El grupo de trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica por emprender con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, resolvió analizar, sin prejuiciar, las alternativas jurídicas que la ley permite para arribar a una conclusión, la cual se presentará ante el Pleno en un plazo máximo de 12 días hábiles después de publicado el acuerdo de la Jucopo.

Así lo aseguró el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI) al instalar dicho grupo, el que escuchará los diversos análisis de carácter jurídico que le permita a la sociedad y los involucrados en este caso, tener certeza jurídica sobre la constitucionalidad o no del decreto de extinción del organismo decentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Precisó que el grupo tiene como objetivo determinar si es viable presentar o no una acción de carácter legal con facultades que tenga con base en la Constitución, la Cámara de Diputados, “son sólo dos posibilidades o bien una acción de constitucionalidad o una controversia constitucional”.

Navarrete Prida propuso abocarse a analizar el término de una acción de constitucionalidad y, si ésta no es viable, determinar si hay requisitos de procedencia o no en la controversia constitucional como figura jurídica que le permitiría a la Cámara de Diputados interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción.

Mencionó que el director general jurídico, Juan Alberto Galván Trejo, integra los trabajos de este grupo, quien asistirá a todos los diputados en lo que se requiera.

“Estoy cierto que tenemos que darle cauce y salida a un conflicto que no se va a resolver en los próximos doce días en que concluyamos nuestra función; la mejor manera de ayudar a la resolución de un conflicto de naturaleza social, política, judicial y laboral es actuar con absoluta imparcialidad, apegados estrictamente a derecho y a lo que tenemos que hacer”, añadió.

En cuanto a la controversia constitucional, puntualizó que es fundamental tener toda la información a la que el decreto hace referencia y que sirviera para normar un criterio con respecto a que si hay un conflicto de poderes, “llevaría a la interposición de una controversia constitucional”.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, del PRI, planteó como innecesario el derecho de audiencia por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque los legisladores no están analizando responsabilidades ni de la dirigencia ni mucho menos de los trabajadores.

“Si nos vamos por el camino de abrir audiencias y comparecencias, tendríamos que hacerlo de igual forma con el Gobierno Federal, que es quien emite el decreto”.

El diputado Gerardo Sánchez García (PRI) destacó que la creación de este grupo implica alta responsabilidad para la Cámara de Diputados. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política ordenó hacer un estudio a fondo que permita proponer al pleno una opinión seria y responsable.

Ante esto, pidió que antes de emitir conclusiones, se convoque a académicos y a expertos en materia laboral, para conocer su punto de vista en torno a este asunto.

En tanto, el diputado Ramón Jiménez Fuentes (PRD) aseguró que no se puede, de manera rígida, abordar un problema que tiene al país en un hilo. “Es un asunto de interés nacional que no se generó por una medida de carácter estrictamente jurídica”, se trata de una acción política irresponsable del gobierno federal” al haber emitido el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

El acuerdo que se tomó en el pleno, añadió, “nos convoca a analizar toda la información jurídica, sin embargo, afirmó, el decreto del gobierno de Felipe Calderón no es exacto, porque por un lado plantea la extinción de las relaciones colectivas de trabajo por parte de la extinción de la persona moral patronal, que en este caso es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pero no establece la extinción o desaparición de la actividad laboral”.

Consideró que el decreto del Ejecutivo resulta nulo de pleno derecho o afectado de inexistencia por no haberse respetado normas de orden público e irrenunciables, como las establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, el diputado Roberto Gil Zuarth (PAN) destacó que este grupo de trabajo tiene competencia, facultades y tareas expresas y no puede invadir otras esferas, por lo que consideró que se debe tener a la vista el análisis jurídico-técnico que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para emitir una recomendación en torno a la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

“Debemos tener a la vista el informe de la ASF, que es un órgano de la Cámara de Diputados con rango constitucional, mismo que ya se pronunció sobre la pertinencia de activar el mecanismo establecido en la Ley de Entidades Paraestatales, específicamente, la facultad exclusiva del Presidente de la República para extinguir a un organismo descentralizado”.

Jaime Cárdenas Gracia (PT) señaló que lo pedido por la ASF fue evaluar la posibilidad de la extinción del organismo y no concluyó en su desaparición. “No creo que la ASF haya hecho un análisis jurídico acerca de las competencias que tiene el Ejecutivo o el Congreso”, sin embargo, aceptó, ese informe es un documento que debemos tener a la vista junto con la información derivada de la Secretaría de Energía para determinar que la empresa no era costeable.

“Esto implica tener la información jurídica del gobierno federal sobre cuáles fueron las razones legales adicionales a las expuestas en el decreto y, a su vez, analizar las razones jurídicas del Sindicato Mexicano de Electricistas para sostener que dicho decreto es inconstitucional o nulo de pleno derecho”.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua (PAN) señaló que no debe tornarse este grupo en una instancia estrictamente política y recalcó la posición de su partido de que no existe ninguna acción de inconstitucionalidad. “La responsabilidad es entregar un documento; no hay que desviarnos y salirnos del tema o de lo contrario vamos a terminar en un desastre que merme la opinión pública hacia los diputados”.

El legislador Gerardo Sánchez García (PRI) dijo que la Cámara tiene la enorme responsabilidad de tomar una posición respecto al decreto de extinción de LyFC; “el rol es importante y, como tal, se estará a la altura de emitir un dictamen objetivo”.

De Acción Nacional, el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba propuso ceñirse a la constitucionalidad del decreto, y dijo que no debe tomarse el asunto como una posición de carácter político. “Nuestro cometido es único: analizar la constitucionalidad de ese decreto”.

El diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) precisó que la mejor manera de encontrar una solución al problema es trabajar sobre el acuerdo aprobado en el Pleno, en el sentido de que se estudie y evalúe una propuesta.

El diputado Nazário Norberto Sánchez (PRD) propuso invitar a una reunión al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, con el objeto de que informe cómo se llevó el procedimiento de extinción de la empresa, ya que “es el responsable directo”.

Por el PRI, el legislador Amador Monroy Estrada indicó que es necesario ser propositivos a efecto de presentar al Pleno la mejor posición. “Se trata de un verdadero análisis del tema y por ello debemos tener toda la documentación que nos permita conocer todo el panorama”.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) propuso llevar a cabo tres sesiones; en la primera, hacer un análisis general con discusión de cada uno de los documentos; segunda, discusión puntual con argumentos jurídicos; en la tercera, conclusiones y dictamen.

Subrayó que su bancada sostiene y mantiene la postura de que es inviable jurídicamente tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional.

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) aseguró que se debe tener una reunión con los miembros del sindicato y funcionarios del gobierno para escuchar sus argumentos jurídicos, técnicos y económicos.

En tanto, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) dijo: “Sería útil escuchar a los actores, porque si bien se va a definir si es la inconstitucionalidad o es la controversia, también es importante ver cuáles son los antecedentes históricos y políticos del problema”.

El diputado Nazário Norberto Sánchez (PRD) refirió que es una controversia constitucional, “no es una acción de inconstitucionalidad la que se debe promover, pero además también coincido en que debemos tener información precisa y exacta para poder tener la motivación para ver y sustentar la controversia constitucional”.

Al respecto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) señaló: “La naturaleza del equipo de trabajo no es determinar, en cualquier sentido, si entra la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional; esa será labor de los abogados que representen los interese de los afectados”.

La naturaleza de este grupo de trabajo, especificó, es determinar si se vulneraron los fundamentos legales que mandatan a la Cámara de Diputados para emitir o no el decreto.

En tanto, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) dijo que para inclinarse por algunos de los dos recursos jurídicos “requerimos de la información, de tal suerte que la ruta crítica propuesta permitirá en su momento, tomar cualquiera de las decisiones que se tomen”.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política para integrar el citado grupo de trabajo fue aprobado el pasado 22 de octubre y publicado en la Gaceta Parlamentaria.

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