El diputado Carlos Flores Rico (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución, con el objeto de que los jóvenes que alcancen la mayoría de edad al cumplir 18 años, puedan participar y ser electos como diputados federales.
En tribuna el legislador dijo que quien detente el derecho de voto activo, en este caso, el mayor de edad, igualmente debe tener derecho simultáneo a gozar de la titularidad del sufragio pasivo, el derecho a ser elegido para ocupar un cargo público de representación popular.
La propuesta refleja la necesidad de incorporar a los jóvenes de entre 18 y 20 años de edad a los espacios de toma de decisiones que tradicionalmente no han estado reservados para ellos, al encontrarse limitado el ejercicio de sus derechos político-electorales por virtud de lo dispuesto por la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política, enfatizó.
Reconoció la importancia de la juventud en la composición poblacional del país y manifestó que es necesario fomentar y respaldar su participación en la toma de decisiones, ya que son legítimos sus anhelos de contar con mayores espacios de participación y de representación.

Explicó que actualmente la fracción II del artículo 55 constitucional exige 21 años cumplidos, al día de la elección, para estar en aptitud de ser electo diputado federal, lo cual no corresponde con la composición en este momento de la sociedad mexicana.

“En el sistema político de nuestro país, donde los partidos políticos son la única vía de participación política, no se da oportunidad a los jóvenes de acceder a un cargo dentro de los mismos ni a los cargos de elección popular”.
Dijo que el entreveramiento generacional en la política y en la legislación en particular permitirá conformar una sociedad más dinámica, madura e incluyente; al retroalimentarse del empuje y las ideas de las mujeres y los varones jóvenes que están deseosos de participar en la toma de decisiones del país. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales
Igualdad entre hombres y mujeres en obligaciones familiares

Posteriormente, la diputada Sonia Mendoza Díaz (PAN) presentó una iniciativa para adicionar el Capítulo Cuarto Bis al Título IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de promover y procurar el equilibrio en las obligaciones familiares.

Propone establecer que será objetivo de la política nacional evaluar y proponer reformas a la legislación respecto a los derechos y responsabilidades de mujeres y hombres como progenitores, cualquiera que sea su estado civil; promover el concepto de las responsabilidades familiares compartidas y erradicar las divisiones del trabajo doméstico sobre la base de la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, las autoridades correspondientes desarrollarán las acciones para impulsar políticas públicas que eliminen los estereotipos sexistas y discriminatorios en materia de paternidad y maternidad responsable, así como apoyar la difusión y concientización ciudadana respecto a las responsabilidades económicas, domésticas y de cumplimiento de los derechos del niño o niña, en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

La propuesta, signada también por las diputadas Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Tomasa Vives Preciado, Marcela Torres Peimbert, María de Lourdes Reynoso Femat, así como por legisladoras y legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, se turnó a la Comisión de Equidad y Género.

Reforma constitucional

El diputado José Alberto González Morales (PRI) planteó reformar el Artículo 3° de la Constitución para incluir de manera urgente y obligatoria en los programas académicos de todos los niveles educativos contenidos específicos tendientes a exaltar los valores fundamentales bajo los cuales debe regirse la conducta y formación del mexicano.

Apuntó que la grave crisis de valores que enfrenta la sociedad es un problema de educación y de formación integral del individuo, que ha propiciado los problemas de inseguridad, tráfico de influencias, impunidad, injusticia, narcotráfico, violencia o corrupción, “e incluso nos hemos habituado a vivir en medio de la cultura de la ilegalidad y del menor esfuerzo, y, en muchos casos, nos hemos resignado a convivir con ellas”.

La reforma plantea que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, los valores fundamentales por los que debe regirse tanto el ser humano, como la cultura de la legalidad, la paz, amor a la patria y conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ley del ISR

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (PRI) propuso reformas al artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para otorgar el mismo trato fiscal que actualmente contempla la ley para ciertas operaciones pasivas, a los intereses que se originan en el extranjero por operaciones celebradas totalmente en el extranjero y que no signifiquen una deducción fiscal en México, es decir, que no erosionen la base fiscal.

Se busca fortalecer la competitividad internacional de los grupos empresariales mexicanos para estar en igualdad con sus principales competidores, cuyos países han flexibilizado su legislación fiscal.

Propone que los intereses que se cobren en el extranjero no anticipen el pago de ISR en México, siempre que no tengan una deducción en nuestro país y que el impuesto se pague cuando se reciban los dividendos aquí; así se asegura que se graven sólo las operaciones que representan una erosión para la recaudación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Inscribir en letras de oro el nombre de Amalia Solórzano Bravo

Posteriormente, el diputado Martín García Avilés (PRD) presentó una iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados, el nombre de Amalia Solórzano Bravo, como acto solemne dentro de los festejos patrios del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución.

Consideró que fue un personaje de la vida política nacional de buena parte del siglo XX, que convirtió su presencia en custodia de los ideales sociales, solidarios y humanitarios del cardenismo; se identificó y trabajó por ellos para mantenerlos vigentes hasta el último día de su vida. Se remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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