Durante la Mesa 5, Educación y Desigualdades Estructurales, en el foro nacional “A 20 años de la Convención de los Derechos del Niño: saldos y retos por venir”, el subsecretario de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Miguel Székely Pardo, aseveró que es en el primer año de bachillerato donde se registra el promedio más alto de deserción, “del 40 por ciento”.

“Hace 17 años, la cobertura de la educación media superior en jóvenes de 15 a 18 años era del 36 por ciento; mientras que para 2008, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares, es del 63 por ciento, no obstante sigue siendo insuficiente”.

Externó que a través de programas específicos se ha logrado reforzar el acceso a la educación media superior de grupos con bajo nivel económico, “mediante estos proyectos se garantiza el acceso a personas que habían estado excluidas por décadas del sistema educativo, solamente llegaban los apoyos hasta secundaria”.

Nuestro país ya puede decir, continuó, que también cuenta con una oferta para el acceso de los jóvenes con discapacidad al nivel medio superior. Todavía falta mucho, pero sí se ha avanzado de manera importante.

Székely Pardo abundó que en 2007 se impulsó un programa de becas para educación media superior dirigido a los jóvenes de 15 a 18 años con menor nivel socioeconómico; “es un programa que ha ido creciendo con el tiempo”.

Hoy por hoy, agregó, da apoyo a 300 mil jóvenes; aunado a las becas del programa Oportunidades, que también está dirigido a este sector de la población, ya implica una cobertura de más de un millón de alumnos beneficiados.

“Actualmente, uno de cada tres jóvenes que asiste a planteles de educación media superior pública en el país cuenta con una beca y éstas tienen como propósito apoyar su economía, a fin de que no dejen la escuela”, sentenció.

En su participación, el doctor Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de educación media superior, dijo que existe relación entre la desigualdad educativa con los factores estructurales de la desigualdad económica, social y cultural.

Precisó que en México se ha seguido a lo largo de los últimos 30 años políticas apuntadas a combatir la desigualdad en el acceso a la escuela a comunidades rezagadas, con programas compensatorios como lo es el Consejo Nacional de Fomento Educativo y Oportunidades.

Explicó que se tiene una grave desatención en las escuelas a los grupos más vulnerables, ya que no se han adaptado a la gente con capacidades diferentes; hay una crisis en materia de política educativa en atención a grupos con mayor vulnerabilidad.

Urgió a atender la eficacia y la funcionalidad de las escuelas, ya que de lo contrario no se resolverá el problema del aprendizaje; en México, principalmente a las poblaciones infantiles con discapacidad y grupos del sector rural como lo son los indígenas.

Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de la Fundación Ririki Intervención Social, señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, 3.6 millones de niños entre los 6 y los 17 años trabajan en nuestro país, lo que equivale al 10 por ciento de la población.

Señaló que se debe pensar que se están creando generaciones de niños y niñas y adolescentes sin las competencias necesarias para tener un trabajo digno, donde es mejor dedicarse a la informalidad, “el último dato, 12 millones de mexicanos en la informalidad”.

Refirió que está pendiente la reforma de preescolar, el problema es hacer exámenes y porque ese espacio que era de socialización, incorporación, juego, se está volviendo una cosa terrible para los maestros.

“Ya se tienen escuelas que desactivan y desapasionan por el conocimiento y por la cantidad de cosas que se aprenden más allá que la información, en el ámbito escolar desde niños de 4 años de edad y creo que eso es preocupante”, enfatizó.

Mencionó que en la población infantil migrante, los jornaleros agrícolas, se calcula entre 500 mil y 700 mil, es decir entre el 40 y 70 por ciento del rezago educativo a nivel nacional en educación básica, “el 25 por ciento de estos niños entre los 5 y 14 años jamás han ido a la escuela y se calcula que son entre 40 y 60 por ciento son población hablante indígena”.

Finalizó que el derecho a la educación, visto desde la Convención de los Derechos del Niño es un derecho a aprender no nada más a acceder.

Mesa sobre discapacidad

Amalia Gamio Ríos, titular del Programa de Discapacidad del IMSS, dijo que de acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, la tercera parte de la población piensa que la enseñanza disminuye en las escuelas donde hay muchos niños con discapacidad; que es preferible dar trabajo a las personas sin discapacidad, y que más del 28 por ciento no adoptaría un niño con discapacidad.

Enfatizó que las niñas y los niños con discapacidad requieren que el Estado se haga cargo de que sus derechos no están siendo violados; son discriminados por ser invisibilizados y en su atención persiste el enfoque de caridad y no el de derechos e igualdad de oportunidades.
“Cuántos intérpretes de lengua de señas existen en las escuelas, cuántos niños ciegos están asistiendo a las escuelas regulares, cuántas soluciones administrativas se aplican. Entonces, si no hay accesibilidad, los niños no pueden asistir a la escuela, al parque, transporte público, es decir el entorno es hostil para esos niños con discapacidad”, dijo.

Subrayó que existe un fuerte vínculo entre pobreza y discapacidad, la pobreza puede provocar discapacidad debido a las precarias condiciones de vida, de higiene, insuficiente atención a la salud, mal nutrición, falta de acceso a la educación, al empleo. La discapacidad, agregó, lleva a la pobreza cuando las personas se ven excluidas de participar en actividades sociales y económicas.

Puntualizó que se debe cumplir con la armonización legislativa, “no sólo las leyes específicas y no sólo en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, todas las comisiones tienen que estar involucradas para armonizar las respectivas leyes”.

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