• Lo hacen incluso cuando hay reestructuración o quitas del banco: Chirinos del Ángel

Evitar que bancos y entidades prestadoras de servicios financieros violen el derecho al acceso a la información de los deudores, propuso el diputado Patricio Chirinos del Ángel (PRI) mediante una iniciativa de reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Resaltó que estas instancias señalan a clientes, de acuerdo a un catálogo de clasificación interna establecido arbitrariamente, en el que contemplan rangos que pueden detonar desde un atraso en los pagos del crédito hasta el fraude por parte del deudor.

Explicó que los bancos venden a despachos de abogados sus carteras vencidas, quienes utilizan el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores, “esto muy a pesar de ya haber negociado una reestructura o quita en el crédito por parte del consumidor”.

Añadió que éstos se valen de argumentos arbitrarios y palabras altisonantes, mediante llamadas telefónicas de acoso, realizadas en todo momento, incluso en la madrugada y con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores.

Ante ello, el legislador presentó una iniciativa que pretende modificar dicha ley, a fin de que este tipo de instituciones respondan por los daños y prejuicios que causen a sus clientes al proporcionar información falsa o errónea, así como dejar de entregarles la información correspondiente.

Las sociedades deben responder siempre en todos los casos de imprudencia o negligencia en el manejo de la información puesto que, independientemente del grado de intencionalidad de la conducta, puede traducirse en un daño al patrimonio, pero también en un prejuicio cuando se deje de obtener un crédito por el registro indebido de morosidad, enfatizó.
Expresó que el manejo económico ha ido devastando el sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores e incrementando exponencialmente los casos en la cartera vencida, “en lo que va del presente año 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos”.

“Es común enterarse, a través de la prensa nacional, así como de instituciones, dependencias, entre otros, de informes que corroboran la gravedad de la situación económica, que nos proporcionan cifras alarmantes”.

Añadió que no basta con la reclasificación administrativa en el Buró de Crédito, con el objeto de incluir a casi 2.7 millones de personas que reestructuran su deuda y que existe incertidumbre en ellas, ya que aun mostrando voluntad de solución, siguen siendo señaladas como morosas, y en el peor de los casos, como delincuentes, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos.

“Velar por los intereses de la sociedad es una de las responsabilidades de los legisladores de la República. Por ello incidiremos en la solución del problema de cartera vencida”.

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