• Requerimos al presidente del Instituto que lo entregue en 30 días hábiles: González de Aragón

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) que preside la diputada Esthela Damián Peralta (PRD) el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, dijo que solicitó al Instituto Federal Electoral un informe de situación excepcional respecto a la red de monitoreo y análisis, que tendría como objeto revisar el contenido de las transmisiones en los programas de radio y televisión durante el pasado proceso electoral.
De acuerdo con el propio IFE, la red de monitoreo analizaría los tiempos de transmisión, importancia de la noticia, ubicación de la nota, género periodístico, valoración de la información, recursos técnicos utilizados para presentar la información y registro de encuestas.
El auditor González de Aragón indicó a los legisladores que la ASF tomó la decisión de ejercer sus atribuciones legales para requerir al IFE dicho informe ante una denuncia recibida. “Se anexaron todos los documentos soporte, evaluamos la procedencia y tomamos la decisión de ejercer la atribución y enviamos la comunicación al presidente del IFE, requiriéndole que haga entrega del informe en un plazo de 30 días hábiles”.

Explicó que las situaciones excepcionales son aquellas en las cuales, por la denuncia presentada, se deduzca alguna de las siguientes circunstancias: un daño patrimonial que afecte a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto que resulte a cien mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.

Asimismo, por posibles actos de corrupción; por el desvio flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados; la afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía; el riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad y por el desabasto de productos de primera necesidad.

Por otra parte, la ASF informó sobre las recuperaciones a la Hacienda Pública Federal derivadas de la intervención de la Auditoría en las Cuentas Públicas de 2000 a 2007, así como del seguimiento de las observaciones y acciones emitidas.

En la reunión, los legisladores externaron sus cuestionamientos al titular de la ASF quien indicó que de 2000 a 2007 se han recuperado 35 mil 351 millones 900 mil pesos, de los cuales, 5 mil 634 millones 100 mil pesos corresponden a la Cuenta Pública de 2000; 11 mil 245 millones, 900 mil pesos, en la de 2001; 949 millones 700 mil pesos en 2003; 7 mil 216 millones 200 mil pesos en 2004; mil 867 millones 700 mil pesos en 2005; mil 934 millones en 2006 y 3 mil 766 millones 100 mil pesos en 2007.

Afirmó que cualquier peso público, esté donde esté, incluyendo particulares, es fiscalizable por la ASF y esto incluye partidos políticos y sindicatos.

“No nos vamos a meter en la parte que corresponde a su autonomía, pero si reciben recursos públicos con carácter de donativos o subsidios, son fiscalizables. Los partidos políticos en tanto que reciben recursos públicos federales son fiscalizables; no puede haber excepción alguna, en ningún sentido”.

Destacó que la ASF ha practicado 156 auditorías al rescate bancario en el periodo de 1996 a 2007. Asimismo, mencionó que el costo fiscal rebasa el billón 300 mil millones de pesos y la deuda que aún se tiene es de 700 mil millones de pesos.

Aceptó que la Auditoría Superior tiene que avanzar hacia un esquema en el que esté presente la sociedad para abatir los índices de corrupción que impera en las instituciones gubernamentales.

“La corrupción es el peor cáncer que podemos enfrentar. Lo peor es llegar al cinismo cuando ya nada se resuelve, cuando sólo se busca la componenda y la ventaja. Es un problema cultural, de calidad en la educación, de estudio y de valores éticos y morales”.

En este sentido, se pronunció por atacar a fondo los niveles de corrupción. Entre las tareas principales, dijo, está el abatir la burocracia y “tramitología”, así como la discrecionalidad.

En relación con las devoluciones de impuestos, informó que en el periodo de 2001 a 2005, se hicieron por cerca de 695 mil millones de pesos. Tan solo en 2005, dijo, hubo una devolución de cerca de 140 mil millones de pesos, 99 por ciento de lo que correspondió a ese año.

“Volvemos a hablar de uno de los problemas centrales de la situación económica que vive México, la política tributaria”.

Previamente, la Comisión de Vigilancia se reunió con el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Roberto Michel Padilla, quien presentó el resultado de su actuación en el ejercicio 2009 y su propuesta de programa de actividades para 2010.

Dijo que el presupuesto de la ASF para 2009 fue de mil 27 millones de pesos, cifra que se adicionó con recursos del PROFIS y los derechos para la fiscalización petrolera, para dar un total de mil 245.4 millones de pesos.

Informó que entre 2000 y 2007 se realizaron cuatro mil 108 observaciones-acciones derivadas de la revisión de las cuentas públicas, 36 mil 273 observaciones y 43 mil 812 acciones promovidas.

Coincidió en que las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 1999 a 2007 ascienden a 35 mil 351 millones 941 mil pesos, de los cuales 27 mil 19 millones 492 mil pesos corresponden al Poder Ejecutivo; 277 millones 429 mil pesos al Poder Judicial y al Legislativo 337.2 millones de pesos.

Por lo que hace a los órganos autónomos, fueron cuatro mil 532 millones; a instituciones públicas de educación superior, 18 mil 510 millones y ocho mil 31 millones 639 mil pesos de recursos federales transferidos a entidades federativas, municipios y delegaciones.

Explicó que como resultado de los trabajos de Evaluación, la CVASF y la UEC han formulado 360 recomendaciones por auditoras que se han practicado a la ASF desde 2004 y 176 recomendaciones derivadas del análisis del informe del resultado de la tensión de las cuentas públicas de 2002 a 2007, recomendaciones que la ASF recupera e integra en un programa anual de mejora con compromisos específicos par atenderlas.

En el marco de su presentación, Michel Padilla señaló que es necesario perfeccionar del marco jurídico de la fiscalización superior, pues a pesar de las recientes reformas constitucionales y legales, “persisten y complejidades que limitan el alcance de los instrumentos de fiscalización en el combate efectivo de la corrupción y la mejora de la calidad del gasto público”.

Propuso reorganizar a la Auditoría Superior, ya que se requiere un órgano con enfoque sectorial y funcional que garantice el uso eficiente de los recursos públicos, provea de información para evaluar, diseñar y reorientar políticas públicas, prevea contingencias y áreas de riesgo. “Con el actual esquema, por mucho que se avance, sus aportes serán marginales”, puntualizó.

Asimismo, refirió que es necesario apoyar los requerimientos presupuestales de la ASF y presentó recomendaciones para mejorar el marco jurídico en la materia; certificar procesos sustantivos de la ASF y ampliar la presencia fiscalizadora, entre otras.

Indicó que se debe considerar la fiscalización como generadora de información estratégica, certera, relevante y oportuna; además, para incidir en el mejoramiento del gasto público es indispensable disponer de datos que identifiquen fallas y los problemas en la asignación y ejercicio de los recursos.
Sobre los avances en la fiscalización superior, dijo que para mejorar este proceso es necesario, entre otras cosas, el apoyo presupuestal a la Auditoría, ampliar su presencia fiscalizadora, garantizar el principio de rendición de cuentas y la transparencia de la información.

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