•Analizan especialistas e investigadores la realidad actual de la niñez más vulnerable

En el marco de la conmemoración de los “20 años de la Convención de los Derechos del niño", investigadores, instituciones internacionales y sociedad civil se pronunciaron por revisar el marco legal mexicano para hacerlo compatible con los principios de la Convención.

Así como crear una estrategia nacional para la reingeniería de la protección de los derechos de la infancia; un sistema nacional de información y monitoreo de los mismos, y la asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa.

Se manifestaron por apoyar a los niños jornaleros agrícolas y los indígenas; poner mayor atención a los efectos irreversibles del trabajo infantil, y fortalecer la red de información para la protección de los infantes migrantes no acompañados.

En la Mesa “La niñez mexicana a 20 años de la Convención”, Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C. dijo que en México seis de cada diez niños viven en pobreza, tres de cada diez se encuentran en la pobreza alimentaria; treinta mil menores mueren al año, el diez por ciento de ellos por deficiencias nutricionales.

Añadió que de acuerdo a cifras oficiales, actualmente tres millones 700 mil niños se encuentran en condición de trabajo, muchos en circunstancias de explotación sexual y laboral, y un número mayor son jornaleros.

Hoy en día, precisó, el porcentaje de menores fallecidos por causas relacionadas a la violencia se han incrementado, por lo que cuatro de cada diez muertes en la adolescencia son por violencia.

Pidió incorporar nuevas legislaciones internacionales para tener una estructura que promueva jurídicamente el interés superior del niño y calificó como fundamental enfrentar los desafíos en el andamiaje constitucional.

Se pronunció por impulsar la reintegración social de los niños y adolescentes que han sufrido procesos de fractura, maltrato, abuso y explotación e incorporar a especialistas de todas las áreas para la restauración de los daños sufridos por un infante víctima del maltrato, explotación, abuso, prostitución.

Carla Gallo Campos, Oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia de Oficina de UNICEF México, señaló que antes de la Convención, las niñas y los niños eran vistos como personas no protagonistas de sus derechos y ni sujetos de los mismos, pero hoy en día el panorama es muy distinto.

Puntualizó que en un informe de la UNICEF se reconoce que a pesar de que en los noventas hubo crisis económica y hoy en día vuelve otra, ha habido progresos en materia de supervivencia infantil, en atención a la salud, en cobertura educativa y creación de normas.

De acuerdo con las últimas estimaciones internacionales, agregó, la tasa de mortalidad de los menores de cinco años ha descendido en una tercera parte y la matriculación neta de escuela primaria y la vacunación periódica superan el 97 por ciento.

Indicó que los desafíos de la situación especial de la infancia son: se deben abordar las desigualdades que impiden a las niñas y niños de comunidades pobres y marginadas disfrutar a sus derechos; crear sistemas de protección de derechos de la infancia a nivel local y nacional y mantener los avances alcanzados.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Gerardo Sauri Suárez, señaló que la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe de ser general y permitir homologar las leyes estatales y crear un cuerpo transversal básico y eso también se debe hacer con la Ley de Justicia de Adolescentes.

Consideró que el sistema de protección de los derechos de la infancia debe de ser una reforma legal administrativa y vista como un conjunto de estructuras y políticas públicas que contemple como aspectos básicos el Consejo Nacional de Protección y Promoción de los derechos de la infancia.

“Cuando en un gobierno a nivel local, estatal o federal violan los derechos de la infancia las procuradurías no pueden ser defensores de los derechos del niño y además ser pagadas por la nómina del gobierno que violó los derechos del niño”, dijo.

Enfatizó que se requiere de un sistema nacional de información y monitoreo de los derechos de la infancia de la mayor parte de la población más discriminada. “Si no producimos información para todos estos problemas, cómo pensamos promover políticas públicas”, finalizó.

En la Mesa denominada “Infancia Vulnerada”, el coordinador académico de la Fundación Este País, Roberto Castellanos Cereceda refirió que hasta 2007, en México existían 3.6 millones de niñas y niños, entre los cinco y 17 años de edad, que realizan trabajo infantil, pero dada la crisis, es previsible que estos datos aumenten.

El trabajo infantil, abundó, se concentra en el sector agrícola y agropecuario, por lo que se requieren de una mayor atención y esfuerzos para resolver la problemática de explotación laboral que afecta a los niños de entre los 12 a 17 años de edad.

“Si bien, el sector agrícola es el más frágil y dramático, tampoco se encuentra lejos el de servicios, de comercio y el manufacturero; ahí está el 90 por ciento de todos los niños que trabajan entre 12 y 17 años de edad; son por tanto los sectores en los que hay que concentrar las acciones para mejorar la capacidad de regulación, vigilancia y sanciones; tratar de erradicar el trabajo infantil y regular aquel que sí está permitido por la ley”.
Otro trabajo infantil, abundó, es el que tienen los niños de la calle o trabajo urbano marginal. “Es el más visible pero las cifras no son puntuales, estamos hablando del sector menos numeroso de niños que trabajan”.

“El reto es importante, pero mayormente en estos momentos de crisis económica, porque se afecta especialmente a los niños, ya que el mayor trabajo infantil muestra que se debe poner más atención en los efectos irreversibles de la misma en la población”, afirmó.

A su vez, la directora de la Fundación Porvenir A.C, Xóchitl Gálvez Ruiz puntualizó que la situación de los niños jornaleros agrícolas es más grave que la vida de los menores indígenas que permanecen en su comunidad.

Indicó que sólo el diez por ciento de los niños jornaleros estudia; la mayoría no tiene contrato y prestaciones a pesar de que trabajan como adultos; “sus muertes ya no sorprenden y sus lesiones ya no asustan”.

En cuanto a los niños indígenas, refirió que de acuerdo a la UNICEF muchos dejan de ir a la escuela porque tienen que trabajar, y que el INEGI detalló que el 36 por ciento de los menores entre seis y 14 años tienen alguna actividad productiva, y que la mortalidad de los menores de cinco años representa casi el doble del promedio nacional, es decir 48 menores por cada mil nacimientos, contra 25 muertes por cada mil nacimientos en otras partes del país.

“Me parece que la situación de infantes indígenas en el país sigue siendo grave y alarmante; nacer en una comunidad indígena implica tener un promedio de vida de 55 años de edad, 22 años menos de una persona que nace en Garza García, Nuevo León”.
En su oportunidad, la presidenta ejecutiva de la Fundación del Empresariado en México (Fundemex), Martha Smith de Rangel destacó que el problema de los niños migrantes ha llegado a tener una preocupante dimensión. “Creo que la problemática debe situarse como uno de los temas de más alta prioridad en la agenda de los derechos humanos de la infancia”.

Añadió que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) contabiliza en la atención que se da a los menores, en la red de albergues en la frontera norte reporta en 2004, diez mil 920 niños; en 2005, 18 mil 315, y en 2006, 20 mil 878. En la frontera sur: en 2007 ingresaron cinco mil 983 menores.

Martha Smith puntualizó que es necesario fortalecer la red de información para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como las medidas preventivas en las comunidades de mayor expulsión y estructuras de recepción y atención en las comunidades de origen.

Se pronunció por iniciar campañas de difusión y promoción de los derechos de la niñez y medidas de seguridad; un diplomado sobre la infancia migrante y la creación del centro de asistencia a niñas, niños y jóvenes en la frontera sur.

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