El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) planteó la creación del Instituto Nacional de Prevención del Delito, el cual contaría con un Atlas delincuencial comprendido en estudios, gráficos, estadísticas, mapas, secuencias y memorias sobre el fenómeno delictivo en la República Mexicana.

De aprobarse la iniciativa, dicho Instituto fungiría como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

Tendría por objeto efectuar tareas en materia de prevención de la delincuencia y para ello podrá requerir cualquier información a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, de los tres Poderes Constitucionales, así como de instituciones de carácter privado, bajo el respeto y confidencialidad de la información.

De acuerdo con la propuesta que fue turnada a la Comisión de Gobernación, el Instituto tendrá, entre otras facultades: dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar y evaluar en el ámbito nacional, la función de prevención del delito, además de promover las tareas de investigación, sondeos, encuestas y estudios sobre las causas de las distintas conductas delictivas que sean necesarias para la generación de programas de combate de la criminalidad.

Asimismo, para promover acciones específicas de prevención del delito e involucrar en esta tarea al sector educativo, a las autoridades de salud, a universidades públicas y privadas, sindicatos de trabajadores, agrupaciones empresariales y de comerciantes, sociedades de padres de familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

Podrá de igual forma administrar y distribuir los recursos que obtenga de las operaciones que realice, conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables en la Ley.

El diputado Humberto Benítez Treviño aseguró que a la fecha, no hay institución penitenciaria que asegure la readaptación efectiva de quienes han infringido la ley y con ello su adecuada reinserción al grupo social.

Dijo que las acciones ejecutadas por el gobierno federal en materia de combate de la delincuencia y crimen organizado se han ceñido a la detección y enfrentamiento con las organizaciones criminales, lo cual sin duda es importante para afianzar a la seguridad pública como un derecho de los mexicanos, sin embargo, “es también una realidad que dichas acciones no han rendido los frutos esperados ni han colmado las expectativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.

En ese sentido, concluyó, es necesario generar el espacio de interacción e interlocución adecuado para que la decisión de las autoridades, la opinión de la ciudadanía, la experiencia y conocimiento de los intelectuales e investigadores, los planes y los recursos, converjan hacia la prevención del delito, además de encontrar soluciones al fenómeno creciente de la criminalidad.

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