En caso de que un servidor público sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito grave del orden federal debe quedar sujeto al procedimiento correspondiente sin necesidad de que la Cámara de Diputados haya dado su autorización para que se pueda proceder penalmente contra él, señaló el diputado Óscar Martín Arce Paniagua (PAN).

A través de una iniciativa que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política, el legislador explicó que ésta tiene como objetivo regular y delimitar el fuero de no procesabilidad a los servidores públicos.

Plantea que el fuero no se observará cuando alguno de los servidores públicos se encuentre en la comisión de delitos graves, sea detenido en flagrancia o exista orden de aprehensión dictada por juez competente.

Asimismo, cuando se separe de su encargo por licencia o sea suspendido por cualquier motivo y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal federal. “En cualquiera de estos casos, los servidores públicos podrán ser detenidos por la autoridad competente y sujetos al procedimiento penal que determine la ley”.

Explicó que la propuesta tiene la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de la función legislativa y evitar la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la actual garantía.

De ahí que señala que los diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, diputados de la Asamblea del DF, el jefe de Gobierno del DF, los Procuradores Generales de la República y de Justicia del DF, así como los consejeros electorales del IFE, cuando sean acusados por algún delito durante su encargo, en el proceso penal no podrán ser privados de su libertad hasta que exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.

El diputado refirió que en algunos países de América Latina ya se preve que ciertos servidores públicos puedan ser sometidos al procedimiento penal correspondiente por la comisión de un delito en flagrancia.

Enfatizó que ante los tiempos que vive el país, donde las organizaciones delictivas continúan corrompiendo a las instituciones, es necesario realizar una nueva evaluación sobre la protección constitucional de la que gozan los servidores públicos.

“La necesidad de liberar a las instituciones de aquellos elementos que ocupan sus cargos para ser cómplices de las prácticas más dañinas para los mexicanos no puede seguir esperando”, añadió.

La iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, también la firman los diputados Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel.

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