Promover el uso eficiente de los recursos públicos es el objetivo de diputados del PT y del PRD, quienes presentaron la iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, que plantea disminuir en 50 por ciento las remuneraciones de funcionarios públicos, desde director de área, y derogar las pensiones a los ex Presidentes de la República, entre otras cosas.

La propuesta busca establecer disposiciones para racionalizar, reorientar y reducir el gasto en actividades administrativas y de apoyo en los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y autoridades federales, sugiere eliminar bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial.

Prohíbe otorgar pensiones extraordinarias a las establecidas en la Ley de Seguridad Social y crear plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador, asesores o equivalentes.

En el documento presentado al pleno por el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se indica que en México no existe una legislación que obligue a los poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios de austeridad presupuestal.

Se señala que el costo de “la peor crisis económica que vive el país” debe correr a cargo de los “segmentos privilegiados, sobre todo de aquéllos que se han beneficiado exorbitante e indebidamente con los recursos públicos de la nación”.
Se plantea además que la Auditoría Superior de la Federación elabore y presente un Proyecto de Tabulador Único de Percepciones y un Proyecto de Manual Único de Prestaciones a los que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales de la República.

En la propuesta, enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se prohíben reajustes o incrementos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole.

Estipula que los ahorros generados por la aplicación de esta ley cubran el déficit en las finanzas públicas y generen el desarrollo de inversión productiva y la ampliación de los programas sociales, previa aprobación de la Cámara de Diputados.

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