Al fijar posicionamientos sobre la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, diputados de oposición se manifestaron por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y por impulsar políticas públicas en la prevención de embarazos no deseados.

En tanto, legisladoras de Acción Nacional se pronunciaron por proteger los derechos de las mexicanas y mexicanos que están por nacer, y destacaron que el aborto es una forma más de violencia contra la mujer.

La diputada Leticia Quezada Contreras (PRD), impulsora del punto, señaló que en su partido la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, garantizar su facultad para decidir sobre su propio cuerpo, concluir llevar a término o no un embarazo, es una prioridad y un compromiso ineludible.

Es impostergable, dijo, dar una lucha frontal y eficaz contra el conservadurismo y la misoginia que han permitido que en 16 estados del país se criminalice a las mujeres por el simple hecho de decidir no llevar a término un embarazo. “Tenemos que dar marcha atrás a esas reformas que violan los derechos humanos de las mujeres”.

Puntualizó que en los últimos meses se han endurecido las constituciones y leyes locales, criminalizando a las mujeres y acotando, aún más, sus derechos. “En algunos estados se ha limitado por completo el derecho a acceder al aborto aún en caso de violación o peligro para la madre o el producto del embarazo, ya ni mencionar el derecho de las mujeres a decidir con libertad sobre su cuerpo y sobre los hijos que desea tener, ya que este derecho sólo se le ha reconocido en el Distrito Federal”.

De Convergencia, la legisladora María Teresa Rosaura Ochoa Mejía expresó que no se puede seguir cerrando los ojos a una realidad. “Quiero refrendar frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas, la respuesta de los partidos políticos y legisladores que han tomado la decisión sobre las reformas a la Constitución en 16 estados del país, no puede seguir sucediendo”.

Añadió que estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de los derechos de las mujeres. “Hay que seguir en la lucha con lo que podamos y hasta donde podamos; por la mujeres en su derecho a decidir por ellas”.

Por el PRI, la diputada Ana Estela Durán Rico puntualizó que la despenalización del aborto hizo visibles aspectos coyunturales y sustantivos de los derechos de las mujeres, y que conforme se aprobaba en los estados el endurecimiento de las penas al ejercicio consagrado en la Constitución se irrumpía en la opinión pública incluidos partidos y organizaciones de la sociedad civil, la histórica dicotomía entre el Estado laico y la iglesia.

Resaltó que en el PRI se contempla el principio de no discriminación e igualdad de género; respeto a la diversidad y derechos humanos, así como atención integral de la salud de las mujeres, particularmente la reproductiva y su derecho a decidir la cantidad de hijos, y el fomento a la cultura de la prevención de embarazos no deseados.

“Las decisiones de los legisladores no pueden basarse en encuestas o presiones de líderes de opinión; el derecho a decidir no está sujeto al voto de nadie, es un asunto personal y de conciencia; las mujeres progresistas seguiremos luchando porque se respete el derecho a decidir y la equidad de género”.

En tanto, la diputada Ifigenia Martínez y Hernández (PT) expresó que los derechos de mujeres existen y deben respetarse. “Cada mujer tiene el absoluto derecho a decidir, a ser responsable en lo que toca su salud y sobre todo a su poder reproductivo”.

Indicó que el Estado tiene que otorgar toda la información y la educación de lo que significan las diferencias de sexo, los derechos humanos y, en especial, el acceso para que se tengan datos suficientes para que el derecho de dar vida sea en plena conciencia y libertad de las mujeres.

“Nos preocupa que puede haber legislación en ciertos estados en donde por la fuerza se obliga a las mujeres a tener conductas que no corresponde a su voluntad; mi intervención, es para decir que continuemos por el camino de plena responsabilidad a los derechos sociales de las mujeres”.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (PAN) precisó que su partido se declara respetuoso del derecho inalienable de la vida amparada en la Constitución Política.

Recordó que en Acción Nacional se han impulsado iniciativas de ley o leyes ya existentes como: La Ley de la Adopción, de la Maternidad, de la Paternidad, las ayudas a las familias que en un momento dado tienen hijos y que desean continuar sus estudios y poderse realizar verdaderamente como seres humanos.

“Este derecho a la vida nos beneficia a todos, como ciudadanos, comunidad y sociedad; tenemos que encontrar las razones por las cuales estas jóvenes están abortando y no permitir que esta situación se siga dando; tenemos que proteger los derechos de las mexicanas y mexicanos que están por nacer y también de estas madres que tienen derecho a trabajar y ser escuchadas”, abundó.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) subrayó que la causa del aborto es la falta de educación, de orientación y de precaución. “Ningún país del mundo ha disminuido el número de los abortos por haberlos penalizado, y ni siquiera se atreven a mandar a las madres a la cárcel. Eso no existe, es un prurito en contra de la República, con el que tenemos que acabar de una vez”.

De Acción Nacional, la legisladora Paz Gutiérrez Cortina expuso que el aborto es una forma más de violencia contra la mujer, “quien lo ha experimentado, sabe de la violencia contra sus instintos más primarios, contra sus sentimientos y emociones, contra todo eso que va más allá del estado de conciencia, ocasionando las perturbaciones que se conocen como el síndrome post aborto”.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) dijo que la legislación que se ha auspiciado en 16 estados lo primero que hace es negar los derechos propios de la mujer y volver a considerarla objeto y, en este caso, útero, “ya no somos personas porque estamos despojadas de nuestras libertades y autonomía en la decisión; somos solamente consideradas recipientes”.

Participaron además los diputados del PT, Laura Itzel Castillo Juárez, José Gerardo Fernández Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia; por el PAN, Francisco Javier Salazar Sáenz y Carlos Alberto Pérez Cuevas, así como Víctor Manuel Castro Cosío (PRD).

Posteriormente concluyó la Sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre, a las 10:00 horas.

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