La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, dos iniciativas; una, para reformar la Ley del Seguro Social en sus artículos 202, 203, 204 y 213 con el fin de garantizar la seguridad de los infantes en las guarderías y ponderar la transparencia en el manejo de la subrogación.

En tribuna, la legisladora destacó que el duelo por los niños de la guardería de Sonora tiene que ser redimido con un profundo reclamo al Estado para que se responsabilice de sus tareas fundamentales. “No puede dejar sin protección a los niños, ni dejar de cumplir a la sociedad para garantizarle los derechos básicos que se establecen en la Constitución y en las diversas leyes”.

Hace varios años, dijo, el IMSS inició un proceso de privatización y depauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se optó por disminuir el presupuesto por infante e iniciar el proceso de subrogación.

“Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el promedio mensual de costo de atención por niño en las guarderías operadas por el IMSS es de 3 mil 781 pesos y, en las subrogadas, de mil 627. Estas guarderías son operadas como negocio y tienen que dejar utilidades, pese a que la Ley del Seguro Social sólo permite, según especifica el artículo 213, que la subrogación o reversión de cuotas se realice con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos cuando éstas reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas”.

La diputada Diva Hadamira refirió que de acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas por la ASF en 2002, 2003 y 2005, es evidente la falta de calidad de los servicios y de seguridad básica en las edificaciones.
Actualmente, abundó, existen mil 417 guarderías subrogadas. “La lista de sus propietarios llama la atención y habla de una falta inaceptable de control y de transparencia. Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no había un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos 201 a 204”. Se envió a la Comisión de Seguridad Social.

Impartición de enseñanza especial

Otra de ellas, suscrita también por los legisladores Óscar Lara Salazar y Germán Contreras García, del mismo grupo parlamentario, es para reformar la Ley General de Educación en su artículo 9º.

El fin es incluir, como parte de la responsabilidad del Estado, la impartición de la educación destinada a alumnos con necesidades especiales por sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La propuesta se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Proponen Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica

Con objeto de garantizar el ejercicio del derecho de réplica en los medios de comunicación, según lo establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Carta Magna, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó una iniciativa para crear la ley reglamentaria en la materia.

Señaló que dicha ley establecería que el derecho de réplica podrá ser ejercido por toda persona física, moral o por cualquier grupo social, cuando los mensajes de los medios den a conocer información inexacta, incompleta, falsa o discriminatoria causando agravios políticos, económicos, sociales, o en el honor, vida privada e imagen de las personas y grupos.

Se envió a la Comisión de Gobernación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ampliar facultades a la Condusef

En su oportunidad, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) planteó reformas a los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, para fortalecer las facultades de la Condusef y pueda representar, individualmente o en grupo, ante una controversia con las instituciones financieras.

Con esta reforma, la Condusef podría requerir a las instituciones financieras medidas que combatan, detengan, modifiquen o eviten prácticas que lesionen los intereses de los usuarios o afecten el sano desarrollo del sistema financiero.

Además podrá ser observadora del cumplimiento de las tasas de interés y comisiones máximas que el Banco de México establezca, en caso de que no exista competencia efectiva, y deberá denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento en la materia. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Obligación, presentar ante el Pleno el Informe presidencial

Más adelante, el diputado David Hernández Vallín, del grupo parlamentario del PRI, planteó modificar el Artículo 69 de la Constitución a fin de establecer como obligación del Presidente de la República asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio y dar cuenta del estado que guarda la administración pública, así como entregar por escrito a esta soberanía un informe detallado de su gestión.

“No se trata de volver al pasado con actos faraónicos, incluso ofensivos y dispendiosos, donde el exhibicionismo y el besamanos de los lacayunos fuera lo importante, sino de fortalecer la vida democrática y parlamentaria de la República y que los legisladores tengamos la oportunidad de discutir, debatir y dialogar con el Presidente de cara a la nación los temas sustanciales para el país”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Más recursos a estados y municipios por peaje

A su vez, el diputado Francisco Saracho Navarro (PRI) presentó una iniciativa de reformas al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de ampliar el porcentaje de participación de la federación de 25 a 50 por ciento del total de los ingresos por operación los puentes de peaje.

Dijo que ante las nuevas realidades y paradigmas de la reforma del Estado debe ser prioritaria la distribución de estos ingresos para fortalecer a los estados y municipios.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos enteró a la Tesorería 335.3 millones de pesos que entregó a los estados y municipios, lo cual representó 3.4 por ciento menos a lo autorizado de 347.2 millones de pesos. La disminución se explica, según este informe, porque bajaron los ingresos de los puentes nacionales e internacionales, por el ajuste de las tarifas de peaje a partir del 20 de diciembre de 2007. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Servicio profesional de carrera en el GDF

Enseguida, la diputada Gabriela Cuevas Barrón (PAN) propuso reformas al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para implantar el servicio profesional de carrera, como uno de los principios estratégicos que deban observar los órganos de gobierno de la capital del país.

Señaló que de la aplicacióndel servicio profesional de carrera en la totalidad de los órganos de gobierno del D.F. dependerá la transformación del servicio público.

Se busca, además, eliminar el principio de "echando a perder se aprende" y desterrar el concepto “de que el gobierno es un botín político, un espacio de posiciones para acomodar a los amigos, familiares o incondicionales”. Se remitió a la Comisión del Distrito Federal.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados giró la instrucción para que en tanto se integran las comisiones, las iniciativas presentadas permanezcan en la Dirección General de Procesos Legislativos.

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