El diputado Miguel Ángel García Granados (PRI) propuso, a través de una iniciativa, abrogar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En tribuna, el legislador destacó que la aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) desalienta la productividad, ya que los contribuyentes no sólo se han visto obligados a pagar más, sino que han tenido que incrementar sus costos de operación a partir de un aumento en sus controles administrativos y de capacitación, a fin de no caer en errores en el pago del gravamen.

“Cuando se dio origen a la Ley del IETU se argumentó que la aplicación de este instrumento tributario era competitivo, que tenía efectividad, equidad y proporcionalidad. Estos principios, en opinión de los especialistas, no se cumplen, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas no tiene activos fijos que puedan deducir, depreciar o aplicar para deducción inmediata, como sí lo pueden hacer las grandes empresas”.

Añadió que otro de los argumentos por los que fue creada la Ley del IETU giraba en torno a que sería promotor de la inversión y creación de empleos, “lo cual es una falacia más, toda vez que, de cara a la emergencia financiera mundial del último año, la generación de fuentes laborales se ha visto sensiblemente contraída. Los recortes, reducción de horarios de trabajo y baja en los sueldos del personal siguen estando a la orden del día.

Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Mayores facultades a la Comisión de Transporte

A su vez, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) propuso una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General, con el fin de ampliar las facultades competenciales de la Comisión de Transportes, para que comprenda también la infraestructura.

El diputado explicó que es imperativo que el Legislativo realice permanentemente evaluaciones integrales de la infraestructura con que cuenta el país y así determine el grado en que contribuye a sustentar las actividades económicas, agropecuarias, industriales y de servicios.

Al mismo tiempo, añadió, se requiere determinar su grado de actualización tecnológica y contar con información para que el país pueda enfrentar el futuro con tecnologías de punta y compatibles con el ambiente. Se remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Titulares de dependencias independientes a partidos

A la Comisión de Gobernación se turnó la iniciativa, a cargo del diputado Javier Duarte de Ochoa (PRI), que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de que los titulares de las delegaciones de dependencias y entidades de la administración pública federal no sean operadores de ningún partido político durante su ejercicio; además de contar con conocimientos suficientes para su óptimo desempeño.

Expresó que es fundamental garantizar su independencia política, con el fin de asegurar la correcta conducción y aplicación de los programas sociales, manteniéndolos al margen de intereses que alteran el fin de las políticas públicas, al condicionar o desviar los recursos en función de las preferencias electorales.

Externó que estas prácticas ponen en riesgo la efectividad de los diversos programas que buscan disminuir las brechas de desigualdad o brindar oportunidades a la población más marginada de México.

Indicó que con las modificaciones se busca avanzar hacia una política social de Estado, a través de mecanismos que lleven a la aplicación ética y legal de los recursos públicos destinados a los fines establecidos en cada política pública, y de la cual los delegados federales son responsables.

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