El diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentó en la sesión de este jueves, tres iniciativas. La primera, adiciona un párrafo tercero a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de que dicho servicio, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fomente, promueva y estimule entre la niñez y los jóvenes la educación cívico-tributaria.

Señala el legislador en su propuesta que para crear una conciencia real sobre la importancia del pago de impuestos, el tema debe de abordarse desde que se es niño o niña, así como también en los jóvenes.

El hecho de que los niños, niñas y jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas, abunda, no significa que sean totalmente ajenos a la fiscalidad; desde la vertiente del ingreso público, su consumo está generando ingresos tributarios.

Agrega que el comportamiento fiscal correcto se aprende, por lo que es necesario que exista realmente un enlace formal entre el Servicio de Administración Tributaria y las instancias de educación.

La iniciativa menciona que en nuestro país se carece de una verdadera responsabilidad fiscal y, por el contrario, se tiene la percepción de que los impuestos pueden ser evadidos siempre que el ciudadano no sea detectado.

Además, el infractor no tiene ninguna sanción de tipo social o moral, ya que existe una generalizada tolerancia de la ciudadanía hacia conductas evasoras, consideradas prácticamente como comportamientos propios de la idiosincrasia nacional.

“Uno de los factores determinantes en el grado de cumplimiento de la misión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el nivel de cultura fiscal de la sociedad, en la medida en que influye directamente en la disposición de quienes la integran al cumplimiento voluntario y al rechazo del fraude fiscal”.

Por ello, dice, el SAT debe definir las líneas estratégicas de la política de comunicación y actuaciones para reforzar los canales de relación y contacto con los ciudadanos, trasladando la imagen de organización confiable, moderna, innovadora, eficaz, transparente, que trabaja con profesionalidad al servicio del ciudadano y de la sociedad. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reducir uso de papel

Otra iniciativa está encaminada a reformar el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que los documentos puestos a disposición del solicitante que se entreguen mediante la expedición de copias simples o certificadas no excedan las 100 hojas; y que cuando se trate de documentos que rebasen dicha cifra, se entreguen en medios digitales.

Agrega que la idea es contribuir con acciones que reduzcan el uso de papel, protejan el ambiente y fomenten el empleo de la tecnología.

Concluye que cada persona consume en promedio 120 kilogramos de papel y cartón al año, y para poder producirlo se cortan diariamente 500 mil árboles. En dicha producción se utilizan grandes cantidades de agua, energía y químicos.

A su vez, un enorme volumen termina en los tiraderos de basura, ocupando espacio y provocando, junto con el resto de los desechos, graves problemas de contaminación. Se envió a la Comisión de la Función Pública.

Fortalecer el trabajo legislativo

La tercera iniciativa busca reformar el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de fortalecer el trabajo legislativo de los órganos encargados de dictaminar el desempeño de los legisladores en la Cámara de Diputados.

Aduce que éstos tienen el derecho a iniciar leyes siempre con la finalidad de crear mejores o perfeccionar las existentes, ya que sólo así se podrá exigir su cumplimiento y por ende la eficacia del sistema legislativo mexicano.

Recalca que es evidente la necesidad de promover reformas que establezcan los alcances de la libertad procesal de las partes y de la autoridad jurisdiccional.

Hace un llamado a iniciar un periodo de modificaciones a un sinnúmero de leyes imperfectas para contribuir a la solución en materia de imprecisiones, falta de definición y vacíos legales en las mismas, y con ello evitar la divergencia de criterios para la aplicación de la normatividad. Se canalizó a la Comisión de la Función Pública.

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