Con el propósito de sustituir el concepto de turista por el de no migrante, para fomentar el gasto de los visitantes extranjeros a través de la devolución del IVA, el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Explicó que la actual redacción es discriminatoria, debido a que deja fuera del beneficio de la devolución de este impuesto a una buena parte de las personas que visitan nuestro país, como son: hombres de negocios (Visitantes), así como los pasajeros de cruceros (Visitantes locales) los cuales son considerados con calidades migratorias diferentes a la de turistas.

Con la modificación se pretende incentivar la derrama económica por parte de quienes se internan en el territorio nacional, a fin de incrementar el número de personas no inmigrantes que se benefician con la disposición, lo que significará un mayor número de compradores.

Refirió que mientras un visitante extranjero a Cancún que retorna por vía aérea, sí tiene derecho a la devolución del IVA correspondientes a las mercancías que adquiere y se lleva consigo de regreso al salir del país; otro, que visite esta ciudad arribando en un crucero, aunque retorne por vía marítima no tiene ese derecho, porque no tiene la calidad migratoria de turista sino de visitante local, por ello con la categoría no inmigrante ambos podrían acceder a la devolución del impuesto.

Agregó que además se tendría un esquema más competitivo con la gran cantidad de países que ya cuentan con un sistema semejante de devolución impositiva, como procedimiento de los Estados nacionales para incentivar su desarrollo económico, sustentado en el turismo.

“Al ser condición necesaria la presentación de la documentación fiscal correspondiente, para efectos de llevar a cabo la devolución, se incrementaría la regularización de quienes actúan dentro de la informalidad”. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Individualizar sanciones a servidores públicos

La diputada Esthela Damián Peralta (PRD) dio a conocer una iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de individualizar la temporalidad de cualquier sanción, según la gravedad de la infracción, las circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico, los antecedentes y la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del infractor.

Dicha modificación se plantea en virtud de que los más altos tribunales de la nación se han pronunciado en el sentido de que el artículo 37 viola el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, toda vez que se impone al servidor público una multa de 15 días naturales en el caso de omisión en la presentación de la declaración inicial y para la declaración de conclusión del cargo la inhabilitación por un año. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

Cambiar concepto para eliminar discriminación

A la Comisión de Seguridad Social se envió la iniciativa, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari (NA), que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para cambiar la expresión "defecto físico o psíquico", por "discapacidad física o psíquica", de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado.

De esa forma, se posibilita que mediante dicha institución 2.8 millones de asegurados y pensionados, incluidos sus familiares, tengan acceso a los servicios médicos y no sean objeto de discriminación en materia de salud.

Que la Secretaría de la Función Pública informe sobre adquisiciones

También del diputado Jorge Kahwagi Macari, se turnó a la Comisión de la Función Pública la iniciativa que busca reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de que la Secretaría de la Función Pública proporcione los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal entregue información sobre la evolución de las compras consolidadas al Congreso de la Unión.

Dicha reforma también pretende apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo mediante la promoción de contratos marco con previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y entidades para que éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la suscripción de contratos específicos.

Dar mayores recursos a los municipios

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (PRI) presentó una iniciativa que busca cambiar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que el Fondo General de Participaciones se constituya con el 25 por ciento de la recaudación federal participable y que al menos una cuarta parte de este porcentaje sea destinado, por las legislaturas locales, a los municipios.

Subrayó que el objetivo principal de esta propuesta es la descentralización política y económica, entendida como la transferencia de atribuciones y responsabilidades a los gobiernos locales y municipales.

Señaló que la realidad de las entidades federativas y de sus municipios es diversa, “pero les caracteriza la insuficiencia de recursos públicos y la descentralización es clave en la vida política y económica de nuestro país”. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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