Rediseñar la aplicación y procedencia del fuero de los servidores públicos, es el objetivo de diputados del grupo parlamentario del PAN que presentaron una iniciativa que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua explicó que la propuesta obedece a la premisa de regular el fuero de los servidores públicos, bajo el precepto de que la inmunidad procesal o fuero corresponde al cargo público y no a la persona que lo ocupa, es decir, que ésta goza de inmunidad procesal sólo respecto a la función que desempeña y derivada del cargo que ostenta.

Señaló que los tiempos actuales, donde las organizaciones delictivas continúan corrompiendo a las instituciones, hacen necesario que se realice una nueva evaluación sobre la protección constitucional de la que gozan los servidores públicos. La necesidad de liberar a las instituciones de aquellos elementos que ocupan sus cargos para ser cómplices de las prácticas más dañinas para los mexicanos no puede seguir esperando.

Indicó que la figura del fuero se instituye como una garantía constitucional de no procesabilidad penal, a efecto de fomentar la independencia y autonomía del Poder Legislativo en el desarrollo de sus funciones, frente a presiones externas, que a través de la amenaza de denuncias de carácter penal pretendan incidir en su proceso de toma de decisiones.

Aclaró que con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de la función legislativa, pero que al mismo tiempo evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos, se propone sustituir y atenuar la garantía constitucional de no procesabilidad penal, por la garantía de procesabilidad en libertad.

Así como, prever las siguientes dos excepciones a la garantía de procesabilidad en libertad: cuando sea detenido en flagrancia en un delito calificado como grave por la ley penal federal; y cuando se encuentre separado de su encargo por licencia o suspendido por cualquier otro motivo, y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tratos diferenciados a los trabajadores transfronterizos

A la comisión de Hacienda y Crédito Público se turnó la propuesta presentada por el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (Nueva Alianza) para reformar el artículo 151 de la Ley Aduanera, para que se establezcan tratos diferenciados a los trabajadores transfronterizos mexicanos que viven en la franja norte del país, en materia de circulación temporal de vehículos extranjeros.

Propuso adicionar un párrafo a la fracción IV de dicho artículo para que las autoridades aduaneras procedan al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en el caso de que: Tratándose de vehículos particulares de procedencia extranjera que sean introducidos a la zona fronteriza, que circulen temporalmente en ella y cuyo conductor sea el cónyuge o la conyugue o descendiente en línea recta del propietario y que tengan residencia en la zona fronteriza mexicana, se procederá, en primer término y por única vez, a aplicar la sanción económica que dispone el artículo 178, fracción II, de esta misma ley.

Una vez comprobado el parentesco por afinidad o consanguíneo a satisfacción de la autoridad competente, sin que haya ninguna otra medida de sanción, la que podrá ser procedente sólo en caso de reincidencia.

Crear Consejo Nacional del Agua

El legislador Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza) presentó una reforma al artículo 27 de la Constitución Política para crear el Consejo Nacional del Agua, el cual sería la máxima autoridad administrativa en materia hídrica, autónoma en sus decisiones y funcionamiento; con una estructura integrada de órganos nacionales y regionales, atendiendo a regiones hidrológicas administrativas.
Vázquez Aguilar consideró que es pertinente incorporar en el artículo el carácter de interés público al control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo.

Así como las actividades fundamentales para lograr el uso sustentable del agua, como la gestión integrada de los recursos hídricos; la realización periódica de inventarios de usos y usuarios de agua; la evaluación mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental; la infraestructura hidrológica y equipamiento diverso necesario para el mejoramiento de las aguas residuales; la prevención y el control de la contaminación. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Incorporar definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero

El diputado Agustín Torres Ibarrola (PAN) presentó reformas al artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a fin de incorporar las definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero.

Refirió que los efectos adversos generados en el medio ambiente por el cambio climático son diversos y de carácter global, entre ellos destacan: la modificación espacial, temporal y cuantitativa de las lluvias y sequías, la distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones; el incremento en la frecuencia de incendios forestales e intensificación de los procesos de deforestación, mayor erosión, liberación de carbono y pérdida de biodiversidad.

Así como la reducción o desaparición de ecosistemas forestales; reducción o extinción de poblaciones de especies silvestres; disminución de zonas aptas para la producción primaria de alimentos y modificación de la productividad agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; elevación del nivel del mar y la consecuente modificación de los ecosistemas costeros y marinos. Se mandó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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