La diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) propuso reformar y adicionar, mediante una iniciativa con proyecto de decreto, diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar la equidad de género en los cargos de elección popular.

La propuesta, señaló la diputada, dispone en términos precisos la cuota de género en un 50 por ciento para mujeres y hombres en cargos de representación popular y cargos de dirección en las estructuras de los órganos electorales; además plantea que la perspectiva de género se incorpore desde el texto constitucional.

A través de la reforma y adición al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece la cuota en los partidos políticos, los cuales deberán integrar en sus órganos directivos, una cuota del cincuenta por ciento para ambos géneros, al igual que en las agrupaciones políticas nacionales.

Mencionó que a la fecha las agrupaciones políticas nacionales no tienen como requisito para participar en la vida política nacional la equidad entre los géneros.

En esta LXI Legislatura, dijo, el escenario es desalentador, pues en esta honorable Cámara sólo el 28.1 por ciento son mujeres, es decir, 140 de un órgano legislativo de 500 curules.

“A este hecho hemos de restar las 8 legisladoras que pidieron licencia para dar paso a sus suplentes varones y cuyo desenlace puede ser previsible, debido a que no existe una disposición expresa que inhiba este tipo de fraude a la ley y que en caso de concretarse dará paso a la reducción en el número de curules que ocupamos las mujeres en esta Legislatura”, dijo.

La iniciativa, que plantea reformar el primer párrafo del artículo 35 y la fracción II del mismo artículo de la Constitución, así como los artículos 25, inciso e), 27, inciso g), 35, numeral 1, inciso c), 38, numeral 1, inciso s), 105, inciso d); 110, numeral 5, 218, numeral tercero, 219, numeral 1, 220 numeral 1 y se adiciona un inciso h) al artículo 27, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Evitar abusos contra deudores: Patricio Chirinos

El diputado Patricio Chirinos del Ángel (PRI) propuso reformar el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

En tribuna, indicó que el mal manejo económico ha devastado el sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores e incrementando exponencialmente los casos en la cartera vencida.

En lo que va del presente año, dijo, 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos y tanto las sociedades de información crediticia como bancos y entidades prestadoras de servicios financieros violan constantemente los derechos de acceso a la información de los deudores.

“Entre estas instancias, no se intercambian la información de los créditos en tiempo real, de manera expedita, oportuna y adecuadamente actualizada, para uniformar sus bases de datos”.

Además, señalan a los clientes, de acuerdo a un catálogo de clasificación interna establecido arbitrariamente por las propias sociedades de información crediticia y el Banco de México. En este documento clasificatorio se contemplan rangos identificados con el número 9, que pueden denotar desde un atraso, en los pagos del crédito, de más de 12 meses, hasta el fraude por parte del deudor, esto muy a pesar de ya haber negociado una reestructura o quita en el crédito por parte del consumidor.

“Existe la incertidumbre de personas que aun mostrando voluntad de solución, siguen siendo señalados como morosos, y en el peor de los casos, como delincuentes, registrándoseles con el número 99 que significa fraude cometido por el consumidor, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos”.

No obstante los abusos aquí mencionados, abundó, los bancos e instituciones prestadoras de servicios financieros venden a despachos de abogados sus carteras vencidas, quienes utilizando el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores, se valen de arbitrarios argumentos y palabras altisonantes, mediante llamadas telefónicas de acoso, realizadas en todo momento, incluso en horas de madrugada, y hasta con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores.

“Debemos fortalecer el régimen de sanciones ejemplares, ya contemplado en la ley, para que estas instituciones cumplan con transparencia y seriedad sus obligaciones legales. Es incuestionable que sólo se podrá avanzar y dar solución con mano firme”, concluyó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Derechos de trabajadores portuarios

La diputada Luz Carolina Gudiño Corro (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social con la finalidad de incorporar la conservación de derechos de los trabajadores eventuales portuarios y se les asegure la atención médica y a sus familias.

La legisladora señaló que la actividad laboral en los puertos es de naturaleza netamente eventual, la cual se traduce en que los trabajadores son contratados por turnos en días salteados, esto es, su contratación no es continua sino alternada, según las necesidades.

Como resultado de esa relación laboral así establecida es obligación del patrón inscribir al trabajador al IMSS y pagar la cuota respectiva, y es derecho del trabajador el acceso a los servicios de salud; sin embargo, cada vez que son dados de alta en cuanto terminan su jornada de trabajo los dan de baja.

En el lapso intermedio están dados de baja del sistema del IMSS y por tanto no se les brinda la atención médica a pesar de que se pagó su cuota respectiva, por ello el motivo de iniciativa para adicionar los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajo y el 109 de la Ley del Seguro Social. Se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Fortalecer derechos de personas con discapacidad

La diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad cuya finalidad es hacer efectiva la participación de este sector en la sociedad, además de establecer que la ley no sólo reconoce sus derechos humanos, sino que mandata acciones tendientes a su promoción y protección.

Propone además que la educación que imparta y regule el Estado también debe contribuir al desarrollo integral de las Personas con Discapacidad para potenciar y ejercer su personalidad, talento y creatividad, así como sus aptitudes mentales y físicas.

En tribuna, la legisladora indicó que la discapacidad se ha constituido en un problema de salud pública y social de magnitud mundial. “Para el año 2050 se estima que la población total en México será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones”.

La iniciativa, que modifica la Ley General de las Personas con Discapacidad e sus artículos: 1º en su primero y segundo párrafos; 2º, fracción XI; 4º; 7, fracciones V, VI, y X; 10º, en su primer párrafo, fracciones III, IV, V, VII y XIV; el 11º, primer párrafo; 18 y 19 fracciones, I y II y se adiciona un último párrafo al artículo 18, fue turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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