El diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN), presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, a fin de hacer obligatoria la licencia sanitaria para los establecimientos donde se realicen procedimientos mediante infiltración hipodérmica, relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo.

Dijo que en México se ha registrado la proliferación de establecimientos clandestinos que ofrecen servicios estéticos de dudosa calidad, que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de la persona.

Debido a los riesgos que implican a la salud los procedimientos para el embellecimiento físico, realizados en las mal llamadas clínicas de belleza (que jurídicamente no son clínicas), es de la mayor importancia la modificación al artículo 198 del citado ordenamiento para hacer obligatorio el requisito de licencia sanitaria, subrayó.

La reforma propuesta al artículo 271 de la Ley General de Salud, plantea que los productos para adelgazar partes del cuerpo, para control de peso o desarrollar la definición o el volumen muscular, que se ofrezcan en forma de remedios naturales, sustitutos de alimentos o complementos alimenticios deberán cumplir con los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Salud para su venta, distribución, prescripción, recomendación o publicidad.

Además, prohíbe que “toda persona que no sea profesional de la medicina y que no se encuentre debidamente capacitada y certificada, prescribir o aplicar mediante infiltración hipodérmica, cualquier producto para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo”.

En la reforma al artículo 420 propone sanciones de dos mil a seis mil salarios mínimos a quien infrinja esta disposición. Se envió a la Comisión de Salud.

Fondo compensatorio del FAEB

Durante la sesión de hoy, el diputado Juan Nicolás Callejas Arrollo (PRI) presentó una iniciativa de reformas al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de crear el Fondo Compensatorio para Resarcir a las Entidades Federativas Afectadas en su presupuesto en la aplicación de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).

Propuso que para el caso de los estados con mayor rezago de desarrollo económico y social, considerando los criterios de los niveles, modalidades y variables educativas, así como el caso del grado de marginación, dispersión geográfica, migración y comunidades indígenas, se constituya dicho fondo.

Refirió que el FAEB pretendía que todos los estados recibieran incrementos de un año a otro, beneficiando con un aumento adicional a los de mayor rezago en el costo promedio por alumno, sin embargo, con las nuevas disposiciones el gasto federal en educación básica se ha vuelto regresivo, pues los estados con mayor rezago en desarrollo económico y social son los que menos se benefician.

Dicha fórmula, señaló, tiene un efecto correctivo muy lento y es probable que varios estados, en un periodo menor a 10 años, se declaren en quiebra técnica para atender los servicios educativos, en virtud de que la fórmula aplicada afecta el gasto irreductible de pago de sueldos y prestaciones al magisterio.

“El gasto educativo debe revertir su proporción respecto al PIB hasta alcanzar los niveles acordados, estableciendo modelos de asignación basados en criterios de racionalidad, eficiencia, equidad, calidad, transparencia y rendición de cuentas”. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Promover mejor ejecución de políticas de desarrollo social

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (PRI) planteó reformar los artículos 39 Y 43 de la Ley General de Desarrollo Social para establecer en cada entidad federativa la creación de una comisión de coordinación que promueva una mejor ejecución de las políticas generales de desarrollo social.

La comisión coordinadora en las entidades federativas sería presidida por ejecutivo estatal, en tanto que la comisión ejecutiva municipal sería encabezada por el presidente municipal para coordinar la ejecución de programas, añadió.

Asimismo, que los gastos de operación de la coordinación del Sistema Nacional no sean mayores de cinco por ciento de la asignación presupuestaria que corresponda a esta dependencia.

Consideró que es necesario un marco jurídico que permita establecer un sistema de instituciones, normas y leyes que regulen las acciones en el ámbito de coordinación social para una mejor implantación de los programas sociales, reduciendo con ello los gastos operativos de éstos. Se envió a la Comisión de Desarrollo Social.

Cambiar fechas para aprobar el Paquete Económico

A fin de modificar las fechas de deliberación y aprobación tanto de Ley de Ingresos como de Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en consideración solamente como caso de excepción el cambio de legislatura en Cámara de Diputados, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) presentó reformas al Artículo 74 de la Constitución y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

El documento turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública precisa que el cambio al artículo 74 de la Constitución plantea que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre. Cuando se trate del inicio de la legislatura, deberá aprobarlo a más tardar el 30 de noviembre.

Propone adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para establecer que cuando se trate del inicio de la legislatura en la Cámara de Diputados, la aprobación de la Ley de Ingresos deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre y por la Cámara de Senadores, a más tardar el 15 de noviembre.

Impuesto Sobre la Renta

Posteriormente, el diputado Luis Carlos Campos Villegas (PRI) propuso reformas al artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante la cual pide que no se pague este impuesto por la obtención de los ingresos derivados de la enajenación de los bienes inmuebles que, en un juicio laboral, se rematen y adjudiquen en favor de un trabajador.

Explicó que en ocasiones los patrones no cumplen sus obligaciones con los trabajadores, quienes acuden a los tribunales laborales para hacer cumplir al patrón; después del juicio laboral, el trabajador obtiene sentencia favorable, pero al ejecutarla, el patrón no cumple voluntariamente la obligación impuesta por laudo y se procede a embargar y rematar bienes inmuebles para pagar al trabajador.

El pago del impuesto sobre la renta corresponde al patrón demandado y vencido en juicio pero, al no liquidarlo, el trabajador se ve injustamente obligado a efectuarlo para lograr el registro de su escritura pública y acreditar plenamente la propiedad sobre el inmueble rematado y adjudicado. La propuesta se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ley General de la Juventud

Enseguida, la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara (PRI) planteó crear la Ley General de la Juventud, a fin de reconocer los derechos fundamentales de este sector y establecer políticas encaminadas a favorecer su participación activa dentro del proceso de desarrollo económico, social y político de la nación.

Señaló que es necesaria su creación pues ni en la Constitución ni en algún documento federal existe referencia específica sobre los derechos de la juventud, sólo la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el nuevo ordenamiento complementaría el esquema en esta materia.

La nueva Ley pondría en marcha políticas públicas entre el gobierno federal, estados y municipios; plantea el mínimo indispensable a considerar en cada legislación estatal para dar eficacia a los derechos fundamentales de ese sector y dar respuesta a las necesidades reales de la juventud en cada entidad federativa.

Por lo que hace a las reformas y adiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se establecen nuevas facultades, como llevar un diagnóstico preciso de la situación nacional de las y los jóvenes; abrir espacios de participación juvenil, fomentar la creación de asociaciones juveniles; coordinarse con el Instituto Nacional de las Mujeres, para implantar campañas de no discriminación por razones de género y promover y apoyar la creación de institutos y redes juveniles en las entidades federativas, entre otras.

Se envió a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

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