRI

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente manifestó que con la cédula de identidad, independiente al costo que representaría, “estamos a punto de abrir una caja de pandora donde los datos personales estarían expuestos ante el flagelo que vivimos por el crimen organizado; se parece demasiado a una ficha delincuencial”.

Dijo que si este documento sustituyera a la credencial de elector “regresaría el control del registro electoral al Gobierno”. La diputada preguntó al funcionario sobre las gestiones que el Ejecutivo realiza con Estados Unidos para resolver el problema migratorio.

En el último tema, el secretario de Gobernación confió en que a principios del próximo año se pueda avanzar en una reforma migratoria. “No nos toca intervenir en la decisiones soberanas de otros países como nosotros no aceptamos que intervengan en las nuestras, pero sí exigimos el respeto fundamental de los derechos humanos de nuestros connacionales”.

PAN

En su oportunidad, la diputada María Dolores Del Río Sánchez señaló que en los últimos 9 años los poderes Legislativo y Judicial han asumido su responsabilidad constitucional, dando vigencia plena al régimen de equilibrio en el ejercicio del poder y los gobiernos locales han emergido como actores políticos de primera importancia.

Cuestionó cómo es posible consolidar la participación de ciudadanía e instituciones democráticas en el ámbito local, qué políticas aplican para arraigar el combate a la corrupción e impunidad, donde por desgracia los gobiernos locales representan el mayor foco rojo.

En respuesta, el funcionario indicó que se debe fortalecer la autonomía e independencia de los poderes judiciales estatales. Es necesario, añadió, contar con poderes judiciales más creíbles y de maneras más aceleradas, transparentes que generen certidumbres para resolver controversias.

PRD

La diputada Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, cuestionó qué ha hecho la Segob para impedir el establecimiento de 16 entidades de la legislación que suprime la libertad de las mujeres para interrumpir el embarazo.

Criticó que la Segob ha puesto por delante convicciones religiosas que no tienen cabida en un estado laico y democrático. “Usted está obligado a hacer todos los esfuerzos para defender y promover los derechos de las mujeres”.

Al responder, Gómez Mont señaló que la dependencia a su cargo impulsa mecanismos para favorecer y propiciar la equidad de género; señaló que la discriminación por género atenta contra el ser nacional “y no es tolerado, permitido, propiciado desde el gobierno federal”; reconoció que ésta es una tarea pendiente que pasa por una lucha política y cultural.

PVEM

El diputado Alejandro Carabias Icaza preguntó sobre la situación que guarda el proyecto del confinamiento de residuos sólidos de Zimapán, Hidalgo. Dijo que de acuerdo con datos oficiales, el país genera más de 8 mil 400 millones de toneladas de residuos sólidos peligrosos cada año y que de esta cantidad, 420 mil toneladas necesitan confinarse en sitios habilitados para ello.

El funcionario respondió que el proyecto se vio paralizado porque el cabildo de Zimapán decidió revocar las autorizaciones que ya había dado, pese a las inversiones considerables. “La Segob intervino para buscar conciliar, con el fin de que se respeten los acuerdos y las inversiones que ya cuentan con las autorizaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal”.

PT

El diputado Gerardo Fernández Noroña refirió que en abril de este año, Human Rigths Watch entregó un informe que acredita 17 violaciones graves, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas sin que haya un solo soldado detenido o juzgado.

El secretario Fernando Gómez Mont, dijo en respuesta que Human Rights Watch ha reconocido que frente a la situación que vive el país se justifica la intervención de las fuerzas armadas y los altos funcionarios de ese organismo no han cuestionado la decisión del presidente Felipe Calderón.

Nueva Alianza

La diputada Cora Pinedo Alonso urgió implementar acciones que garanticen la preservación del Ejército como una de las instituciones más apreciadas y con mayor credibilidad en la sociedad mexicana; “su actuar en el crimen organizado debe ser temporal”.

Al respecto, Gómez Mont Urueta explicó que la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada se dará cuando los cuerpos de seguridad pública sean depurados y cuenten con personal bien capacitado.

“El Congreso tiene la obligación de establecer la prioridad para concretar una verdadera reconstrucción institucional, con la asignación de recursos suficientes, aun en momentos difíciles”.

Convergencia

A su vez, el diputado Pedro Jiménez León dijo que la impunidad sigue siendo el gran obstáculo para que los ciudadanos encuentren respuesta a sus demandas de seguridad y de justicia.

Manifestó que la ciudadanía no encuentra vías de participación directa, no hay referéndum, plebiscito, ni revocación de mandato; es importante que el ciudadano vuelva a ser el eje y el centro de la política.

El titular de Segob aseguró que es necesario avanzar en la Reforma del Estado. El Gobierno federal hará todos los esfuerzos para consolidar los espacios para que esas reformas puedan ser discutidas y asumidas; “no hay temas tabú, la agenda está abierta en temas como la reelección de los legisladores o reducción de los miembros de la Cámara”.

Tercera Ronda
PRI

En una tercera ronda, el diputado Arturo Zamora Jiménez subrayó que es alarmante el estado de violencia, inseguridad e impunidad que se vive en el país. “Manifestamos nuestro interés en fortalecer las instituciones y los instrumentos jurídicos que consoliden la prevención de delito incorporando en la agenda legislativa las reformas jurídicas-penales-constitucionales que garanticen un auténtico Estado de derecho”.

Gómez Mont dijo que cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde para garantizar la seguridad pública. “Debe ser un tema de Estado, ya que descuidarla amenaza la integridad de las instituciones. “Refrendo mi compromiso con los gobernadores y los presidentes municipales a que juntos planteemos una salida a esta violencia, no pueden competir por quién cumple más o menos con la seguridad sino que deben concurrir para consolidarla”.

PAN

El diputado Javier Corral Jurado felicitó al secretario de Gobernación por su desempeño. Es la hora de asumir el imperativo de combatir intereses creados y romper inercias. “El PAN ha formulado aquí una invitación a todos para retomar los trabajos de la Reforma del Estado: tomemos los diez puntos del Ejecutivo federal como guía precisa para conducir un replanteamiento de la política y un reforzamiento del Estado”.
El funcionario precisó que en un momento en el cual se van a cumplir 200 años de la Independencia y el centenario de la Revolución, el Ejecutivo Federal “convocó a recuperar la capacidad de conciliación y de acuerdos para construir las decisiones fundamentales que deben orientar la edificación del futuro inmediato del país”.

PRD

El diputado Martín García Avilés consideró que al enviar el tercer informe del estado general que guarda la administración pública y no presentarlo ante el Congreso, el Presidente no cumplió con la obligación establecida en el artículo 69 constitucional.

Señaló que “este hecho no legitima la rendición de cuentas a la que el Presidente de la República está obligado y aseguró que había condiciones políticas y disposición de los partidos para que el informe fuera presentado por el titular del Ejecutivo.

En respuesta, Gómez Mont acotó que “el sistema político decidió transformar el formato” para presentar el informe presidencial porque era una de las razones de cambiar la relaciones entre el Ejecutivo federal y Congreso. “No hay afán de lesionar o despreciar el orden republicano”, enfatizó.

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