Diputados del PRI, PAN, PRD y PT plantearon sus posicionamientos sobre la declaración política de los pueblos indígenas y su educación; destacaron la importancia de retomar el contenido de ésta y realizar las reformas necesarias para su cumplimiento.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI) se manifestó por profundizar el compromiso de los poderes públicos, los partidos políticos y la sociedad a favor de la reivindicación de los pueblos originarios, ya que para ellos es inaceptable que el 12 de octubre siga siendo considerado día de la Raza, pues a más de 500 años la realidad social es contundente, “México es un país pluricultural”.

Dijo que es necesario debatir sobre el significado de la gestación del 12 de octubre, ya que es cierto que la resistencia y la dignidad indígenas ha sido la historia de los pueblos desde 1492 y que el futuro de todos los mexicanos está sustentado en el diálogo intercultural, el cual supone equidad y respeto entre los interlocutores sean pueblos o instituciones.

“Quienes formamos parte de la clase política, además de los discursos, debemos expresar nuestra voluntad y desplegar nuestra capacidad para formular los instrumentos que permitan construir las bases de un Estado pluricultural de derecho y, con ello, garantizar el ejercicio pleno de los pueblos indígenas”.

La diputada María Felicitas Parra Becerra (PAN) precisó que las reformas constitucionales de 2001 sin duda marcaron cambios sustanciales en las políticas del Estado, al construirse una nueva relación entre éste, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo y el respeto a las diferencias.

México, destacó, es una nación pluriétnica y multicultural, ya que actualmente hay 13.2 millones de indígenas que representan el 12.6 por ciento de la población total.

Añadió que la Administración Federal ha impulsado diversas acciones encaminadas a transformar el modelo de atención hacia esos pueblos y comunidades, el cual se ha basado en el fortalecimiento de las instituciones, como la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, quien ha encaminado sus esfuerzos por promover el reconocimiento y vigencia de los derechos indígenas.

“Nos manifestamos por avanzar en todos los campos que permitan fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de lograr su desarrollo integral. Pedimos retomar el contenido de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y avanzar en las reformas integrales necesarias para su cumplimiento”.

A su vez, el diputado Domingo Rodríguez Martell (PRD) señaló que a cien años de la Revolución Mexicana y a doscientos de la guerra de Independencia, la exigencia de los pueblos indígenas sigue siendo su inclusión y reconocimiento en la Carta Magna, para ser parte de este Estado-nación.

Se pronunció por la armonización de la Carta Magna, para que se respeten y reconozcan los derechos contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para que con ello, las comunidades sean reconocidos como sujetos de derecho garantizando su libre determinación de autonomía y de consulta con consentimiento.

“Estamos unidos para luchar por un nuevo Congreso Constituyente que habrá de instalarse llegado el momento, donde todas nuestras propuestas serán escuchadas y objeto de una revisión seria y profunda con el fin de que sean incluidas sin mutilación ni regateos en la nueva Carta Magna”, agregó.

Por el PT, el legislador Jaime Fernando Cárdenas Gracia dijo que los derechos de los pueblos indígenas constituyen una asignatura pendiente, porque la reforma constitucional de 2001, no dio cumplimiento cabal a los acuerdos de San Andrés, mismos que fueron suscritos por el gobierno federal y por las organizaciones, pueblos y comunidades indígenas.

El marco constitucional en materia indígena previsto en el artículo segundo de la Carta Magna, abundó, está muy lejos del contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y de la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre la declaración de los pueblos indígenas.

Manifestó que en México los indígenas siguen reclamando autonomía plena. “No se les quiso conceder autonomía territorial a sus pueblos y comunidades; en el artículo segundo constitucional no hay una tutela efectiva y adecuada a sus derechos colectivos; la Constitución los considera entidades de interés público y no personas de derecho público”.

El diputado Martín García Avilés (PRD) acotó que no solamente basta recordar las severas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas sino que el desacato de éstos se presenta día a día en las diferentes instituciones y ahora en empresas televisivas.

De Acción Nacional, el legislador Guillermo José Zavaleta Rojas expresó que en su partido se ratifica el compromiso de contribuir en el trabajo legislativo que permita generar las reformas necesarias al marco legal vigente a fin de garantizar una vida digna para los pueblos indígenas, que reconozca sus derechos sociales, colectivos e individuales, respetando siempre sus usos, costumbres y tradiciones.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández (PRI) subrayó que existe una creciente desigualdad y discriminación social que ha hecho altamente vulnerable a los pueblos y comunidades indígenas, los cuales se encuentran en condiciones de extrema pobreza y educación de baja calidad.

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