Los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, Ifigenia Martínez y Hernández, y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT, propusieron, a través de una iniciativa con proyecto de decreto, reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Mario di Costanzo Armenta indicó en tribuna que el fin de las reformas es abolir los privilegios fiscales de las grandes empresas y de instituciones financieras.

Destacó que en México mientras las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del Impuesto Sobre la Renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, los asalariados, que generan el 25 por ciento del ingreso nacional, su contribución fiscal ha sido de 2.20 por ciento en promedio, en ese mismo lapso.

“Esto significa que, aunque la contribución fiscal de las empresas debería ser al menos el doble que la de los asalariados, no sucede así gracias a los regímenes fiscales especiales".

No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario es muy baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10 y 11 por ciento del Producto Interno Bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías de desarrollo, la recaudación supera el 15 por ciento y, en algunos casos, llega hasta el 20 por ciento.

Estas excepciones, calculadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un 5 por ciento del PIB, han obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.

Se turnó la propuesta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Emitir leyes a favor de los derechos de la infancia

A su vez, la legisladora María de Jesús Aguirre Maldonado, del PRI, propuso adicionar una fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política para que el Congreso emita leyes en torno a los derechos de la infancia.

En tribuna, la diputada expuso que el artículo 73 constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión, así como las materias sobre las cuales éste puede expedir leyes y pese al gran abanico de temas en los cuales está facultado, “hay un gran tema pendiente y urgente: el de los derechos de la infancia”.

En este orden de ideas, con respecto a la infancia, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte desde 1990, y que el próximo 20 de noviembre celebra 20 años de existencia, ha presentado diversas recomendaciones al Estado, en relación con el lento avance de plena garantía y observancia de los derechos de la infancia contenidos en la convención. La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gravar alimentos chatarra y medicamentos “milagrosos”

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para gravar con el porcentaje del 15 por ciento a los alimentos y bebidas “chatarra”, así como a los llamados “medicamentos milagrosos”.

Indicó que la obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública y que diversos estudios nacionales e internacionales ubican a México en el primer lugar mundial en obesidad infantil.

Al hacer uso de la tribuna, mencionó que incluso, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, sostuvo que aplicar impuestos a alimentos no le parece una solución para combatir la crisis económica, por lo que sugirió que sería más conveniente gravar productos chatarra.

Es por ello, dijo, que se propone afirmar la obligación relativa a la tasa del 15 por ciento a los alimentos con alto contenido de calorías, grasas y sodio, carbohidratos, generalmente de nulo o escaso valor nutricional, así como poco saludables, los cuales por su naturaleza contribuyen a fomentar el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial.

Asimismo, se plantea gravar a los productos milagrosos los cuales no están probados como efectivos para curar una enfermedad que, indebidamente, se asocian y se le da el mismo tratamiento que al cuadro de medicinas destinadas a curar probadamente algún padecimiento de salud conforme a las normas que para tal efecto emite la Secretaría de Salud. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fortalecer Seguro Popular

El diputado Antonio Benítez Lucho (PRI) propuso reformar y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud para fortalecer el Programa del Seguro Popular (SP), sin afectar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del ramo 33, en las entidades federativas.

En la exposición de motivos, señaló que informes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y del Fideicomiso del Sistema de Protección Social del 2007 y 2008, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “demuestran que no hay consonancia entre tener el seguro y acceder a los servicios requeridos y documentan que hay un subejercicio sistemático del presupuesto”.

Refirió que el incremento del gasto público en salud no necesariamente se traduce en más y mejores servicios para la población porque el Seguro Popular se implantó sin desarrollar la infraestructura de salud requerida.

“En 2007, el SP mostró 3 mil millones de pesos no transferidos a los estados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud (FSPSS) que, adicionalmente, tuvo un subejercicio de cerca de 2 mil millones”.

En el informe del primer semestre de 2008 del SP sólo reporta una disponibilidad de 2 mil 242 millones en el FSPSS al inicio del año y la autorización de usar 3 mil 935 millones para gastos catastróficos durante todo 2008, pese a estimar ingresos de 8 mil millones”, argumentó. Se turnó a la Comisión de Salud.

Impartir inglés en educación básica

A fin de establecer como obligación del Estado promover y atender el conocimiento y la práctica del idioma inglés, el diputado Rodolfo Torre Cantú (PRI) propuso reformar el artículo 9 de la Ley General de Educación.

En el documento que se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se argumenta que con esta medida se pretende elevar la capacidad competitiva de los educandos, ya que en el contexto de la globalización este idioma es una herramienta fundamental.
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