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Boletín N°. 0198 Hay programas sociales que sólo han aplicado el 0.3 por ciento de sus recursos (Favor de utilizar de domingo para lunes)

• Telesecundarias y salud reproductiva, ejemplos de ineficiencia administrativa: Lobato García

Con el propósito de establecer la obligación de los servidores públicos para autorizar o ejercer en su totalidad recursos presupuestales y así evitar subejercicios en el gasto público, el diputado Sergio Lobato García (PRI) propuso reformar los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De esa manera, explicó, cualquier funcionario que tenga a su cargo la liberación o ejercicio de recursos, deberá autorizarlos en su totalidad, “de manera oportuna, eficiente y transparente, evitando así incurrir en retrasos”.

El legislador manifestó que en los últimos años el subjercicio se ha vuelto una práctica cotidiana en la administración pública federal; claro ejemplo, dijo, es que durante el primer trimestre de 2009 el gobierno federal ejerció menos del 10 por ciento del presupuesto anual asignado a 13 proyectos destinados a superar la pobreza.

Denunció que entre los más afectados están programas dirigidos a Liconsa, Seguro Popular, Telesecundaria y otros relacionados con apoyos a mujeres, jóvenes, jornaleros y migrantes, así como becas y proyectos productivos.

“El avance del ejercicio presupuestal en el periodo mencionado ascendió a 17.8 por ciento en los 47 programas existentes para la superación de la pobreza, pero en más de la tercera parte de ellos no se llegó a ejercer o invertir ni la décima parte de los recursos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió.

Agregó que el menor gasto ejercido en los tres primeros meses del año corresponde al Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, “sólo se aplicó 0.3 por ciento de los 381 millones de su presupuesto anual”.
En segundo lugar, continuó, se ubicó el programa para la atención de la salud reproductiva y la igualdad de género, con un ejercicio de 0.5 por ciento de los 455.7 millones de pesos aprobados para este año.

“Otros cinco programas que erogaron menos del 2 por ciento de su presupuesto anual son el de la mujer en el sector agrario; el de becas y financiamiento; el de apoyo para proyectos productivos; el de coinversión social y el de apoyo a contingencias climatológicas”, informó.

Lobato García detalló que el programa de abasto social de leche, a cargo de Liconsa, aplicó durante el primer trimestre del año sólo 3.9 por ciento de los mil 560 millones de pesos de presupuesto anual.

“Al Programa Tres por Uno (3 x 1) para Migrantes se le destinaron 562 millones de pesos para 2009, pero ejerció 7.9 por ciento entre enero y marzo pasados; mientras que el Programa del Seguro Popular sólo registra gastos por 8.7 por ciento de los 33 mil millones de pesos de su presupuesto anual”.

El diputado por Chiapas subrayó que de los 47 programas para la superación de la pobreza que enlista la SHCP, 19 tuvieron un avance presupuestal de entre 10 y 20 por ciento, mientras otros siete erogaron entre 20 y 30 por ciento.

Añadió que sólo cuatro programas -el de adultos mayores, denominado Setenta y Más; el de apoyo al empleo temporal; el de respaldo a la participación de actores para el desarrollo rural y el de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria- reportan la aplicación del 30 o 40 por ciento de sus recursos durante este año.

El legislador indicó que otros cuatro superaron la aplicación de 40 por ciento de su presupuesto anual en el primer trimestre, pero el récord corresponde al Programa de Escuelas de Calidad, que aplicó 94.2 por ciento de los casi mil 500 millones de pesos que le fueron asignados.

“Le siguieron el programa de capacitación y servicios de asistencia técnica, innovación, transferencia de tecnología e información, con 69.4 por ciento; Alianza para el Campo, con 63”.

Ante dicha situación, manifestó, es inconcebible que el gasto destinado a combatir la pobreza sea subejercido, ya sea por la incapacidad de los servidores públicos o para fines patrimoniales indebidos.

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