Con el propósito de fortalecer los mecanismos de control parlamentario que permitan un auténtico equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes federales, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) propondrá crear la Comisión para la Reforma y Vigilancia del Poder Público.
La iniciativa, que adiciona la fracción XXXIII al artículo 39, y un numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, busca actualizar las leyes, normas, reglamentos y acuerdos que garanticen que la actuación de los órganos del supremo poder de la federación se ajuste a lo dictado en la Constitución Política.

Plantea que con la nueva comisión se establecería un medio de control para detectar irregularidades, como subejercicios y desvío de recursos públicos en momentos de crisis, “cuando lo que se requiere es oportunidad y eficacia en la aplicación de las distintas partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

La propuesta pretende revisar y renovar la legislación de fondo y darle al poder público un aire nuevo. “La reforma del poder público es imprescindible para lograr su eficacia y su eficiencia, para promover el desarrollo nacional con libertad, igualdad y justicia social.

En el documento se indica que el Congreso de la Unión, y en particular la Cámara de Diputados, debe disponer de una Ley Orgánica actualizada y de un reglamento de debates que responda a la conformación y a las exigencias contemporáneas.

Igualmente, señala que la normatividad que regula el desempeño del Poder Ejecutivo “deja mucho qué desear”, pues no cumple con la Ley de Planeación, Presupuesto y Cuenta Pública, y se da manga ancha para que el Ejecutivo disponga del presupuesto que anualmente otorga, en un acto de profundo sentido republicano, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Subraya que el Ejecutivo inventa las reglas de operación para aplicar los recursos; transfiere de una partida autorizada a fideicomisos importantes montos presupuestales; crea plazas con salarios estratosféricos que aportan canonjías, seguros médicos y protecciones privadas a sus altos mandos “sin que pase más que por el autoritarismo de quien dicta esas disposiciones y sin importar el mal uso del dinero público, que debiera de dejarse a otras cuestiones prioritarias para la ciudadanía”.

Por lo que hace al Poder Judicial, indica la propuesta que “al final de cada ejercicio se destina hasta el último sobrante que pueda quedar del presupuesto autorizado, en improvisadas compras, estímulos, compensaciones y otros gastos, para evitar un subejercicio que impida que al año siguiente disminuya el volumen de recursos que solicita”.

Concluye que “si la rendición de cuentas es un asunto muy delicado, de igual magnitud es el abuso, exceso o falta de regulación que aclare ante los ciudadanos lo que el poder, así en términos generales, hace o debiera de hacer para cumplir con su cometido esencial".
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