Con el objeto de que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa destinen al gasto en educación pública y servicios educativos un monto no menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto, los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI) propusieron reformar la Ley General de Educación.

A través de una iniciativa, los diputados pretenden que también se destine al menos uno por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

Además, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal anterior.

Subrayaron que en la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberá dar continuidad y concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Resaltaron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se asignaron 200 mil 930.5 millones de pesos al ramo correspondiente a la Secretaría de Educación Pública, importe que en el PEF 2010 se establece en 196 mil 415.6 millones de pesos.

“Se observa un decremento de 14 mil 360.49 millones de pesos, lo que representa una variación real de 6.8 por ciento”.

De igual forma, mencionaron que a fin de elevar la calidad educativa en México es necesario no sólo garantizar un presupuesto suficiente año tras año, sino revisar la distribución de éste, ya que actualmente el 95 por ciento del presupuesto destinado a la educación es dirigido a gasto corriente, “esto es eminentemente salarios”.

Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Modificar Ley del Banco de México

A fin de que el Banco de México determine las tasas activas y pasivas de interés, así como los plazos asociados a ellas, las comisiones, premios, descuentos u otros conceptos análogos, el diputado Pedro Vázquez González (PT) presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de dicho banco.

Asimismo pretende que esta institución financie al gobierno Federal mediante la instrumentación de un encaje legal de hasta el 19 por ciento; señaló que éste se conformará por la reserva obligatoria que la banca múltiple hará en esta institución. Se turnó a la comisión de Hacienda y Crédito público.

Modificar Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

En tanto, las diputadas María Sandra Ugalde Basaldúa, María Félicitas Parra Becerra, Rosa Adriana Díaz Lizama, Yolanda del Carmen Montalvo López, María Marcela Torres Peimbert y Gloria Romero León (PAN), presentaron una iniciativa para modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Dicha modificación busca que cuando el reclamante o quejoso pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, o se trate de una persona en condición de discapacidad que le impida oír o hablar, la asesoría u orientación a que se refiere el artículo anterior se realizará con ayuda de los intérpretes y traductores correspondientes.

Fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Seguridad social a personas de más de 65 años

El diputado Antonio Benítez Lucho (PRI), propuso reformar la Ley General de Salud y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Esto a fin de que las instituciones de seguridad social y las de atención de la población no derechohabiente a la seguridad social otorguen prestaciones de salud oportunas y de calidad, sin costo alguno, a la población de 65 años y más, valorando su condición socioeconómica y cuando no sea beneficiaria de alguna institución de seguridad social.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud y a Grupos Vulnerables.

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