El grupo de trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica por emprender con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, acordó presentar al Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 10 de noviembre, los argumentos jurídicos a favor y en contra de interponer una controversia constitucional por este acto del Ejecutivo.

El grupo de trabajo solicitará a la Junta de Coordinación Política que las dos posiciones que existen al respecto sean presentadas al Pleno para determinar lo conducente el próximo martes, 10 de noviembre, y que se agende como un asunto de urgente y obvia resolución.

Luego de haber recibido diversa información por parte de sus integrantes, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados, profesionistas en lo particular, así como análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y escuchar las diferentes posturas, se definieron cinco puntos de estudio para saber si se reúnen los requisitos de procedencia.

El presidente del grupo de trabajo, Alfonso Navarrete Prida, propuso realizar ante la asamblea una relatoría sobre los trabajos realizados durante cinco reuniones, así como de los argumentos vertidos por sus integrantes en pro y en contra de la referida acción jurídica para proceder a dar la palabra a dos diputados que expongan en uno y otro sentido, respectivamente.

Posteriormente, agregó, dejar en manos del Pleno, conforme a las reglas establecidas, la discusión y votación del tema.
En el evento, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Juan Alberto Galván Trejo, reiteró que el plazo límite para interponer la controversia constitucional que contempla la Ley, si así lo determinará el Pleno, es el 24 de noviembre.

Navarrete Prida expresó: “No obstante lo apresurado del tiempo, tuvimos 5 sesiones de trabajo, escuchamos a grupos y analizamos estudios; las posiciones y argumentos son sólidos para que el Pleno tome una buena decisión”.

“Hay argumentos de derecho. Existe un artículo transitorio de una Ley que ordenaba la creación de un organismo público, en este sentido hay quienes piensan que esta disposición hacía que la vida jurídica del organismo dependiera del Congreso de la Unión”.

“Pero también hay quienes argumentan que el Ejecutivo federal tiene plenas facultades jurídicas para crear y extinguir organismos públicos, y que si bien es cierto que lo mandató esa Ley para crearlo tampoco lo mandató a que tuviera que consultarle sobre su desaparición sino que ya entraba en su esfera de facultades”, agregó.

Señaló que los ejes de la discusión versarán sobre si hay o no una violación directa a la Constitución en el decreto del Ejecutivo federal respecto a la invasión de la esfera de facultades del Poder Legislativo.

Otros de los ejes es establecer si hay o no violación a la Carta Magna sobre las facultades del Congreso respecto del capítulo económico al hablar de que el decreto toca a un sector estratégico como es la energía eléctrica, agregó.

Asimismo, los argumentos de la discusión serán sobre si se violaron o no derechos laborales; si hubo violaciones de legalidad o si el acto del Ejecutivo es o no administrativo o si creó situaciones de carácter general.
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