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Boletín N°. 0300 Sin los programas de protección social en 2008 tendríamos casi 2.6 millones de pobres más

• El titular del Coneval afirmó ante diputados que la prioridad es revertir la pobreza

El reto para 2010-2012 es, sin duda, reducir los índices de pobreza, afirmó el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, ante la Comisión de Desarrollo Social.

El funcionario recordó que a finales de 2008 se observó un “importante descalabro” en la economía nacional, por lo que la pobreza a nivel nacional podría ser mayor para 2009, “lo cual implica que la prioridad es reaccionar para revertirla”.

Para reducirla, señaló, es necesario fortalecer la red de protección social, el acceso universal a la salud y una mayor coordinación en programas alimentarios y de nutrición, además del crecimiento económico y creación de empleos.

Así como fortalecer políticas y programas para mejorar la cobertura escolar en educación media y superior; perfeccionar la calidad de servicios educativos y de salud en entidades y municipios, especialmente para abatir la mortalidad materna y diseñar estrategias para reducir los casos de obesidad.

En reunión de trabajo, dijo que del 2006 a 2008 la pobreza patrimonial, alimentaria y de capacidad se incrementó debido al aumento en los precios de los alimentos, de casi 20 por ciento, en tanto que la inflación promedio se ubicó en diez por ciento.

Precisó que sin la existencia de programas gubernamentales que apoyen la protección social, como es el caso de Becas del gobierno, Procampo, Adultos Mayores y Oportunidades, en 2008 hubieran existido casi 2.6 millones más de personas en pobreza.

Hernández Licona mencionó que de esos 2.6 millones de pobres adicionales sin esos programas, 2.2 sería pobres rurales y solamente 0.4 de pobreza urbana. “Los programas de protección social han estado en áreas rurales y la pobreza se ha contenido, sin embargo, en las urbanas no hay tantos argumentos de protección social y, por lo tanto, ahí el efecto de éstos es mucho menor”.

Los municipios que contribuyen más en número a la pobreza alimentaria del país, subrayó, son Acapulco; Ecatepec; Iztapalapa; Nezahualcóyotl; Puebla; Ocosingo, León; Durango; Toluca; Aguascalientes.

En educación, la cobertura ha ido subiendo en todos los niveles escolares; en el nivel básico (primaria y secundaria) ya se alcanza el 95 por ciento de cobertura, mientras que en media superior y superior, “a pesar del avance se está lejos del cien por ciento, lo cual implica otra prioridad”.

Respecto a vivienda, dijo, hay menos hogares con piso de tierra o sin energía eléctrica. En tanto que en el rubro de alimentación, el promedio de la desnutrición de los niños menores de cinco años ha bajado en los últimos 16 años; sin embargo, las deficiencias en los niños indígenas siguen casi el doble que el promedio nacional.

El Secretario Ejecutivo del Coneval destacó que otro elemento importante es la obesidad, la cual ha ido creciendo; la esperanza de vida aumentó; la mortalidad materna se redujo (estamos en 55 muertes por cada cien mil nacimientos, cuando la meta del milenio es de 22), y el porcentaje de familias sin derechohabiencia sigue siendo muy alto.

Precisó que como resultado de las evaluaciones realizadas a programas sociales, se han dado resultados positivos en programas que mejoran la nutrición, la salud y la educación de las niñas, niños y adolescentes en pobreza, tal es el caso de los programas de Abasto Social de Leche de Liconsa, Alimentario, Oportunidades, Abasto Rural de Diconsa, así como las acciones de Piso Firme.

Algunos aspectos que deben mejorar, puntualizó, es el rezago en la infraestructura carretera y de comunicaciones en las zonas más pobres; la dispersión de programas sociales, principalmente en microcréditos y apoyo al empleo.

“Así como los enfocados a la alimentación y a la nutrición; la falta de información de evaluaciones independientes en estados y municipios; la insuficiente calidad de los servicios de salud y de educación y el retroceso de diversos programas y acciones sociales”.

El presidente de la Comisión, diputado José Francisco Yunes Zorrilla, precisó que el objetivo de la reunión es caminar en la superación de la pobreza, por lo que solicitó al Secretario Ejecutivo del Coneval recomendaciones de carácter presupuestal en los programas, para que se puedan integrar en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Hugo Héctor Martínez González (PRI) cuestionó qué tanto beneficio se lograría en caso de darse “un auténtico federalismo social”, que los municipios y estados puedan ejercer parte del presupuesto de manera directa, a fin de evitar subejercicios.

Señaló que existe la dispersión de programas sociales a nivel federal, estatal y municipal; “el Coneval ha hecho alguna recomendación para que esto se evite y los recursos lleguen a donde más hacen falta”.

Comentó que el gobierno federal está proponiendo, como en años anteriores, aumentar el presupuesto del programa Oportunidades, “desafortunadamente y a pesar de otorgar el alza en los recursos se ha registrado un considerable crecimiento de la pobreza”, por lo que preguntó si al cambiar los mecanismos se podrá revertir la actual situación.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (PAN) señaló que la evaluación permanente de las acciones de gobierno es el mejor camino para la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido pidió que se evalúe el desempeño de las políticas públicas en los tres niveles de Gobierno.

“Requerimos también que se haga en gobiernos estatales y municipales, donde ha habido opacidad y donde no conocemos cuáles son los resultados de los programas. Hemos escuchado la exigencia de la descentralización de los recursos, pero no conocemos lo que ha estado ocurriendo con éstos”, enfatizó.

Luego de resaltar que el desarrollo social es la columna vertebral para el combate a la pobreza, la legisladora aseveró que sin programas como el de Oportunidades el incremento de la pobreza sería mayor, sobre todo en el medio rural.

Dijo que mientras no se tenga información de beneficiarios en los tres niveles de gobierno “será mucho más difícil asignar los recursos de manera eficiente. Necesitamos trabajar en un padrón universal, no sólo federal, sino municipal y estatal”, subrayó.

A su vez, el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD) afirmó que en los últimos años el subejercicio se ha convertido en una práctica cotidiana de la administración pública federal.

“En el primer trimestre de 2009, el gobierno federal ejerció menos del 10 por ciento del presupuesto anual asignado a los 13 programa destinados a superar la pobreza, entre los que destacan Liconsa, Seguro Popular, Telesecundarias, Apoyo a la Mujer, Jóvenes Jornaleros, Migrantes, Becas y Proyectos productivos”.

Añadió que el programa para el fortalecimiento de los servicios de la educación en telesecundaria reportó la menor aplicación de recursos, “sólo el 0.3 por ciento de los 381 millones de pesos asignados; mientras que el programa de atención a la salud reproductiva y a la igualdad de género ejerció el 0.5 de los 455.7 millones de pesos aprobados”.

El programa de abasto social de leche Liconsa, continuó, aplicó sólo el 3.9 por ciento de mil 569 millones de pesos; el del Seguro Popular ejerció el 8.7, de 33 mil millones de pesos; el programa 3X1 para migrantes ejerció 7.9 de 562 millones de pesos.

“En contraste, el de Adultos Mayores 70 y Más y el de apoyo al empleo temporal y el de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria aplicaron entre el 30 y el 40 por ciento de su presupuesto; sólo 4 programas superaron la aplicación del 40 por ciento de sus recursos”.

Ante ello, sugirió crear un esquema de sanciones para quienes “no saben ejercer el gasto; no podemos dejar que permanezcan en los puestos”.

En respuesta, Gonzalo Hernández Licona destacó que el problema de los subejercicios se resolverá cuando los servidores públicos tengan la capacidad de hacer bien su trabajo.
También, dijo, cuando se dé una mayor coordinación con la parte estatal y municipal, porque en ocasiones el recurso no baja debido a problemas de comunicación con los tres niveles de gobierno.

“Además, pasamos del gasto sin ningún control, en las décadas de los setenta y ochenta, a un gasto con demasiados controles que, desafortunadamente, tampoco ha resuelto el tema de la corrupción”.

También participaron las diputadas Narcedalia Ramírez Pineda, Adriana Terrazas Porras, María de Jesús Aguirre Maldonado y los diputados Gerardo Sánchez García y Elpidio Desiderio Concha Arellano, del PRI; Enrique Torres Delgado, Sergio Octavio Germán Olivares y Gerardo Cortez Mendoza, del PAN; Samuel Herrera Chávez, del PRD.

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