El diputado Óscar González Yáñez (PT) propuso reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil de facturar a los usuarios el tiempo-aire efectivo de llamada.

Durante la sesión de hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que actualmente estas compañías facturan con un sistema de redondeo, con el cual un usuario que hace seis llamadas cada una con duración de 1 minuto con 1 segundo, la compañía le cobrará 12 minutos, “poco más del doble del tiempo que efectivamente hizo uso del servicio. De esta forma las compañías celulares obtienen una ganancia por minuto de 100 por ciento”.

Añadió que esto pone en situación de desventaja e inseguridad jurídica al consumidor, porque la forma de medición y de facturación no es plenamente conocida por el usuario al momento de adquirir y usar un teléfono celular.

Destacó la importancia de rectificar esta situación mediante la reforma a la Ley Federal Telecomunicaciones, para obligar a las compañías concesionarias de la telefonía local móvil a facturar por tiempo efectivo de llamada, eliminando con ello el sistema de redondeo.

Subrayó que esta reforma no es lesiva para el sano desarrollo del sector de la telefonía celular y las empresas que participan en el mismo, “por el contrario, propiciará el crecimiento del sector, porque el usuario al recibir una facturación apegada al tiempo-aire efectivo, podrá incrementar su consumo”. Se remitió a la Comisión de Comunicaciones.

Piden crear Ley General de la Juventud

El diputado Francisco Ramos Montaño (PRI) presentó una iniciativa que expide la Ley General de la Juventud, cuyo objeto es el establecimiento de un marco normativo que impulse el desarrollo integral de los jóvenes, personal, familiar, ambiental, económico, social, educativo, político y cultural, como sujetos de derecho, así como su incorporación en las políticas públicas de participación libre, solidaria y eficaz en el desarrollo de la sociedad nacional e internacional.

En el documento se indica que es momento de generar nuevas condiciones que permitan a este sector centrar sus expectativas en mejores oportunidades de calidad vida, combatiendo desigualdades y vulnerabilidad en que se encuentran muchos de ellos ante factores como pobreza, marginación, discapacidad, apatía, abandono y falta de sensibilidad social. Se remitió a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señala que, según el Consejo Nacional de Población (Conapo) los jóvenes en México de entre 15 y 29 años representan el 27.3 por ciento de la población total, lo que significa el 29.1 millones de personas y de este universo, aproximadamente 15 millones son jóvenes que viven en condiciones de pobreza.

El promedio de escolaridad de este sector es apenas de 9 años, lo que quiere decir que sólo cuentan con la educación primaria y secundaria. Comparativamente la brecha es mayor entre las zonas urbanas y rurales, ya que se estima que en estas zonas los jóvenes de entre 15 y 19 años en desventaja de recursos económicos sólo asiste el 40 por ciento a la escuela, además de estimar que cada año más de 200 mil jóvenes emigran del país en la búsqueda de cambiar y mejorar su condición de vida.

Reducir tiempo de integración de comisiones

Enseguida, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el tiempo de constitución de las comisiones ordinarias y aprovechar al máximo el periodo de trabajo de las mismas.

Argumentó que “los tiempos legislativos cortos” obligan a tener sesiones muy largas de trabajos apresurados, además de acortar la posibilidad de realizar un análisis más a fondo de las propuestas recibidas.

Sugirió establecer que las comisiones ordinarias se constituyen durante los primeros quince días de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la inclusión a las comisiones jurisdiccional y las de investigación. Se remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Energías renovables

El diputado Juan José Guerra Abud (PVEM), propuso aumentar la participación de las fuentes renovables y crear un escenario de certidumbre en la generación de electricidad, reduciendo el consumo de los combustibles fósiles, de la meta gubernamental del 71 por ciento en 2012 al 65 por ciento en 2015, al 60 por ciento en 2020 y al 50 por ciento en 2025.

A través de una iniciativa busca reformar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética a efecto de incrementar la eficiencia en el uso de la energía y el máximo aprovechamiento de las energías renovables.

“México no se puede retrasar en el proceso de transformación que lo conduzca a una economía de bajo carbono con alta eficiencia en el uso de la energía y mínima dependencia en los combustibles fósiles”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Energía.

Laicidad

En su oportunidad el diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez (PRD) presentó reformas los artículos 4°, 5°, 24, 40, 115 y 130 de la Constitución a fin de hacer explícito el concepto de laicidad que certifique las libertades de pensamiento, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, religión o convicciones, que el Estado debe garantizar.

“La laicidad es necesaria para la pluralidad de formas de vida que conviven, como familias, bajo un mismo principio de igualdad y no discriminación, precisamente porque permite la diversidad de convicciones y pensamientos”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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