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Boletín N°. 0469 Está desarticulado nuestro marco jurídico para prevenir y sancionar la trata de personas

• Es la mayor fractura de los derechos humanos: especialistas

La trata de personas genera en México 90 millones de dólares anuales para los delincuentes; “es un delito que representa la mayor fractura de los derechos humanos” y atenta contra la seguridad del Estado, afirmaron investigadores en el foro A 20 años de la Convención de los Derechos del Niño: Saldos y retos por venir, organizado por la Comisión de Grupos Vulnerables.

Saúl Arellano Almanza, del Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social, subrayó que la aparición de las redes informáticas y el Internet dimensionaron la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Se estima que en el 2010 la trata de personas generará más ganancias que el tráfico de armas a nivel internacional con una ganancia de 32 mil millones de dólares anuales y nuestro país registra “un enorme desfase del marco jurídico e institucional, así como de la capacidad de autoridades judiciales y policiacas para prevenirla y sancionarla”, enfatizó.

Señaló que no hay estadísticas certeras sobre el número de infantes que padecen explotación sexual comercial infantil, pero que “un solo infante en esta situación debe movilizar a todas las instituciones para prevenir y evitar que otros caigan en la llamada esclavitud contemporánea”.

“A nivel mundial han crecido los sitios de Internet con pornografía infantil sin la capacidad de los Estados para regular la red. La Policía Cibernética reportó en 2005 que cada día aparecen 100 nuevos sitios relacionados con esta actividad, de estos, 10 aparecen en México. Hay más de 30 mil correos electrónicos donde circulan este tipo de materiales, advirtió.

Este foro, dijo, debe generar la conciencia de que este tipo de crímenes no sólo son peligrosos porque representan a grupos de delincuentes que crecen y se fortalecen cada día más, sino que representan la mayor fractura de los derechos humanos.

Señaló que para prevenir y sancionar este tipo de delitos nuestro marco jurídico está desarticulado, ya que once entidades no tipifican la trata de personas y de los 21 estados que sí lo hacen sólo 7 están armonizadas con el Protocolo de Palermo.

“No sólo tenemos un enorme desprotección de la niñez sino que como política del Estado, aún de manera involuntaria, estamos generando desigualdad y vulnerabilidad desde el propio marco jurídico”, advirtió.

Al respecto, Gabriel García Colorado, presidente de la Asociación Bioética y Derechos Humanos, manifestó que el 65 por ciento de los niños en situación de calle son envueltos, de una u otra forma, en actividades de explotación sexual y victimizados por toda la población.

Reconoció que la delincuencia organizada ha creado un sistema económico clandestino que genera ingresos superiores al Producto Interno Bruto de muchas naciones.

Lo anterior porque se ha apoyado en el comercio ilícito de armas, lavado de dinero, prostitución, trata de personas y la explotación sexual de menores de edad; estas últimas actividades ya se convirtieron en la segunda fuente de ingresos de la delincuencia organizada, reiteró.

En la mesa “Explotación sexual comercial y trata de personas”, mencionó que estos grupos delincuenciales requieren de lugares y negocios donde puedan lavar una “inmensa cantidad de dinero ilícito”, cuentan con tecnología de última generación, personal especializado, acceso a información privilegiada y capacidad económica que rebasa al Gobierno.

La industria turística es utilizada por mafias que implantan ofertas o paquetes que incluyen el turismo sexual infantil, “en diversos sitios de Internet se anuncian viajes organizados de forma individual o grupal que incluyen en sus servicios la posibilidad de tener relaciones sexuales con menores de edad”, ejemplificó.

Advirtió que la crisis económica ha provocado que un creciente número de niños y niñas no sólo tengan que sumarse a las actividades laborales, sino que una parte de ellos caigan en las redes de la industria de explotación sexual y la trata de personas.

Las estrategias de carácter preventivo que se tienen que implementar deben ser de carácter social, educativo, cultural, laboral y familiar, dijo.

Por su parte, Ricardo Camacho Sanciprián, director médico de la Fundación Gonzalo Río Arronte, dijo que en los últimos años no hay cambios radicales en la defensa, promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

“Si leyéramos los derechos de los niños sería como describir un mundo color de rosa porque las instituciones propician que las cosas no se hagan correctamente”, denunció.

Hay instituciones que sí funcionan como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en estados y municipios que evitan que los infantes sean presas de la explotación sexual, pero en el caso de los que se encuentran en situación de calle, a los que se les violan todas sus garantías, casi no existen.
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