• Hay sobrepoblación de 56 mil 797 internos en las cárceles del país

A fin de regular la asistencia de los procesados, el tratamiento de los condenados a penas privativas de la libertad y la ejecución de las sanciones penales, el diputado Eduardo Mendoza Arellano (PRD) presentó una iniciativa que expide la Ley Federal de Reinserción Social, en la que se crea el Sistema de Reinserción Social y Ejecución de Sanciones.

Al hacer su propuesta, Arellano Mendoza explicó que el sistema penitenciario está agotado y totalmente rebasado. “Existen 433 penales para una población de 227 mil reclusos; 12 centros menos que en 2006, pero con un incremento de población carcelaria de 16 mil 881 personas”, es decir hay una sobrepoblación de 56 mil 797 reclusos, según el Tercer Informe del gobierno federal.

Agregó que el modelo de readaptación social ya no es viable, pues, la infraestructura no corresponde con las necesidades y la corrupción al interior de los centros prevalece.

“El año pasado sólo se reincorporaron a la sociedad 12 internos de una población de 8 mil 579; es decir, el 0.01 por ciento; contradictoriamente, desde 2006 el presupuesto para orden, seguridad y justicia se incrementó, pasando de 49 mil 461.5 millones de pesos a 91 mil 153.2 millones de pesos, que representa en 2009 un aumento superior al 84 por ciento”.

Propone crear Centro Federal de Reinserción Psicosocial (CEFEREPSI) y cambia el término “Readaptación” por Reinserción en la denominación de los CERESOS y CEFERESOS

Define la reinserción social como el conjunto de acciones dirigidas a lograr el desarrollo interpersonal y social de quien ha cometido un delito, mediante programas soportados en educación, trabajo, salud y deporte.

Se propone que el Sistema Penitenciario funcione a través de direcciones generales, donde los representantes de instituciones públicas de salud, educación, derechos humanos, defensoría de oficio y quienes presten servicio permanentemente en los centros de reclusión, puedan asistir a sesiones del Consejo Técnico.

La ley que se propone exige cumplir con la certificación, acreditación, seguimiento, evaluación y control de confianza del personal, lo cual ayudará a sanear los problemas de corrupción.

Ordena la separación de internos, no sólo por género, sino por procesados o sentenciados. Plantea que los procesados o sentenciados por delitos de delincuencia organizada ocuparán instalaciones especiales, los clasificará según el perfil criminológico, soportado por estudios psicológicos, socioculturales, económicos y físicos, con seguimientos de conducta durante los programas de capacitación y trabajo.

En tanto, los procesados y sentenciados por delitos de carácter político, de servidores públicos y los que colaboren en la persecución y procesamiento de integrantes de delincuencia organizada, ocuparán secciones distintas a las de los procesados y sentenciados por los demás delitos.

Contempla que los internos que sean liberados, después de compurgar su pena, tendrán asignado un oficial de custodia con quien deberán reportarse por lo menos una vez al mes, o cuando sean requeridos; de no atender el llamado regresarán de forma inmediata a los centros de reclusión.

Establece que la ejecución de las sanciones penales se realizará con respeto invariable a la dignidad humana y se sujetará a los principios de seguridad jurídica y legalidad en la determinación de los derechos que se restringen, suspenden y adquieren durante la reclusión.

En la iniciativa se indica que los miembros del Sistema de Reinserción Social y Ejecución de Sanciones ejercerán sus funciones con absoluto respeto a la Constitución, leyes en la materia y derechos humanos y velar por la vida e integridad física, honor y dignidad de las personas que se encuentran bajo su custodia.

Estipula que los miembros del personal penitenciario se someterán a los procedimientos de evaluación previstos para el cargo y permanencia en su desempeño, así como a cursos de formación y de actualización.

Plantea que el programa de reinserción será individualizado, interdisciplinario, considerando las circunstancias socioculturales y psicológicas del interno, y considerará la ubicación de su domicilio para que pueda compurgar su pena en los centros penitenciarios más cercanos, excepto en casos de delincuencia organizada.

Se plantea el establecimiento de programas de asistencia a los internos con problemas de adicción, dependencia de drogas, o trastornos traumáticos y visita familiar e íntima.

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