• La intención no es aportar un régimen perjudicial: Becerra Pocoroba

En el marco del análisis del paquete económico 2010, la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con representantes de las organizaciones empresariales, con el propósito de conocer sus propuestas respecto a las reformas a las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos y del Código Fiscal de la Federación.

Ante la preocupación de los empresarios sobre la consolidación fiscal, el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión Legislativa, dijo que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le solicitó los criterios por los cuales fue definida dicha medida.

Subrayó que la intención no es establecer un régimen que perjudique, sino encontrar un medio que permita obtener recursos adicionales.

“A partir del 20 de octubre entraremos al análisis más profundo no sólo de la consolidación sino de todos los regímenes y ahí tendremos la oportunidad de corregir muchas deficiencias del sistema actual y, en su caso, tomar las determinaciones correspondientes”, apuntó.

El diputado Armando Ríos Piter (PRD) solicitó un comparativo entre el incremento en servicios personales en los estados y cuánto dedican a inversión como porcentaje del gasto total.

“Este problema no es exclusivamente federal, sino sistémico del país y su análisis ayuda mucho ahora que la Cámara de Diputados se ve atrapada en una discusión de mandar más dinero, legítimamente, a solicitudes de gasto estatal y también ayudaría a dar altura de miras a la revisión del gasto”.

Destacó la necesidad de conocer de cuánto es el monto de lo que significa la elusión. “Sería un ejercicio interesante que nos permita llevar a su justo nivel un debate nacional”.

Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) cuestionó: ¿Cómo se explica que las empresas que generan más riqueza paguen menos impuestos cuando el 50 por ciento de la recaudación de ISR son contribuciones de los asalariados.

Se pronunció por desaparecer el régimen de consolidación fiscal, porque se ha abusado y el tema será abordado en la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Además, subrayó hacer públicas las declaraciones de impuestos de las empresas de este régimen para conocer cuánto han pagado. “Si no se puede medir la elusión, ver cómo ha sido el pago de impuestos, cuáles recurren a regímenes fiscales especiales”.

José Antonio de Anda, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) destacó que el paquete económico propuesto por el Ejecutivo Federal dista mucho de las necesidades que tienen los empresarios ante la situación económica que priva en el país y tiene serias anomalías y lagunas.

Propuso la simplificación administrativa, pues indicó que está sobre regulado el tema de comprobantes fiscales y existe un exceso de requisitos en el tema; se manifestó por generar facilidades de pago de impuestos en ventanillas bancarias o autoservicios, así como vía tarjeta de crédito.

El marco económico actual del país exige que se den esquemas que permitan reinvertir utilidades y que las empresas no se descapitalicen con el pago de impuestos. Planteó la aplicación de un estímulo fiscal por la generación de nuevos empleos, equivalente a un cinco por ciento de las prestaciones gravadas objeto de remuneración de los nuevos trabajadores.

En su participación, Gustavo Cantú Durán, vicepresidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), afirmó que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones es incongruente con la política de desarrollo social y económico, pues inhibe el consumo y perjudica la competitividad.

Argumentó que bajará la demanda entre cuatro y cinco millones de usuarios para 2010; afectará al consumidor, retrasará la recuperación económica, encarecerá la cadena productiva y disminuirá la competitividad.

Señaló que existen otras medidas que logran mayores recursos presupuestales e incentivan la cobertura, competitividad y el consumo de telecomunicaciones, como las licitaciones al espectro que tendría un efecto recaudatorio a corto plazo y mejoraría la calidad del servicio.

Rechazó que las telecomunicaciones sean un lujo para 80 millones de usuarios, “es un producto masivo”, ya que hay más usuarios de este servicio que votantes en el padrón electoral.

Enseguida, Eduardo Solís, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que ésta atraviesa por su peor crisis, con una caída del 40 por ciento de la producción, 31 por ciento del mercado interno y una contracción de 25 por ciento en 2009, frente a países como Brasil, que eliminó impuestos a la compra de autos, lo que le permitirá un crecimiento de cinco por ciento.

“Necesitamos reactivar el mercado interno; todos los países están haciendo algo, México es el décimo fabricante de autos y el único donde no hemos hecho nada”, enfatizó.

Informó que el sector representa 17.3 por ciento del PIB manufacturero, genera un millón de empleos formales directos, invierte más de 20 mil millones de dólares entre 2000 y 2006, y en los últimos dos años han sido anunciadas inversiones por más de 6 mil millones de pesos.

Mientras que en 2008, subrayó, México tuvo un déficit comercial de 15 mil millones de dólares, la industria automotriz generó más de 17 mil millones de dólares en ventas netas.

Solicitó que se discuta la eliminación de la Tenencia en autos nuevos; el aumento de la deducibilidad en la adquisición de vehículos por personas morales a 400 mil pesos y quitar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de manera emergente. Además, propuso crear un Programa Nacional de Renovación de Parque Vehicular.

En su oportunidad, el representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mencionó que antes de crear y aumentar impuestos es necesario redimensionar las estructuras gubernamentales de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, así como reducir el número de legisladores.

Existe un amplio margen para reducir gastos en los gobiernos, por ello se deben desintegrar estructuras onerosas, reducir el exceso de personal y reorientar recursos a sectores más productivos que requieren apoyo económico.

Afirmó que la única fórmula sostenible para resolver la pobreza es aplicar políticas públicas y fiscales que estimulen a las empresas a generar empleo, “no hay otra”. Propuso crear un mecanismo de devolución más ágil del IDE para no afectar negocios con poco margen de utilidad.

Del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Patricia González señaló que al eliminar la consolidación fiscal en México se afectaría la competitividad del país con sus principales socios comerciales y desincentivaría la inversión en México, ya que los capitales se reubicarían en sistemas más competitivos; generaría un trato fiscal inequitativo entre aquellos contribuyentes que realizan sus negocios en una entidad o los que lo hacen a través de diversas empresas.

El coordinador del Comité Fiscal del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Omar Zúñiga, se pronunció por una recaudación más eficiente; eliminar regímenes de excepción; reducir el gasto corriente gubernamental.

Dijo que las modificaciones a la consolidación fiscal tendrían un efecto negativo de entre mil y dos mil millones de dólares de impuestos diferidos a pagarse en los siguientes cinco años; se reduciría la competitividad y la generación de empleos se vería muy afectada.

Por el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, Jaime Zabludovsky puntualizó que la propuesta del Ejecutivo cambia mucho los esquemas en cuanto a la consolidación fiscal, ya que se perdería inversión y atentaría contra la seguridad económica, sobre todo cuando se vive una situación que exige el esfuerzo de todos y en donde lo que se busca es enderezar las finanzas públicas. “Estamos abiertos a dialogar sobre impuestos, sean simples, bajos y universales”.

Socorro Lagos, de la Fundación Lucy y Gloria Lagos, expresó que es fundamental presentar una declaración informativa de los ingresos y egresos de los donativos y, permitir la deducción de los que realicen los contribuyentes a los organismos internacionales.

Enrique Rustrián Portilla, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Cargas de México destacó que la crisis ha provocado que disminuyera el volumen de carga transportada, ya que el pago de diesel y de autopistas representa el 70 por ciento de los gastos del sector. “Por lo que consideramos que los estímulos establecidos al autotransporte no son subsidios sino es una restitución al transportista, a efecto de que sea más competitivo”.

Rodolfo García, presidente del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, sostuvo que la actividad de todas estas tiendas significa ventas superiores a los 750 mil millones de pesos y representa una contribución al PIB del 3 por ciento, y se manifestó por fortalecer el marco legal y la institución encargada de la competencia en el país.

Enseguida, Marco Antonio Suárez Collado, de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas, dijo que su sector genera 120 mil empleos directos y por cada uno de ellos se crean cinco indirectos.

Señaló que de aprobarse la medida respecto a los comprobantes fiscales digitales, se provocaría el cierre de siete mil empresas y cancelaría 240 mil empleos directos, “plantear cambiarlos en seis meses es condenar a esta industria”.

Dijo que existen 14 mil 900 empresas de artes gráficas y de ellas 7 mil 100 imprimen comprobantes fiscales para atender a cinco millones de contribuyentes. “Al 2008 han impreso 17 mil 545 millones 119 mil 322 folios”. Propuso un periodo de cinco años para migrar de la facturación en papel a facturación digital.

Sergio Aguilar Rodríguez, de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, indicó que las reformas propuestas al Código Fiscal de la Federación son excesivas y “pueden llegar a ser ofensivas”. Se pronunció en contra de los incrementos planteados por el Ejecutivo.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró fundamental que las finanzas públicas estén bien alineadas para crear empleo productivo. La crisis puso en evidencia las carencias del país, no estuvimos listos para hacer frente a una caída de los ingresos de las finanzas públicas, de la demanda externa y del empleo, e implicó una gran competencia por inversión y recursos financieros.

“Si no hacemos una reforma completa a las finanzas públicas, gasto, ingreso y un cuidadoso seguimiento del déficit, no tendremos inversión, vamos a seguir generando pobreza y desigualdad; pareciera que estamos en un programa de finanzas generando más pobres y buscando recursos para aliviar sus síntomas, sin resolverla”.

La Industria Cervecera Mexicana se pronunció en contra de un mayor impuesto a este mercado, al considerar que dicho gravamen tendrá un impacto directo en el consumo y, por ende en el empleo de la cadena y en los precios.

La Asociación de Misionarios de Juegos y Sorteos expuso que el principal problema al que se enfrenta el sector es que la Secretaría de Hacienda no les cobra a todos los participantes, pues existe un juego ilegal que representa el 40 por ciento del negocio. “El aumento a la tasa IEPS, reducirá las inversiones en la industria, las utilidades y provocaría desempleo en las empresas legales”.

American Chamber de México se manifestó por reglas fiscales claras y decisiones de largo plazo, y destacó que el impuesto del dos por ciento para combatir la pobreza implicaría que las empresas implementen otros sistemas contables con costos adicionales, innecesarios e improductivos que no convienen ni a la empresa y ni al país. “Debemos buscar una tasa general para restablecer la economía del país, si esto no es posible, la tasa debería acompañarse del ISR como esta o de una reducción del mismo”.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros resaltó que el seguro de vida no constituye un producto de consumo, por lo cual “no se le deberá aplicar un impuesto indirecto, ya que es un instrumento de protección patrimonial y de ahorro para las familias”.

El sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo pidió la adecuación del tratamiento fiscal del IVA a efecto de que las cooperativas sean exentadas.

AgroBio México destacó que para 2010 se contempla un pago de derechos por 416 mil 890 pesos por cada trámite y solicitud de permiso de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados, en este sentido, “dicho monto representa un incremento del 600 por ciento a lo que actualmente se paga; proponemos establecer diferentes montos según se trata la liberación”.

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