A fin de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores instruya a los despachos jurídicos externos contratados por éste, a que cesen el hostigamiento y amenazas hacia los trabajadores para el cobro de los créditos otorgados, los diputados Norma Leticia Salazar Vázquez y Jesús Ramírez Rangel (PAN) presentaron un punto de acuerdo.

Solicitaron que ese instituto concerte una reunión de su Consejo Consultivo con los despachos jurídicos externos para revisar el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como las acciones emprendidas al realizar la cobranza, tales como llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes, y la colocación de sellos ilegales.

La diputada explicó que el principal problema es que muchas personas que se vieron beneficiadas por el Infonavit con un crédito para adquirir vivienda, cuando pierden su trabajo y no pueden regularizar sus pagos, reciben constantes amenazas y hostigamiento de despachos jurídicos externos de la dependencia.

Resaltó que cientos de familias temen que de un momento a otro les puedan instaurar un procedimiento judicial, ya que por la falta de trabajo y por las condiciones económicas actuales no van a poder hacer frente a su obligación, lo que ha originado que los referidos despachos de cobranza pongan sellos en la vivienda con la leyenda "embargada".

Refirió que dicha situación es irregular e ilegal, ya que violenta lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, que consagra el derecho a que nadie pueda ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.

Agregó que esto se da a pesar de que tales despachos únicamente deben limitar su función a la de cobranza o recuperación de cartera vencida; no tienen facultades más allá de esta acción.

“Estos despachos jurídicos realizan la cobranza, algunos desorganizados, otros con cierto terrorismo y existen algunos que ni siquiera saben explicarle al derechohabiente cuál es el problema”, sostuvo.

“Hay falta de coordinación de los despachos que realizan la cobranza, pues existen algunos donde ni siquiera saben dónde se encuentra el expediente que contiene la información relativa al crédito del derechohabiente y, por tanto, no se puede pagar”, mencionó.
Precisó que otro problema que enfrentan los derechohabientes consiste en que hace años pseudolíderes asignaron viviendas abandonadas a cambio de dinero y ahora enfrentan problemas con la dependencia.

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