A fin de eliminan las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD), presentó una iniciativa que reforma los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución.

El legislador señaló que las modificaciones buscan armonizar el actual orden jurídico con la realidad económica y social de la población, debido a que las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos se han recrudecido a consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas.

Externó que, en contraste, la percepción anual total de los ex presidentes oscila entre los 29 y 53 millones de pesos. “En momentos tan críticos por los que atraviesa la República se hace oportuno terminar con este tipo de prerrogativas de ex presidentes que laceran la dignidad de toda la sociedad y pueblo de México”.

Subrayó que diversos estudios destacan que con los recursos que se destinan en un año a estas compensaciones vitalicias se podrían pagar anualmente 17 mil salarios mínimos mensuales, cuatro mil 814 salarios de policías en el Distrito Federal en el mismo periodo, así como emprender la construcción de más de mil 500 viviendas populares.

Jurídicamente, añadió, es inconstitucional que sigamos asignando y aprobando recursos presupuestarios para tal objeto, toda vez que se continúa dando vigencia a decisiones que de origen se tomaron de forma unilateral y contraria a la voluntad popular y que nunca han tenido respaldo en la ley fundamental. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Certificar a beneficiarios de subisdios

El diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI) propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades de la administración pública, en la medida de lo posible, se establezcan mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario.

De esa manera, dijo, se garantizará el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de los subsidios y con ello se podrán atender las necesidades de diversos sectores de población.

“Por esa razón, resulta conveniente que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades de la administración pública establezcan mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar la aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la materia”. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Erradicar violencia laboral contra mujeres

A la Comisión de Equidad y Género se canalizó la iniciativa de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara (PRI), que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para erradicar cualquier tipo de transgresión a los derechos de este grupo, independientemente de su clase, raza, nivel de ingresos, educación, edad, religión y orientación sexual.

En el documento se manifiesta que la violencia laboral aumenta con la edad de las mujeres hasta antes de los 40 años y que desciende ligeramente de los 40 años en adelante.
Por nivel de escolaridad se aprecia un comportamiento que denota mayor violencia entre las mujeres con menores estudios: 32.2 por ciento con primaria incompleta, contra 30.6 por ciento de quienes sí cuentan con primaria completa o secundaria.

Esta circunstancia ayuda a entender por qué las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquilas, donde es mínimo el nivel educativo, se registra la más alta prevalencia de incidentes de violencia: 45 de cada 100.

En el país, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.

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