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Boletín N°. 0091 Endurecer sanciones en aduanas para detener tráfico de armas: diputado Hugo Hernández

Urge solucionar el problema en el sector aduanero por el libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas, que cada año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos, señaló el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD)

Mencionó que se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal. De acuerdo con Eliot Engel, presidente de la Subcomisión para América Latina de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, más del 90 por ciento de las armas incautadas en México entre 2006 y 2008 provienen de Estados Unidos y pueden adquirirse en más de 10 mil puntos a lo largo de la frontera sin ninguna restricción. Según la PGR el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional.

Por tales motivos, dijo, diversos sectores de nuestro país han manifestado su interés en que el gobierno mejore el funcionamiento del sector aduanero, refuerce los puntos de paso, cambie y profesionalice a su personal, y para que, la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, endurezca las sanciones por subfacturación, doble facturación y alteración de las declaraciones de mercancías en las aduanas.

Por ello, el legislador presentó un punto de acuerdo para proponer la creación de una Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas.

El propósito es generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Exhorto al Senado para dictaminar Ley

Ante la crisis económica por la que atraviesa el país y donde más de 50 millones de mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza, es prioritario contar con la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, señaló el diputado Gerardo Sánchez García (PRI).

A través de un punto de acuerdo, el legislador solicitó exhortar al Senado de la República para que dictamine la minuta de dicha ley, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de marzo del 2006, y con la que significaría contar con una herramienta de planeación que ubica en su justa dimensión el problema de seguridad y soberanía alimentaria.

El diputado explicó que dicho proyecto significa replantear los temas del campo mexicano a partir de la creación de nuevos instrumentos institucionales para darle certidumbre al desarrollo del sector rural.

“Al mismo tiempo se exige la revisión de convenios comerciales internacionales con la finalidad de que haya una mayor protección para el país, toda vez que los subsidios indiscriminados a la agricultura por parte de nuestros socios comerciales constituye, en la práctica, una competencia abusiva y desleal en contra de los productores rurales y campesinos mexicanos”, dijo . Se envió al Senado de la República.

Generar empleos para los jóvenes

El diputado Ángel Aguirre Herrera (PRI) presentó un punto de acuerdo con el objetivo de solicitar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año se destinen mayores recursos a fin de generar programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas con énfasis de ayuda a jóvenes, como factor indispensable del desarrollo nacional en México.

El punto turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también solicita que se incentiven de manera urgente los programas actuales de generación de empleos para los jóvenes, así como para espacios deportivos y centros para evitar el consumo de droga y alcohol.
Aguirre Herrera explicó que en México la población de jóvenes presenta la tasa de desempleo más alta, además de que hay un número significativo que no cuenta con experiencia en el mercado de trabajo. La falta de oportunidades afecta tanto a los que tienen niveles educativos básicos como a los altamente calificados con títulos de maestría o doctorado.

Sistemas de manejo ambiental para 2010

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se envió el punto de acuerdo presentado por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera (PAN), mediante el cual exhorta al los tres Poderes y sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el año 2010.

La legisladora aclaró que el Sistema de Manejo Ambiental puede definirse como el conjunto de iniciativas y acciones tendentes a mejorar el desempeño ambiental de una institución u organismo, creando las bases de eficiencia administrativa para promover una nueva cultura ambiental entre su personal y mejorar su imagen institucional.

Lo anterior implica acciones como: reuso de papel, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, etcétera, introduciendo cambios prácticos y factibles a los procesos operativos a fin de alcanzar a mediano plazo los objetivos de control ambiental propuestos, comentó.

Investigación de la desaparición de menores de Casitas del Sur

Por su parte, el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC.

El legislador señaló que a la fecha se tiene conocimiento de cuando menos 22 menores desaparecidos en tres entidades de la República, todos ellos en albergues dirigidos por Reintegración Social AC, a quien se le ha vinculado con una organización pseudo religiosa.

Añadió que se ha señalado que esta organización administra albergues en Veracruz, San Luis Potosí y el Estado de México, incluso en países como Tailandia, Ruanda, el Salvador, Guatemala o Colombia. El pasado 13 de abril la Procuraduría General de la República determinó atraer las investigaciones por el delito de delincuencia organizada y trata de personas. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

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