En reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal, el director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal José Antonio Revah Lacouture, manifestó la necesidad de atender entre 15 y 20 mil familias de bajos ingresos asentadas en 115 sitios de alto riesgo en 8 delegaciones.

El funcionario precisó ante los integrantes de este órgano legislativo, que para atender a las familias que viven en estos sitios se necesita de un presupuesto estimado de mil 100 millones de pesos.

Subrayó que entre las delegaciones con problemas de este tipo se encuentran: Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza.

Aseguró que las zonas de alto riesgo se han dividido en tres tipos: en riesgo hidrometeorológico, donde se encuentran mil 347 familias que habitan en cauces, laderas, taludes.
Riesgo estructural, que se refiere a vecindades en donde viven 6 mil 522 familias; y riesgo geológico en el cual se encuentran 866 familias, que tienen sus hogares en grietas, hundimientos o cavernas.

En este sentido destacó que la población del DF ha estabilizado su crecimiento a una tasa del 0.28 por ciento anual, en una cuenca cerrada de 1,500 km2, con un área urbanizada de 750 km2. Y con una densidad de 5,871 personas por km2; “la ciudad tiene 8.7 millones de personas con 2.2 millones de viviendas”.

Dijo que la presión poblacional implica financiar para los próximos 20 años, 1.6 millones de viviendas. Por lo que se deberán atender aproximadamente 74 mil viviendas cada año: 27 mil nuevas y 45 mil mejoramientos.

Dijo que el sistema financiero de vivienda construye casas a partir de 550 mil pesos, lo que demanda familias o personas que tengan ingresos arriba de 13 salarios mínimos, mientras que el 75 por ciento de la población, percibe ingresos menores a 10 salarios mínimos, “por lo que sólo se está atendiendo a una pequeña parte de la población”.

La presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Gabriela Cuevas Barrón señaló que durante este año han fallecido 10 personas, principalmente niños, a causa de los riesgos que se presentan en este tipo de viviendas.

“No es solamente responsabilidad del INVI buscar cómo solucionarlo, sino también es responsabilidad de las distintas esferas del gobierno y del poder Legislativo”.

Al respecto, el diputado Martín Rico Jiménez (PRI), presidente de la Comisión de Vivienda, aclaró que ésta aprobó un acuerdo para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda se gestionen 2 mil 506 millones adicionales, mientras que en el caso de FONAPO pidieron 2 mil 209 millones de pesos.

Señaló que esto permitirá incrementar el número de acciones de vivienda con subsidio que se aplica en programas de adquisición, remodelación y ampliación, así como para vivienda rural y el programa que se denomina “Tu Casa”.

“Es necesario bajo este esquema en que hemos emprendido este proyecto, que cada peso que se invierte al tema de subsidios del país ayude a un tema tan sensible como es la vivienda y principalmente a las familias de menos ingresos”.

En su intervención el subsecretario de Políticas Públicas del Gobierno del Distrito Federal, Alberto Esteva Salinas expresó su disposición para trabajar conjuntamente en los temas que convoque la comisión, “en vivienda, seguridad, transporte, a cada uno de los temas que ustedes nos pidan estaremos muy pendientes”.

Dijo que es necesario construir soluciones para políticas públicas en materia de vivienda, así como también para el desarrollo humano general de los habitantes de la Ciudad de México.

Por su parte, la diputada Silvia Pérez Ceballos (PAN) manifestó que existen alrededor de 11 mil 512 familias que viven en zonas de alto riesgo ubicadas en 74 barrancas que abarcan cerca de 200 kilómetros.

Informó que la Procuraduría Social del Distrito Federal ha señalado que alrededor de 450 unidades habitacionales presentan fallas estructurales, el 10 por ciento de los conjuntos de este tipo y en los cuales hay un poco más de 5 mil personas.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) resaltó que se necesitan compromisos verdaderos, ya que, dijo, “el discurso sin presupuesto es demagogia”.

Resolver los problemas de las familias que se encuentran en situación de alto riesgo es un asunto de responsabilidad de un Estado social, “vamos a hacer un verdadero plan de trabajo para el 2011 y a dirigir las políticas públicas de un Estado responsable”.

En tanto, el diputado Armando Corona Rivera (PRI) mencionó que muchos de los asentamientos irregulares son promovidos por gente del mismo partido que gobierna la capital.

Asimismo pidió que el INVI no se convierta en un instrumento político y electoral condicionante donde no sea equitativo con quien realmente lo necesita.

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