Con el objeto de dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, se instaló un grupo de trabajo.

Su presidente, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) dijo que este grupo no tendrá una decisión final sino que entregará trimestralmente un informe al Pleno Camaral en cuanto a cómo se desarrolla el proceso; sus labores concluirán en el momento en que se resuelvan de manera definitiva los casos a que dará seguimiento.

Respecto al proyecto de plan de trabajo, manifestó que se establecerán reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos; con el Senado de la República; la Procuraduría General de la República y representantes del Poder Judicial Federal.

Además, con la legislatura local de Michoacán; la Comisión estatal de Derechos Humanos; los defensores de los ex servidores públicos y realizarán visitas a los inculpados que se encuentran en el Cefereso de Nayarit.

Moreira Valdez precisó que las labores de seguimiento a los procesos judiciales que realice el grupo de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo relativo al acceso a los expedientes de las averiguaciones previas.

De Acción Nacional, el legislador Agustín Torres Ibarrola se congratuló con la conformación del grupo, y dijo que será muy respetuoso de la división de poderes, como lo establece el artículo 49 de la Constitución Política.

“La integración no es con el propósito de realizar una función jurisdiccional sino de vigilar y dar seguimiento a estos procesos para que se cumpla lo que establece la Carta Magna en el artículo 16, que es el acceso a una justicia pronta, expedita y apegada a la legalidad”.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) sostuvo que el grupo tendrá un objetivo muy importante y traerá beneficios trascendentales. “La idea no es actuar en contra de las instituciones, ni satanizarlas, sino analizar y dar seguimiento a una problemática con el principio de transparencia y equidad”.
Por el PVEM, el legislador Diego Guerrero Rubio destacó que ante los grandes desafíos que se enfrentan hoy en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia, y bajo la premisa de que se vive en un Estado de derecho, es necesario que la labor del grupo parta del supuesto de que en todo juicio penal los procesados tienen derecho a la garantía de tener un debido proceso y que el órgano jurisdiccional observe el principio de la legalidad al dictar una sentencia.

Reiteró su disposición a trabajar en conjunto a fin de dar seguimiento a todos estos procesos judiciales.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) manifestó el compromiso de su partido para colaborar con el grupo, ya que está de por medio la situación jurídica y derechos humanos de las personas. “Se debe desahogar de forma rápida y expedita la visión y el trabajo encomendado”.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) subrayó que será respetuoso de la división de poderes; objetivo en las decisiones que se tomen al interior del grupo y vigilante de los derechos políticos que tienen los ex funcionarios de Michoacán.

También integra el grupo, la diputada de Nueva Alianza, Cora Cecilia Pinedo Alonso.

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