Por 143 votos en pro, 252 en contra y 29 abstenciones, el Pleno Camaral reprobó la modificación hecha por el Senado de la República al artículo Primero Transitorio referente al artículo 244-E de la Ley Federal de Derecho y quedó en los términos aprobados el 20 de octubre por la Cámara de Diputados.

En este sentido, se mantiene el vacatio legis (plazo existente entre el momento de la publicación de una ley y su entrada en vigor) de dos y tres años para la entrada en vigor del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, referente al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bloques de frecuencias del espectro radioeléctrico, ubicados en los rangos de 1710 a 1770 MHz y de 2110a 2170 MHz, en la prestación del servicio de acceso inalámbrico.

El ordenamiento establece el cobro por cada región en la que se opere y por cada kilo-hertz concesionado o permisionado, al igual que otros derechos sobre espectro radioeléctrico; considerando que el Ejecutivo Federal licitará próximamente las concesiones sobre las bandas de frecuencias del espectro descritas y que actualmente no existen concesiones ni derechos respecto de dichas bandas de frecuencias.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Pablo Rodríguez Regordosa (PAN), señaló que la Cámara de Diputados turnó al Senado un artículo transitorio en el que se exenta del pago de derechos por la licitación de dichas bandas de radiofrecuencia y la colegisladora decidió omitir la exención.
En su oportunidad, José Narro Céspedes (PRD) afirmó que se exime a los concesionarios del pago de derechos por dos o tres años, y, durante ese lapso, “no van a pagar impuestos; si estas concesiones deberían dar un ingreso anual, por lo menos, de dos mil millones de pesos, estamos hablando de cuatro mil o seis mil millones de pesos para la recaudación”.

Consideró que, al igual que con el sistema consolidado, “no busca gravar esos derechos, pero sí se grava a través de un impuesto a los sectores más vulnerables con un impuesto agresivo, concentrador de la riqueza, impulsa la recesión el desempleo y el estancamiento económico”.

Refirió que una concesión similar en Estados Unidos, otorgada por siete años, tuvo un costo de 13 mil millones de dólares, “en México, pensamos que, cuando menos, aquí debe ser de cinco mil millones de pesos, entendiendo que ésa es la cantidad a recaudar y es preocupante que con la propuesta eximan el pago de este derecho”.

Sostuvo que la modificación del Senado elimina privilegios que “malsanamente se pretendían incorporar para beneficiar a unas empresas en detrimento de la competencia en el mercado de comunicaciones y del erario público”.

El diputado del PAN Javier Corral Jurado, consideró que el Senado rectificó dicho artículo que disponía una exención de cinco mil 600 millones de pesos a los operadores de telecomunicaciones que resulten concesionarios de la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico que va de 1.7 gigahertz al 2.1 para servicios móviles de tercera generación

“Es un privilegio fiscal indebido para unos cuantos, mientras que a la población en general el paquete le ha impuesto varias cargas fiscales y aumentos de tasas impositivas”.

Explicó que en México las concesiones de espectro para el servicio de telecomunicaciones se otorgan mediante subasta con una base mínima de entrada a la licitación, y el precio para esta banda será de seis millones de pesos por megahertz, a diferencia del pago del derecho anual de 32 millones de pesos.

Enseguida, el diputado César Francisco Burelo Burelo (PRD), dijo que su partido votará a favor de la enmienda del Senado, pues de no aprobarse se dejarían de recaudar seis mil 800 millones de pesos al año, lo cual beneficiaría a monopolios de la comunicación.

La reforma del Senado para cobrar un derecho por la concesión de los bloques de las bandas del espectro radioeléctrico establece que surta efectos a partir del primero de enero de 2010.

Agregó que el artículo 28 Constitucional prohíbe las exenciones de impuestos; además, “hay una violación al principio de equidad tributaria y, de otorgarse, a nuevos concesionarios, los que ya gozan de una concesión podrían alegar un trato desigual o discriminatorio en relación con el pago del derecho”.

Más adelante, el diputado Guillermo José Zavaleta Rojas apuntó que no es razonable plantear una excepción de esa naturaleza que equivale a más de 5 mil millones de pesos, cuando buena parte de la discusión se trata con la falta de recursos fiscales en el país.

“Estamos hablando de una condonación del pago de derechos a grandes contribuyentes y posiblemente a empresas de capital extranjero cuando el resto de la población tendrá que pagar sus impuestos sin ningún tipo de ayuda”, enfatizó.

Enfatizó que las empresas deben pagar lo justo dentro de un marco legal que permite un negocio rentable por su propia naturaleza.

Refirió que el Estado mexicano requiere recursos, viabilidad financiera y una sana convivencia entre empresarios y el gobierno, “necesita empresas socialmente responsables que, al igual que millones de mexicanos, cumplan con sus obligaciones fiscales en virtud de la urgencia presupuestal”.

A su vez, el diputado Jaime Cárdenas Gracia indicó que su grupo parlamentario votaría a favor de lo realizado por el Senado de la República “cuando suprimió lo que se había aprobado como artículo primero transitorio en relación con el artículo 244 E”.

Precisó que en términos tributarios no puede haber excepciones en el pago de tributos que no tengan justificación y la prórroga que se había aprobado viola el principio de proporcionalidad, porque el pago debe hacerse de acuerdo a la capacidad contributiva, por lo que insistió en apoyar la modificación realizada por el Senado.

El diputado Roberto Gil Zuarth consideró que el país debe empezar a ver la política en las telecomunicaciones sin prejuicios y como una política pública para generar desarrollo y crecimiento.
Señaló que su fracción parlamentaria, en materia de telecomunicaciones siempre ha apostado por la competencia, convergencia y por la cobertura y “no tenemos ninguna duda”.
Refirió que se afirma que se están entregando privilegios “indebidos para explotar una banda, pero ese mismo argumento puede ser utilizado en sentido contrario; encarecer una banda de desarrollo puede ser también una forma de cuidar privilegios y fortalecer monopolios”.
“Es una banda valiosa, es el siguiente paso a la implementación tecnológica y de nuevos servicios, la tercera generación. Precisamente porque es valiosa, el mercado se encargará de compensar su valor en la subasta ascendente, precisamente para que el Estado recaude justamente el valor de esa banda”, sostuvo.

Posteriormente, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) afirmó que es necesario unir esfuerzos para revisar el régimen fiscal actual, que representa una “carga impositiva reflejo de la imposibilidad que tenemos para surgir como nación productiva y franco desarrollo”.

A su vez, el diputado Óscar González Yáñez (PT) aseguró que para este dictamen no se llevó a cabo el trámite legislativo correspondiente, por lo cual se dictaminó una iniciativa que no fue sujeta al procedimiento que maraca el reglamento y pidió a la presidencia de la Cámara enviar al Senado de la República una notificación sobre este asunto.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Jesús Alberto Cano Vélez (PRI) se pronunció a favor de mantener el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos, en los mismos términos en que se aprobó por esta soberanía, ya que, dijo, sirve como estímulo a la inversión e infraestructura y alienta la competencia entre operadores.

Argumentó que pretender cobrar desde el primer momento derechos de la Banda 1 700 provocaría desaliento en el interés por explotarla en detrimento de una mayor competencia del sector.

Agregó que “los concesionarios de la banda tendrían un valor total de 14 mil millones de pesos y con las cuotas previstas en el artículo, el gobierno Federal obtendrá un ingreso medido, en valor presente, estimado en un monto superior a 23 mil millones de pesos”.

En tanto, el diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) aclaró que mantener dicho artículo en sus términos originales favorece al “duopolio televisivo”.

Manifestó que se quiere exentar de 5 mil millones de pesos a las grandes empresas, “aquí se está defendiendo a las empresas televisivas que son las únicas que van a hacer uso de esta tecnología”.

Más adelante, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), puntualizó que las televisoras tienen que participar y pagar las licitaciones de las nuevas concesiones del espectro radioeléctrico, “como se paga en todo el mundo”.

Expresó que el sistema fiscal mexicano privatiza los beneficios, socializa las pérdidas y entrega los bienes públicos de la nación a los grandes empresarios, en detrimento de los beneficios que debería de recibir el pueblo. “Es un sistema equivocado, no es democrático y no está construido desde los trabajadores, con la distribución de la riqueza ni con la capacidad contributiva de cada uno”, puntualizó.

Aprobado en lo general y en lo particular se regresó al Senado para los efectos constitucionales.

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