Al instalar la Comisión de Seguridad Pública, el diputado José Luis Ovando Patrón (PAN), hizo un llamado a trabajar sin colores partidistas para concretar acuerdos que permitan impulsar el mejor desarrollo de las políticas públicas en la materia.

Agregó que el tema de seguridad pública sigue siendo uno de los mayores pendientes a resolver por parte del Estado.

A su vez, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) coincidió en trabajar sin tintes partidistas. “Tenemos la responsabilidad de actuar con madurez para sacar los acuerdos que México está requiriendo en este momento”.

“Es necesario avanzar en lo referente a la prevención del delito mediante la implementación de leyes que incluyan a todas las dependencias involucradas”, subrayó.

Refirió que la prevención no es tarea exclusiva de la Secretaría de Seguridad Pública, también es asunto de las de Desarrollo Social, Educación y Salud.

Aseveró que revertir la actual crisis económica, el desempleo y la seguridad pública que atraviesa el país y afecta a millones de mexicanos debe ser prioridad para el Congreso.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) expresó que el Congreso de la Unión tiene una deuda moral con México e invitó a los diputados a trabajar para “arrancarle a la delincuencia los espacios sociales de los que hoy se ha apoderado, y a los millones de jóvenes que está utilizando como material desechable. Tenemos que devolverles a las familias la paz que les han arrebatado”.

Por su parte, la diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD) subrayó que la sociedad percibe a las actuales políticas de seguridad como poco eficientes, costosas y que generan mínimos resultados.

“Hay que cambiar el enfoque desde el Congreso, a fin de generar reales condiciones de seguridad, con base en políticas preventivas. Estamos de acuerdo en que un diagnóstico integral es la plataforma de una política óptima que construya mejores sociedades; la población nos demanda seguridad y debemos avanzar en esa tarea”.

La diputada Adriana Sarur Torres (PVEM) se pronunció por revertir la actual situación, “no podemos olvidar los más de 15 mil ejecutados durante 2009, por asuntos relacionados con la delincuencia, los decomisos y detenciones”.

Propuso implementar políticas públicas que fortalezcan los esquemas de prevención del delito.

Añadió que su grupo parlamentario, en el marco de la procuración de justicia, promoverá la pena de muerte. “Debemos demostrarle a la sociedad que no nos va a temblar la mano, para que quien afecte la seguridad de los mexicanos sea castigado severamente”.

En su oportunidad, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) estableció que cualquier política pública orientada a prevenir o erradicar la delincuencia, debe incluir el respeto a las garantías individuales y la protección de los derechos humanos.

Propuso elaborar un diagnóstico de lo que se requiere en materia de seguridad pública que incluya temas relacionados con los derechos de las víctimas.

Se pronunció por hacer un llamado a las fuerzas de seguridad pública, a que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, no violen los derechos humanos.

El diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia) aseguró que la base para concretar políticas públicas que reviertan la actual situación de inseguridad sólo se podrá dar a través de un diagnóstico integral.

“La gente está demandando al Congreso de la Unión respuestas inmediatas, efectivas y creíbles; estamos en la mejor disposición para hacer llegar nuestra experiencia, sobre todo para escuchar y entender las necesidades de los representados”.

Coincidió en que los trabajos de la comisión se orienten a ayudar a la ciudadanía “sin tintes partidistas porque éste es un asunto de interés general”.

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