Como parte de la agenda política, el Pleno de la Cámara de Diputados abordó este martes el tema relativo al decreto del Ejecutivo Federal que extingue a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).

En tribuna, los diputados del grupo Parlamentario de Acción Nacional, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Erandi Bermúdez Méndez y Arturo García Portillo, rechazaron que la acción adoptada por el Ejecutivo haya sido una preparación para privatizar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

“La realidad de las cosas es que no es así”, dijo Rodríguez Dávila, quien añadió que a junio del 2009 la CLyFC tenía ventas por 22 mil millones de pesos pero generaba gastos por 43 mil millones de pesos.

Por su parte, Erandi Bermúdez afirmó que Luz y Fuerza del Centro atiende alrededor de 25 millones de habitantes y tiene pérdidas del 30 por ciento, a pesar de que compra su energía a casi 99 centavos y la vende a 1.50 centavos.

En cambio, abundó, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atiende al resto de la población y tiene pérdidas solamente del 10 por ciento.

Por tanto, concluyó, el debate no es con el trabajador, con el ingeniero, el lecturista o con el electricista. Va más allá, va a eficientizar los recursos del país. Finalmente expuso que existe el compromiso del Gobierno Federal de seguir cumpliendo con las jubilaciones, incluidas las 22 mil del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

La decisión sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, dijo a su vez el diputado García Portillo, tiene que ver con la fortaleza del Estado, además de que mejorará las condiciones de vida de todos los habitantes de la zona centro del país que se han visto perjudicados no sólo por la falta de la calidad en el servicio por parte de esta empresa sino por su enorme deficiencia y cuantioso dispendio de recursos.

Los diputados Francisco Hernández Juárez, Guadalupe Acosta Naranjo y Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD, coincidieron que como resultado de la actual política económica se quiere hacer creer que los problemas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro son producto de su sindicato y de sus trabajadores.

Nadie puede negar, dijo Francisco Hernández Juárez, que esta compañía necesita mejorar. Me parecería una insensatez querer voltear para otro lado, pero tampoco los trabajadores son el origen del problema.

“Se ha dicho que la CLyFC tiene problemas y uno de ellos es porque los trabajadores electricistas ganan 6 o 7 veces arriba del salario mínimo, además de sus prestaciones”.

El PRD va a luchar para detener esta agresión que además de ser ilegal es inconstitucional. Vamos a agotar todos los recursos jurídicos, legales, políticos que sean necesarios para revertir la situación.

Advirtió que si el gobierno quiere paz social y resolver los problemas del país, no puede ser por la vía de agresión al sindicalismo. “Nosotros queremos que este Congreso impida que las cosas lleguen a ese nivel, por lo que se deben plantear propuestas”.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo indicó que no es conveniente que cuando con anterioridad se ha tratado el tema se niegue información. Al respecto dijo que ni el secretario de Gobernación, ni el de Hacienda, involucrados directamente y que acudieron ante el Pleno, informaron de que estaba en curso todo un procedimiento legal sobre un tema delicado para el país. “Creo que debería regresar el titular de la SHCP a rendir una información al respecto”.

En tribuna, participaron los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Óscar González Yáñez y Laura Itzel Castillo, del PT, quienes coincidieron en que la situación que vive el país en torno a este asunto es grave, sobre todo, porque hay una doble violación del orden constitucional en el decreto del Ejecutivo.

Explicaron que ningún sindicato registrado puede ser disuelto por ninguna autoridad. “Ninguna decisión administrativa puede afectar la existencia de un sindicato ni sus actividades ni menos deponer a sus autoridades”, refirió Muñoz Ledo.

Éste, junto con Jaime Cárdenas y Espinosa Ramos argumentaron que la Convención de la OIT sobre libertad sindical prohíbe a las autoridades cualquier forma de intervención en la vida interna de los sindicatos. Y teniendo rango constitucional justifica, “con creces” una controversia constitucional.

Por otra parte, dijo Porfirio Muñoz Ledo, recientemente la Secretaría de la Función Pública verificó los resultados del Comité Mixto de Productividad y dio una calificación de 93.8 por ciento al cumplimiento de las metas pactadas entre el sindicato y la empresa.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, también del PT, destacó que la intervención armada en las instalaciones de la CLyFC violó el marco constitucional.

Afirmó que la liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene como fin entregar la compañía a las transnacionales dedicadas a la energía eléctrica.

Posteriormente se levantó la sesión y se citó para la siguiente que tendrá lugar el próximo 15 de octubre a las 10:00 horas.
--oo0oo--