Con el objeto de que a las víctimas del delito u ofendidos menores de edad se les garantice una adecuada y necesaria asistencia legal, médica y psicológica especializada, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN) leyó una iniciativa que reforma los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal, a fin de evitar su “revictimización”.

Señaló que en el procedimiento actual, la duplicidad de peritajes, el obligar al niño a repetir la historia traumatizante, la falta de asesoría y atención especializada para la realización de exámenes médicos o psicológicos; el tener que presentarse a la inspección y reconstrucción de los hechos, son tan sólo ejemplos de lo que puede llegar a enfrentar a un menor y que desalienta la presentación de la denuncia.

Al mismo tiempo, agregó, se abre un amplio margen para que los agresores sigan actuando con total impunidad. “Esto es muy grave, porque recordemos que un pederasta no abusa una sola vez ni de una sola persona, además de que si no se le da la atención a las víctimas, las consecuencias pueden ser para toda la vida”.

Por estas circunstancias propuso dar asistencia legal, médica y psicológica para menores víctimas, así como seguimiento a su recuperación post traumática, limitar la publicidad de las audiencias, videograbar las audiencias en donde participen menores.

Así como otorgar la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar un delito cometido contra un menor y participar en el proceso penal, “muchas veces es la maestra en la escuela o alguna vecina quienes se dan cuenta de la agresión sexual y actualmente no tienen la estimación jurídica y, por tanto, no pueden participar en el proceso”.

Castilla Marroquín se manifestó por videograbar y tomar la declaración del menor en lugar apto, celeridad en la resolución de los asuntos, candados en la práctica de la confrontación a fin de salvaguardar la identidad y seguridad del menor, valoración de la prueba, tomando en consideración las características de los menores y su grado de desarrollo.

Las reformas, expresó, modifican el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, respecto de los delitos de índole sexual en contra de los menores de edad, a efecto de que el plazo de prescripción comience a correr a partir de que el niño o niña cumpla 18 años.

Con lo anterior, se da un margen lógico para que la víctima pueda denunciar, ya que en muchas ocasiones, cuando cobra conciencia de lo sucedido ya transcurrió el plazo de ley, dejando impune los delitos y con un gran margen de actuación a los pederastas. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Que la Comisión de Vigilancia dictamine la Cuenta Pública

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) presentó una iniciativa para que sea la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la encargada de emitir el dictamen de la Cuenta Pública, en virtud de que es ésta quien conoce y analiza el informe del resultado.

También se busca, dijo, sancionar a los legisladores que por el motivo que fuere obstaculicen la dictaminación de la Cuenta Pública. “Nos encontramos con el problema de que las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005 no han sido dictaminadas y, como si esto no fuera suficiente, no existe constancia de que a la fecha se haya emitido dictamen respecto de las Cuentas Públicas de 2006 y 2007”.

Santiago Ramírez abundó que se busca que la Comisión de Vigilancia presente a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, al Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen sobre el análisis del informe del resultado y del contenido de la misma.

Como adición a lo anterior, abundó, se propone que la denominación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se actualice a Comisión de Presupuesto, en virtud de que, quien está a cargo de la revisión de la Cuenta Pública es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Las reformas a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y Orgánica del Congreso General, así como su Reglamento para el Gobierno Interior, fueron canalizadas a las Comisiones de la Función Pública y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Cobros desproporcionados de energía eléctrica

La diputada Rosalina Mazari Espín (PRI) presentó iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para limitar los excesos de cobro sin una justificación comprobada, un promedio base legal cuando se incurra en responsabilidad del usuario y el beneficio de nulidad de pleno derecho por abuso del prestador en el cobro.

Indicó que los usuarios reciben sin justificación cobros desproporcionados de energía eléctrica en su facturación en comparación a sus consumos que en periodos anteriores e incluso anuales han pagado, con el argumento del mal estado de las instalaciones de medición y el robo supuesto del fluido eléctrico por los beneficiarios.

Ante ello, planteó que el cobro en ajustes o montos al usuario se restringirá al promedio de pago de otras facturaciones y estará sujeto a comprobación de la Comisión Federal de Electricidad antes de proceder al corte del suministro.

En casas habitación y pequeños comercios, los estimados ajustes y compensaciones por adeudos de pago por ningún motivo serán por un periodo superior a un año a partir de la notificación del requerimiento. En industrias y empresas hasta dos años.

La asignación del monto por adeudo de pago se basará en la proporcionalidad al consumo cotidiano del usuario, resultado de un promedio por estimar hasta siete facturaciones anteriormente pagadas a la Comisión Federal de Electricidad. Se remitió a la Comisión de Energía.

Modificar la Ley de Coordinación Fiscal

Los diputados Eviel Pérez Magaña y Emilio Andrés Mendoza Kaplan (PRI) presentaron una iniciativa que busca modificar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que lo recaudado por el Fondo de Compensación, se reparta entre las 10 entidades federativas que tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita, no minero y no petrolero.

Señalaron que a estos recursos se les integraría adicionalmente, uno por ciento de la Recaudación Federal Participable a que hace referencia el artículo 2 de dicha ley, “éste se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto estatal total y el Producto Interno Bruto estatal minero, incluyendo todos los rubros contenidos en él”. Fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Implantar Consejo Ciudadano

En tribuna, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) presentó una iniciativa que reforma el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, con la finalidad de establecer un consejo ciudadano menos oneroso que el considerado en el reglamento actual.

El legislador planteó que se conforme un consejo ciudadano que sea seleccionado a través de convocatoria pública y abierta a especialistas e investigadores expertos en materia de transparencia y acceso a la información pública que cuente con una estructura reducida y homologada a plazas operativas, que evite la discrecionalidad en su conformación. Fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Otorgar por ley ayuda a adultos mayores

A fin de que la ayuda económica otorgada a los adultos mayores de 70 años o más la reciban por ley y no mediante programas, el diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (PRI), leyó reformas a las leyes General de Desarrollo Social y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Señaló que este sector de la población está sujeta a decisiones del gobierno en turno y que en la mayoría de los casos se utiliza con carácter político electorero, por lo que es prioritario ampliar la cobertura con la que actualmente cuenta el programa de adultos mayores de 70 años o más, así como beneficiar a la población que se encuentre dentro de esta edad. Fue remitida a las Comisión de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables.

Que familiares puedan cobrar recursos de ex braceros muertos

La diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI) propuso reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos con el objeto de cumplir con las peticiones de los ex braceros y eliminar los vacíos que tiene dicha ley.

Mencionó que la iniciativa tiene dos vertientes; la primera busca reconocer a los concubinos como beneficiarios del fondo de ahorro social, y la segunda tiene como finalidad adicionar a la ley la declaración de ausencia o la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano, como medio probatorio para que los terceros beneficiarios puedan obtener el fondo social. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Cultura de responsabilidad social en las empresas

Para implementar una cultura de responsabilidad social en las empresas y sus organizaciones, en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente, transparencia y anticorrupción, la diputada Cora Pinedo Alonso (NA) planteó cambios a las Leyes para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

La legisladora expresó que abordar este tema desde la Cámara de Diputados es aportar un elemento motivacional que generará un ambiente más propicio para la competitividad y viabilidad de las propias empresas, ya que es generadora de compromisos y metas comunes de quienes las integran. Se mandó a la Comisión de Economía.

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