A fin de que la droga conocida como poppers sean clasificadas como sustancias psicotrópicas para que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios pueda emprender acciones, el diputado Ignacio Téllez González (PAN) presentó una iniciativa para reformar el artículo 245 de la Ley General de Salud.

Mencionó que esta droga se distribuye de una manera relativamente clandestina en las calles y en sex shops; su presentación se ha sofisticado y se ofrece en frasco con etiquetas atractivas y con diversidad de aromas.

Refirió que el nitrito de amilo, el nitrito de butilo y el nitrito de isobutilo son los nombres técnicos de esta droga llamada comúnmente "poppers".

De acuerdo con fichas internacionales de seguridad química, estas substancias son ampliamente tóxicas; aunque inhalables también se absorben por medio de la piel y provocan la pérdida del conocimiento, labios, uñas y piel azulados, confusión mental, convulsiones, vértigo, dolor de cabeza, sudoración, náuseas, vómitos, sonrojamiento de la cara, son síntomas que no se manifiestan de manera inmediata.

El legislador explicó que algunos de los efectos psicotrópicos que producen los poppers son taquicardia, sensación de relajación, dolor de cabeza, hipertensión ocular, adormecimiento, relajamiento de los esfínteres y de la cavidad vaginal.

Por tratarse de un vasodilatador produce una mayor erección, sin embargo, en combinación con otra droga o medicamentos como el viagra, es común que produzca infarto.

Esta droga no se encuentra en la lista de psicotrópicos que establece la Ley General de Salud, por lo que no existen elementos jurídicos para que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, que es la dependencia que se encarga de la vigilancia de la materia, pueda emprender acciones, dijo. Se envió a la Comisión de Salud.

Proponen ley de austeridad

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) señaló que ante la crisis económica los integrantes del sector público de alto nivel deben dar el ejemplo y comenzar por recortar sus ingresos. “Un país con altos índices de pobreza como México no puede dilapidar sus pocos recursos económicos en una clase política llena de prebendas y privilegios.

“Necesitamos reordenar los recursos del presupuesto dando prioridad a los asuntos más sensibles, como la prevención de la delincuencia. Debemos poner especial atención en las causas que generan la descomposición social e invertir en las áreas rurales o urbanas de alto riesgo, es decir, en aquellos espacios con altos índices delictivos, de desempleo y de pobreza”.

Ante ello, el legislador presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política, la cual establece los criterios de economía y austeridad que deberán regir para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las dependencias de los tres Poderes de la Unión, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Romper la autonomía del Banco de México

A fin de romper con la autonomía del Banco de México y reasignarle su función de financiar al gobierno federal, el legislador Pedro Vázquez González, coordinador del grupo parlamentario del PT, propuso reformar el artículo 28 de la Constitución Política.

El legislador señaló que la autonomía del Banco de México fue otro factor de la profundización de la crisis económica actual, porque al impulsar la acumulación financiera y la especulación de esos grandes grupos con los instrumentos derivados terminaron por ahogar a algunos de ellos y a la economía mexicana; ese fue el caso de Cemex, Comercial Mexicana y otras grandes empresas, adujo.

La iniciativa remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales señala que está demostrado que para que un país crezca en términos cuantitativos y cualitativos, es indispensable que el banco central impulse una política crediticia blanda, que incluya tasas de interés bajas y plazos largos, que beneficie a todas las actividades económicas.

Que Infonavit no traslade a particulares la cartera vencida

Para que el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonatvit) no pueda trasladar a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos que trabajadores omisos en pago tengan con él, legisladores del grupo parlamentario del PRI presentaron una iniciativa para reformar los artículos 3, 16 y 41 de la Ley de este instituto.

Al presentar la propuesta, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez afirmó que el Infonavit tiene una razón jurídica e histórica que le da sustento en beneficio social de los trabajadores y sus familias, por lo que “no podemos permitir que sea el propio Instituto el que atente contra los mexicanos, privilegiando el enriquecimiento de empresas y fomentando la inequitativa distribución del ingreso”.

Los salarios de los trabajadores que logran mantenerse a flote van disminuyendo, en tanto que el saldo de los créditos otorgados por el Infonavit se actualiza conforme a los incrementos del salario mínimo, refirió.

Agregó que la privatización de la cartera vencida conlleva al enriquecimiento de unas cuantas empresas y a la inevitable pérdida del patrimonio de millones de familias. Lo anterior provoca la deslegitimación de una entidad social, creada con el propósito de servir de apoyo y garantía a los trabajadores más necesitados, para convertirla en un ente empresarial con fines de lucro. Se turnó a las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de la Vivienda.

Proponen expedir la ley de pensión universal

El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) propuso expedir la Ley que Crea la Pensión Universal a Favor de las Personas de Setenta Años y Más, a fin de otorgar medio salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, el cual será pagado de manera mensual.

Indicó que la aplicación inmediata y masiva de la pensión universal se constituirá como una medida en contra de la actual emergencia económica, lo que será de gran importancia, al permitir que millones de mexicanos adultos mayores y sus familias accedan de inmediato a un apoyo económico que dinamizará el mercado interno, el empleo y, en general, el crecimiento de la economía nacional.

Señaló que sólo 3.4 millones de adultos mayores realizan alguna actividad económica. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

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