A fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reasigne los recursos derivados de los subejercicios presupuestarios en los que incurren las dependencias, a los programas de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) propuso reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La propuesta que adiciona dos párrafos al artículo 7 y reforma la fracción III del artículo 77 de dicha ley, plantea que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación remita un análisis del informe de avance de gestión financiera a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública antes del 20 julio del año que corresponda, añadió.

Agregó que en caso de que en el informe exista algún subejercicio en la ejecución del gasto público, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reasignaría los recursos públicos no ejecutados a más tardar el 30 de julio del mismo año.

El legislador resaltó que el problema del subejercicio “se convierte en un lastre en momentos como los actuales, cuando apremia aplicar todo el Presupuesto público en aras de incentivar la débil economía”.

De acuerdo con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto en México se realiza de manera tardía, razón por la cual el país ocupa el lugar 28 de 30 países en tardanza en la revisión del gasto público, señaló.

El gobierno mexicano carece de habilidad para que las secretarías devuelvan los recursos económicos no empleados, es decir, que se produce de manera sistemática un subejercicio con consecuencia por demás lamentables.

El legislador consideró que la pérdida de miles de empleos en el país se atribuye, en buena medida, al retraso en la oportuna ejecución del gasto público.

“De cara al panorama económico adverso en el país, en el cual para finales del año se prevé una caída de hasta 7.5 por ciento del PIB, la pérdida de más de un millón de empleos y una contracción en el envío de remesas resulta menester implementar reformas legales que coadyuven a evitar el desperdicio de recursos públicos”, dijo. Se envió a las Comisiones de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Consejo Nacional para la Emergencia Económica

A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, se remitió la propuesta presentada por la diputada Telma Guajardo Villarreal (PRD) para expedir la Ley que crea un Consejo Nacional para la Emergencia Económica.

La legisladora explicó que su propuesta tiene el objetivo de establecer como de interés público la construcción de acuerdos para enfrentar la grave crisis económica que vive el país, los procedimientos y etapas para alcanzar tal fin, los cuales se concretarán a través de la reforma de leyes y decretos que se encuentran vigentes y la expedición de otros ordenamientos necesarios para abatir el escenario económico que estamos atravesando.

Refirió que la reforma económica debe ir a fondo en la discusión de los ingresos con la revisión integral del régimen tributario incluyendo los regímenes de excepción que favorecen mucho justamente a los más poderosos, y que las fuerzas políticas mayoritarias en esta cámara no se atrevieron a tocar.

Consideró que es imperativo revisar los egresos de la Federación y la situación amerita una reducción del gasto corriente y un aumento en el gasto de inversión productiva, el fortalecimiento al gasto social, la reducción de burocracias inútiles, la redistribución del gasto con una óptica federalizada, con eficacia y transparencia en la aplicación del presupuesto.

Resaltó que es importante fortalecer los mecanismos que vigilen estrictamente el gasto público, tales como las cuentas públicas y las auditorías que inhiban los subejercicios en la aplicación de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ciudadanía más participativa

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la propuesta del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) para reformar la Constitución Política con el objetivo de que la ciudadanía sea más participativa.

Señaló que los ciudadanos y la sociedad necesitan herramientas jurídicas para participar e incidir en las decisiones de autoridad en las etapas interelectorales, así como limitar y controlar el poder público y, de paso, enfrentar la influencia indebida y perniciosa de los poderes fácticos.

“Es prioritario definir constitucionalmente la democracia participativa y deliberativa, e incorporar a nivel nacional, de las entidades federativas y de los municipios, las figuras de democracia directa y semidirecta, que consisten en un presupuesto participativo; revocación de mandato para sustituir democrática y legalmente a los gobernantes ineficaces, ineficientes y corruptos; además de la auditoría social, entre otras.

Castigo penal a quienes realicen cirugías sin reconocimiento oficial

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud con la finalidad de evitar y responsabilizar penal y económicamente a quienes sin la formación académica ni el reconocimiento oficial ejerzan y presten servicios de salud, realicen cirugías o procedimientos no quirúrgicos que pongan en riesgo grave la salud.

Según datos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, por lo menos 15 mil personas sufren reacciones adversas de salud por haberse sometido a supuestos procedimientos estéticos para perfeccionar su figura y que derivaron en deformidades, amputaciones y pérdida de tejidos.

Ante la gravedad, es importante que sólo las personas que tengan especialidad médica registrada ante la autoridad educativa y que estén debidamente avaladas por un consejo o asociación realicen cirugías y procedimientos no quirúrgicos estéticos y cosméticos. Asimismo, es de suma importancia que todas las personas conozcan los riesgos que implican dichos procedimientos.

Por ello, propuso reformar los artículos 79, 198, 271 y 246 de la Ley General de Salud para que en el ejercicio de actividades profesionales, técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de procedimientos no quirúrgicos estéticos o cosméticos se exija la expedición legal de diplomas correspondientes para llevar a cabo dichas prácticas, así como el registro correspondiente ante las autoridades educativas competentes.

Además de penalizar la conducta de personas sin la debida acreditación como prestadores de servicios de salud. “Se pretende aplicar de cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. Se envió a la Comisión de Salud

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