• Homologar leyes de los estados, imprescindible para enfrentarlo, una de las conclusiones

Durante el Foro para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialistas y diputadas coincidieron en que se requieren diseñar políticas para la protección a las víctimas de este delito, así como homologar los marcos jurídicos en los estados de la República.

Al respecto, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Teresa Ochoa Mejía expresó que el Congreso debe trabajar para erradicar este tipo de prácticas; “hay que revisar y modificar los vacíos legales en diversos temas, como el laboral, derechos humanos y equidad de género”.

Destacó que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, cada año un millón de hombres, mujeres, niñas y niños son engañados, vendidos, coaccionados y sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud, bajo distintas formas y en diversos sectores.

“En la construcción, la maquila, la agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros”.

Añadió que según el Informe Anual Sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, anualmente entre 600 mil y 800 mil personas cruzan la frontera internacional como víctimas de trata; el 80 por ciento son mujeres y niñas.

Ochoa Mejia externó que en nuestro país no existe una cultura de protección integral a la víctima de este delito; “al contrario, en muchos casos es juzgada como migrante irregular. Es por ello que se requiere promover la cooperación para prevenir y combatir, de manera más eficaz, la delincuencia organizada transnacional”.

Refirió que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el total estimado de personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata es de dos millones 450 mil, el 56 por ciento son mujeres y niñas; asimismo, en el caso de explotación sexual, el 98 por ciento es ocupado por estos grupos.

Por su parte, la diputada Rosi Orozco (PAN) dijo que un país que aspira a ejercer una verdadera democracia no puede permitir prácticas que violen los derechos humanos, como la trata de personas.

Explicó que México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes son las principales víctimas.

Hizo un llamado a emprender acciones para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad; además, recomendó impulsar campañas nacionales de concientización para prevenir a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y consecuencias de la trata.

“Solamente a través del trabajo conjunto entre la sociedad civil, las autoridades competentes y el Congreso de la Unión se podrá revertir la actual situación”.

En su oportunidad, la directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Ángeles Corte Ríos, resaltó que en los últimos años el delito de trata de personas ha ido en aumento, “debido a que es muy lucrativo; estudios señalan que será el negocio ilegal número uno en el mundo”.

Es necesario, dijo, fortalecer la legislación vigente en la materia, a fin de castigar a los autores por la vía penal y civil; también se requiere elaborar material de difusión e impulsar campañas informativas, en especial en las zonas fronterizas y de alta movilidad migratoria.

La directora del Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas en México (USAID), Gabriela Saavedra García, pidió revisar la actual legislación y modificar los distintos marcos jurídicos. “No es sólo el Código Penal, hay que revisar diversas leyes, como la del Trabajo”.

Argumentó que si la trata de personas es el tercer negocio ilícito en el mundo, con posibilidad de llegar a ser el primero, es porque estamos formado parte de ese proceso de oferta y demanda.

En los estados de la República, agregó, existen una serie de lineamientos en torno al tema, pero se han hecho de manera individual; no hay homologación en el tipo penal y eso en ocasiones dificulta la coordinación entre autoridades para el combate.

A su vez, Mauricio Farah Gebara, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ahondó que la trata existe en todos los países, “126 de ellos son de origen, 98 de tránsito y 136 de destino; México cumple con esas tres características”.

Precisó que nuestro país carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para describir con precisión las dimensiones y el alcance del delito de trata de personas, “sin éste no se puede combatir eficazmente a quienes delinquen”.

Subrayó que la necesidad de lograr la homologación del marco jurídico nacional en la materia es una medida imprescindible para avanzar sólidamente en cuanto a la prevención y el combate de este delito.

“Hasta la fecha, 21 entidades federativas han realizado reformas para tipificar el delito de trata y sólo dos de los 21 estados cuentan con leyes específicas, las cuales incluyen acciones de prevención, protección y asistencia a las víctimas”.

Es urgente, enfatizó, homologar los marcos jurídicos, debido a que, por una parte, implican vacíos que pueden ser capitalizados por la delincuencia para procurar su impunidad y, por otra, se cierra la posibilidad de actuar en materia de prevención y atención.

Isabel Miranda de Wallace, representante de la sociedad civil, declaró que para revertir este tipo de actos se requiere de autoridades libres de corrupción y que el Congreso modifique el actual marco legal.

“Un país que se niega a la verdad nunca podrá cambiar porque no sabe dónde está parado”, sentenció.

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